Tabacalera, un pelotazo que siempre olió muy mal

El Ayuntamiento de Valencia decidió hace algunos años adquirir la antigua fábrica de Tabacalera y decidió hacerlo mediante una permuta del inmueble, recién adquirido por un empresario local, con un edificio municipal situado en uno de los mejores puntos de Valencia, en la plaza de América, frente al jardín del Turia. El asunto olió mal desde el principio y fue apestando a medida que conocíamos detalles de la operación. Sobre todo, porque se renunció a subastar el valioso inmueble municipal, con lo que se habría obtenido dinero suficiente para comprar tres tabacaleras.

El PSPV-PSOE, con su portavoz municipal, Carmen Alborch, a la cabeza, ha denunciado ahora ante la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento que preside Rita Barberá por un presunto delito de prevaricación. Es interesante leer la denuncia, que enlazo aquí (.pdf), porque relata cómo fueron sucediendo los hechos y cómo el empresario acabó teniendo un beneficio de 100 millones de euros, según cálculos documentados de los denunciantes. Por si no tienes tiempo o no te apetece, he aquí una enumeración de los hechos:

1999: Altadis traslada la producción y cierra la fábrica de Tabacalera. (en la foto, la fábrica antes de los derribos)

2001: El Ayuntamiento, por unanimidad, decide intentar adquirir el edificio, que éste mantenga su protección y que no tenga en ningún caso un uso residencial, sino administrativo.

2002: El Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura deciden otorgar al edificio de Tabacalera la máxima protección prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la de Bien de Interés Cultural (BIC).

2002: Seis días después del acuerdo para declararlo BIC, la empresa Inmobiliaria Guadalmedina (IGSA), del Grupo Ballester, compra a Altadis el 49% del edificio por 7,9 millones de euros. La Generalitat paraliza el expediente de declaración de BIC. Cinco meses después, IGSA solicita la permuta de la parte central del edificio y el derribo de las naves laterales y traseras para construir viviendas.

2005: la alcaldesa, Rita Barberá, firma el acuerdo de PERMUTA en los términos solicitados por IGSA y se compromete a rebajar la protección del edificio, derribar parte del mismo, permitir a IGSA construir viviendas en los solares resultantes y permutar la parte central de la antigua fábrica por el edificio municipal de la plaza de América. (en la segunda foto, figuración de cómo quedará el edificio con los bloques residenciales detrás)

• En la permuta, para valorar el edificio del Ayuntamiento se utiliza un informe municipal, sin tasación independiente, que fija el precio en 4.173 euros por metro cuadrado. (en la tercera foto, el inmueble municipal que ya está siendo derribado)
  
• Pocos meses después, la Generalitat subasta un edificio situado a 70 metros de distancia pero en segunda línea respecto al jardín del Turia, el de los antiguos juzgados. Alcanza un precio de 7.134 euros por metro cuadrado.

2006: la Generalitat y el Ayuntamiento descatalogan el edificio, recalifican el inmueble y autorizan el derribo de las naves traseras y laterales. Unas semanas después, IGSA adquiere el 51% restante a Altadis por 52 millones de euros.

2007: La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Cultura se pronuncian contra el derribo. Las naves se derriban.

El hedor que desprende la operación urbanística de marras intentan aventarlo con la imagen de lo bonito que ha quedado el nuevo edificio municipal en Tabacalera (45 millones de euros ha costado la reforma). Le toca hablar a la Justicia. Delito o no, para éste que paga sus impuestos en Valencia es una vergüenza.

Cuando el coche no deja ver el bosque

Es sintomático que los proyectos urbanísticos de la ciudad de Valencia, sea la remodelación de una avenida o la construcción un nuevo puente sobre el antiguo cauce del Turia, los presente el concejal de Tráfico y no el concejal de Urbanismo. Y pasan cosas como que el concejal de Tráfico se olvidara en su día de incluir un carril bici en la remodelación de la avenida del Puerto, aunque rectificó a tiempo ante las protestas y bicifestaciones.

Consecuente con esa política, el concejal de Tráfico y el director general de Transportes de la Generalitat presentaron el otro día un proyecto de autobús eléctrico que atravesará el Parc Natural de L'Albufera hasta la pedanía de El Palmar. Ningún responsable de medio ambiente municipal o autonómico ni del Parque Natural estuvieron para explicar cómo el nuevo carril bus afectará al paraje protegido. Porque cualquiera que pase por allí comprobará que es físicamente imposible ampliar la carretera sin arrasar zona verde, en muchos casos boscosa con pinos de 50 años. Como ejemplo, la foto de Fernando Bustamante (Levante) que acompaña este post.

Todo ello a pocos meses de que se inaugure la autovía Sueca-Sollana que permitirá a quienes vengan de Cullera, los marenys e incluso El Perelló ir a Valencia por autovía por el otro lado de La Albufera. Esto debería redundar en una disminución del tráfico en la carretera de El Saler, si no fuera porque el Ayuntamiento de Valencia continúa ampliando licencias y PAIs para construir más apartamentos en El Perellonet. Lo único esperanzador del absurdo proyecto de bus eléctrico es que no tiene fecha. Si cuando ponen fecha no la cumplen...

Construir dos edificios donde iba un cámping no es delito, es un asunto administrativo

La Audiencia de Castellón ha estimado que no existe delito alguno en la construcción de dos edificios con más de 400 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a un cámping en Oropesa del Mar, según ha publicado El País. Estaban acusados de prevaricación el alcalde, tres concejales y el arquitecto municipal.

Según esta información, la aprobación de este proyecto contaba con tres informes desfavorables y uno, el del arquitecto imputado, favorable. El tribunal afirma que "sólo puede ser castigado como autor de un delito de prevaricación la autoridad o funcionario que conozca con clara seguridad la ilegalidad de la resolución", y que en este caso los informes desfavorables no eran vinculantes. La Audiencia concluye que es un asunto administrativo, ya que "el derecho penal solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad".

En resumen, el alcalde y los concejales tenían indicios (tres informes) de que construir dos edificios en un lugar reservado para un cámping es ilegal, pero no cometieron delito al no conocer "con clara seguridad" la ilegalidad de su resolución, puesto que se fiaron del informe favorable del arquitecto municipal, acusado también de prevaricación.

No entiendo cómo hay tanto alcalde, concejal e incluso arquitecto pringado en los tribunales por delitos urbanísticos, con lo fácil que es cometer un error en lugar de un delito. Sólo hay que seguir estos pasos: el arquitecto redacta el informe favorable, el alcalde y los concejales firman la ilegalidad y el tribunal la bendice.

La anciana que frenó un plan urbanístico fallece cuatro meses después de ser desalojada

La anciana de 84 años que junto a su esposo de 90 logró parar en primera instancia el derribo de su vivienda para hacer una avenida en Murcia ha fallecido de pena cuatro meses después de ser desalojada, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia revocó la primera sentencia por el "perjuicio al interés general" que decía que causaban, aunque admitía que que "el abandono de su vivienda puede ocasionar perjuicios" a la pareja. Ellos sólo pedían que se les realojara en una casa similar en la huerta y no en un piso, pero ni a eso accedió el TSJ, que les hizo pagar las costas del juicio. El derecho urbanístico está lleno de sentencias desalmadas que sólo hablan de metros cuadrados, ladrillos, cemento y del interés general. Ésta es una más.