Cuelgo aquí el auto de Baltasar Garzón sobre el presunto caso de corrupción que afecta a alcaldes y otros cargos del Partido Popular, en el que ordena prisión incondicional para los tres principales implicados. Por lo que cuenta, parece que hay bastantes pruebas de la presunta corrupción en la adjudicación de contratos públicos, pero luego eso hay que probarlo, porque las leyes españolas dan bastante margen a los gobernantes para mangonear en las adjudicaciones sin caer en la ilegalidad.
Cuando trabajaba en prensa económica (ahora también, pero menos) me contaban casos escandalosos de acuerdos entre políticos y empresas que luego se hacían pasar por concurso para darle apariencia de legalidad. El problema es probarlo, porque son acuerdos verbales y los papeles son legales.
jueves, 12 de febrero de 2009
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