Los magistrados del Supremo no consideran delito que un juez pida y cobre dinero a uno de los litigantes en un pleito para favorecerle

El juez Francisco Javier de Urquía pidió dinero al cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, "a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales". Fue condenado por un delito de prevaricación a dos años de prisión y siete años de inhabilitación para ejercer como juez.

Ahora, este juez ha sido absuelto de ese delito por el Tribunal Supremo, que ha anulado la anterior condena del TSJ de Andalucía y ha dejado el castigo, por cohecho, en una multa equivalente al dinero que percibió (73.800 euros, con lo que se queda como estaba antes de delinquir) y a una pena de inhabilitación de 21 meses, que se acaban de cumplir desde que fue apartado de sus funciones. Vamos, que podemos encontrárnoslo cualquier día otra vez impartiendo justicia.

Para otorgar tan leve castigo a su colega, los magistrados del Supremo se la han cogido, como suele decirse, con papel de fumar. Porque tras considerar probado que Urquía no sólo aceptó sino que fue él quien pidió el dinero a Roca a cambio del trato de favor, y tras relatar en la sentencia las prisas y los atajos que tomó el juez para favorecer a Roca en un litigio, concluyen que no prevaricó porque rebuscando en no sé qué leyes y jurisprudencias resulta que sus resoluciones arbitrarias para limitar un derecho fundamental al otro litigante podrían hasta ser legales. Y que aunque cometió cohecho, tampoco fue tan grave, por lo que en lugar de delito lo dejan en falta.

Con tales argumentos, si mañana se descubriera que los cinco magistrados del Tribunal Supremo que firman la sentencia han cobrado de Urquía a cambio de rebajar su condena, el castigo para ellos sería similar, una multa y unos cuantos meses de inhabilitación.