El proyecto de endurecimiento del Código Penal para determinados delitos, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros, vuelve a ser tibio con una de las grandes lacras de la sociedad española: la corrupción. El proyecto apenas aprueba elevar de dos a tres años el mínimo de condena por cohecho y amplía la responsabilidad de los políticos y funcionarios en los delitos urbanísticos.
El resultado es que casi todos los corruptos están en la calle y la sociedad no percibe ese tipo de delincuencia como un delito grave. Más aún si a los pocos que condenan a prisión la administración penitenciaria les concede un tercer grado extraordinario para que salgan rápidamente, como ha ocurrido con el juez Estivill o como pasó en su día con el ex alcalde y ex consejero Luis Fernando Cartagena. Ser corrupto en España sigue saliendo casi gratis.
lunes, 17 de noviembre de 2008
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