El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad dar por no anunciada la huelga de jueces prevista para el 18 de febrero al entender que esta convocatoria no tiene cobertura legal. Puesto que considera no anunciada la huelga, tampoco establece servicios mínimos.
Ya dije aquí que a mí sí me parece que los jueces tienen derecho a la huelga (otra cosa es que sea acertada su convocatoria), opinión que mantengo. Aquí están los argumentos del CGPJ para considerar ilegal la huelga.
lunes, 9 de febrero de 2009
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Javier, entonces al final hay huelga o no hay huelga¿? Porque esto es un lío. Yo el 18 de febrero tengo un juicio y sigo sin saber qué va a pasar.
ResponderEliminarPor cierto, yo no conozco demasiado bien los entresijos de la convocatoria, pero, aunque esta huelga concreta me perjudique, yo también considero que los jueces tienen todo el derecho del mundo a ir a la huelga (y esta negativa del CGPJ parece que no hará más que tensar aún más la cuerda).
Me temo que haya o no huelga, tendrás que ir a la hora que estás citado, porque no sabes si el juez que te toca se apunta a la huelga o si está en los servicios mínimos que los jueces dicen que van a fijar ellos mismos si el CGPJ no lo hace. Lo lógico es que los servicios mínimos sean para casos penales graves, que impliquen privación de libertad.
ResponderEliminarA mí me parece que la huelga no es oportuna, tal como están las cosas y dado que el Ministerio se ha sentado a dialogar, pero la Constitución les da ese derecho y no hay ninguna ley que se lo impida, como sí les impide otros derechos fundamentales como el de sindicación.
Bueno, mi juicio es por mi despido, con lo que no creo que esté dentro de los servicios mínimos, pero, obviamente, allí tendré que estar. En fin, a ver cómo acaba la cosa.
ResponderEliminarGracias! Un saludo!
REBELIÓN E IMPUNIDAD JUDICIAL. Esta demostración de fuerza por parte de algunos jueces constituye un intento desesperado para impedir lo inevitable. Todos los sectores sociales coinciden en la necesidad de hacer a los jueces responsables de sus actos, poniendo fin a la actual situación de impunidad. Por tanto, el Parlamento debe legislar la posibilidad de suspender la inamovilidad cuando venga justificado por razones de orden público o interés social, y depurar a los Jueces y Magistrados que pretendan situarse por encima de la ley.
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