Querido acreedor de la Generalitat valenciana: Hoy puedes cobrar. Esto puede parecer una inocentada después de tantos meses esperando, pero resulta que la Consejería de Economía va a recibir hoy del Estado 878 millones de euros de adelanto del nuevo sistema de financiación. Eso sí, hay que llamar y pedir, porque Gerardo Camps repartirá el dinero y, como en el chiste, el resto que se espere.
Se ha criticado al Gobierno de Francisco Camps por arremeter contra el nuevo sistema de financiación autonómica, que "mantiene a los valencianos a la cola de la financiación per cápita", y firmarlo después para cobrar, pero es que no le quedaba otra solución. La Generalitat ha llegado a fin de año de milagro, con miles de proveedores, contratistas, abogados del turno de oficio o personas dependientes reclamando lo suyo, o las universidades, que han tenido que endeudarse por su cuenta para pagar las nóminas. Y lo peor es que el nuevo sistema no va a resolver el problema, porque para eso haría falta solucionar la financiación sanitaria.
En su informe publicado el miércoles, el síndic de Comptes, auditor de la Generalitat, lo dice bien claro después de describir cómo los Camps hacen malabarismos contables para cuadrar las cuentas a martillazos: el problema es la financiación de un sistema sanitario que ve crecer la población, la demanda de servicios y su coste, y cuya gestión es mejorable. El 42 por ciento del presupuesto valenciano es para gasto sanitario, aunque el coste real se acerca al 50 por ciento porque se ocultan facturas para no elevar el déficit. Es insostenible.
El dirigente empresarial Francisco Pons intentó días atrás ponerle el cascabel al gato y sugirió en voz alta la necesidad de que los usuarios paguen algo por los servicios sanitarios, como pasa con otros servicios públicos, pero todos miraron para otro lado igual que vienen ocurriendo desde que el también valenciano Fernando Abril Martorell lo planteó en 1991. "Nadie se atreve a lidiar el toro de la Sanidad", se quejó Abril. Entonces era una vaquilla, ahora sí es un miura.
lunes, 28 de diciembre de 2009
domingo, 27 de diciembre de 2009
El Supremo y la prevaricación (a propósito de la condena al juez Ferrín Calamita)
El Tribunal Supremo ha elevado de dos años y tres meses a diez años la pena de inhabilitación al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial, al impedir durante meses que una mujer casada con otra mujer pudiera ejercer su derecho a adoptar un bebé. Lo hizo, como se sabe, por sus convicciones católicas que le hacen rechazar el matrimonio entre homosexuales. Sin conocer el texto de la sentencia, me parece acertada la condena, ya que no hay nada más despreciable en el mundo de los tribunales que un juez prevaricador.
Lo que me llama la atención es la distinta vara de medir del Supremo, que hace nueve meses también modificó la condena de dos años de prisión y siete de inhabilitación impuesta a otro juez por prevaricar, pero en este caso la rebajó a 21 meses de inhabilitación (que el juez, por cierto, acababa de cumplir al dictarse la sentencia) al considerar que no era un delito, sino una simple falta. Como ya conté en este blog, se trata del caso del juez Francisco Javier de Urquía, quien según los hechos que el Supremo consideró probados, pidió dinero a una de las partes de un pleito a cambio de otorgarle un trato de favor, cobró ese dinero y actuó en favor del pagador limitando incluso un derecho fundamental de la parte contraria. Quien aceptó y pagó el soborno fue, por cierto, Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya. Esta casi absolución del Supremo no despertó ni la décima parte de la atención que ha tenido la condena a Ferrín Calamita, quizás porque éste ha sido el primer juez condenado por prevaricar que lo hizo por razones morales y no por la pasta.
Lo que me llama la atención es la distinta vara de medir del Supremo, que hace nueve meses también modificó la condena de dos años de prisión y siete de inhabilitación impuesta a otro juez por prevaricar, pero en este caso la rebajó a 21 meses de inhabilitación (que el juez, por cierto, acababa de cumplir al dictarse la sentencia) al considerar que no era un delito, sino una simple falta. Como ya conté en este blog, se trata del caso del juez Francisco Javier de Urquía, quien según los hechos que el Supremo consideró probados, pidió dinero a una de las partes de un pleito a cambio de otorgarle un trato de favor, cobró ese dinero y actuó en favor del pagador limitando incluso un derecho fundamental de la parte contraria. Quien aceptó y pagó el soborno fue, por cierto, Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya. Esta casi absolución del Supremo no despertó ni la décima parte de la atención que ha tenido la condena a Ferrín Calamita, quizás porque éste ha sido el primer juez condenado por prevaricar que lo hizo por razones morales y no por la pasta.
jueves, 24 de diciembre de 2009
Sentencia contra dos periodistas de la Cadena Ser por revelar datos privados en una noticia
Enlazo aquí, por si la quieres leer, la sentencia que condena al director de la Cadena Ser, Daniel Anido, y al jefe de informativos, Rodolfo Irago, por revelación de secretos al haber publicado en la web de la emisora un listado con los nombres de 78 militantes del PP afiliados irregularmente a ese partido en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Son interesante los argumentos del juez (o "Tribunal" como se refiere a sí mismo en el texto), porque demuestran que el papel timbrado lo aguanta todo, incluso la afirmación de que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita), pero, debe matizarse, internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal" (página 18). Y yo que pensaba que se refería a los periodistas.
Ni que decir tiene que no la comparto.
Son interesante los argumentos del juez (o "Tribunal" como se refiere a sí mismo en el texto), porque demuestran que el papel timbrado lo aguanta todo, incluso la afirmación de que "la protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio o prensa escrita), pero, debe matizarse, internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal" (página 18). Y yo que pensaba que se refería a los periodistas.
Ni que decir tiene que no la comparto.
martes, 22 de diciembre de 2009
Tabacalera, un pelotazo que siempre olió muy mal
El Ayuntamiento de Valencia decidió hace algunos años adquirir la antigua fábrica de Tabacalera y decidió hacerlo mediante una permuta del inmueble, recién adquirido por un empresario local, con un edificio municipal situado en uno de los mejores puntos de Valencia, en la plaza de América, frente al jardín del Turia. El asunto olió mal desde el principio y fue apestando a medida que conocíamos detalles de la operación. Sobre todo, porque se renunció a subastar el valioso inmueble municipal, con lo que se habría obtenido dinero suficiente para comprar tres tabacaleras.
El PSPV-PSOE, con su portavoz municipal, Carmen Alborch, a la cabeza, ha denunciado ahora ante la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento que preside Rita Barberá por un presunto delito de prevaricación. Es interesante leer la denuncia, que enlazo aquí (.pdf), porque relata cómo fueron sucediendo los hechos y cómo el empresario acabó teniendo un beneficio de 100 millones de euros, según cálculos documentados de los denunciantes. Por si no tienes tiempo o no te apetece, he aquí una enumeración de los hechos:
1999: Altadis traslada la producción y cierra la fábrica de Tabacalera. (en la foto, la fábrica antes de los derribos)
2001: El Ayuntamiento, por unanimidad, decide intentar adquirir el edificio, que éste mantenga su protección y que no tenga en ningún caso un uso residencial, sino administrativo.
2002: El Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura deciden otorgar al edificio de Tabacalera la máxima protección prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la de Bien de Interés Cultural (BIC).
2002: Seis días después del acuerdo para declararlo BIC, la empresa Inmobiliaria Guadalmedina (IGSA), del Grupo Ballester, compra a Altadis el 49% del edificio por 7,9 millones de euros. La Generalitat paraliza el expediente de declaración de BIC. Cinco meses después, IGSA solicita la permuta de la parte central del edificio y el derribo de las naves laterales y traseras para construir viviendas.
2005: la alcaldesa, Rita Barberá, firma el acuerdo de PERMUTA en los términos solicitados por IGSA y se compromete a rebajar la protección del edificio, derribar parte del mismo, permitir a IGSA construir viviendas en los solares resultantes y permutar la parte central de la antigua fábrica por el edificio municipal de la plaza de América. (en la segunda foto, figuración de cómo quedará el edificio con los bloques residenciales detrás)
2006: la Generalitat y el Ayuntamiento descatalogan el edificio, recalifican el inmueble y autorizan el derribo de las naves traseras y laterales. Unas semanas después, IGSA adquiere el 51% restante a Altadis por 52 millones de euros.
2007: La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Cultura se pronuncian contra el derribo. Las naves se derriban.
El hedor que desprende la operación urbanística de marras intentan aventarlo con la imagen de lo bonito que ha quedado el nuevo edificio municipal en Tabacalera (45 millones de euros ha costado la reforma). Le toca hablar a la Justicia. Delito o no, para éste que paga sus impuestos en Valencia es una vergüenza.
El PSPV-PSOE, con su portavoz municipal, Carmen Alborch, a la cabeza, ha denunciado ahora ante la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento que preside Rita Barberá por un presunto delito de prevaricación. Es interesante leer la denuncia, que enlazo aquí (.pdf), porque relata cómo fueron sucediendo los hechos y cómo el empresario acabó teniendo un beneficio de 100 millones de euros, según cálculos documentados de los denunciantes. Por si no tienes tiempo o no te apetece, he aquí una enumeración de los hechos:
1999: Altadis traslada la producción y cierra la fábrica de Tabacalera. (en la foto, la fábrica antes de los derribos)
2001: El Ayuntamiento, por unanimidad, decide intentar adquirir el edificio, que éste mantenga su protección y que no tenga en ningún caso un uso residencial, sino administrativo.
2002: El Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura deciden otorgar al edificio de Tabacalera la máxima protección prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la de Bien de Interés Cultural (BIC).
2002: Seis días después del acuerdo para declararlo BIC, la empresa Inmobiliaria Guadalmedina (IGSA), del Grupo Ballester, compra a Altadis el 49% del edificio por 7,9 millones de euros. La Generalitat paraliza el expediente de declaración de BIC. Cinco meses después, IGSA solicita la permuta de la parte central del edificio y el derribo de las naves laterales y traseras para construir viviendas.
2005: la alcaldesa, Rita Barberá, firma el acuerdo de PERMUTA en los términos solicitados por IGSA y se compromete a rebajar la protección del edificio, derribar parte del mismo, permitir a IGSA construir viviendas en los solares resultantes y permutar la parte central de la antigua fábrica por el edificio municipal de la plaza de América. (en la segunda foto, figuración de cómo quedará el edificio con los bloques residenciales detrás)
- En la permuta, para valorar el edificio del Ayuntamiento se utiliza un informe municipal, sin tasación independiente, que fija el precio en 4.173 euros por metro cuadrado. (en la tercera foto, el inmueble municipal que ya está siendo derribado)
- Pocos meses después, la Generalitat subasta un edificio situado a 70 metros de distancia pero en segunda línea respecto al jardín del Turia, el de los antiguos juzgados. Alcanza un precio de 7.134 euros por metro cuadrado.
2006: la Generalitat y el Ayuntamiento descatalogan el edificio, recalifican el inmueble y autorizan el derribo de las naves traseras y laterales. Unas semanas después, IGSA adquiere el 51% restante a Altadis por 52 millones de euros.2007: La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Cultura se pronuncian contra el derribo. Las naves se derriban.
El hedor que desprende la operación urbanística de marras intentan aventarlo con la imagen de lo bonito que ha quedado el nuevo edificio municipal en Tabacalera (45 millones de euros ha costado la reforma). Le toca hablar a la Justicia. Delito o no, para éste que paga sus impuestos en Valencia es una vergüenza.
lunes, 21 de diciembre de 2009
"Damián, no te esfuerces, que esto es política"
(Columna publicada en El Economista el 21-12-09)
La ministra Cristina Garmendia dejó buen sabor de boca entre los empresarios que la invitaron a comer en Valencia el pasado jueves, a pesar de que no resolvió su principal queja, sobre las no ayudas a la Red de Institutos Tecnológicos (Redit). Fue el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, el encargado de cantarle las cuarenta con tres preguntas sobre los recortes anunciados para 2010, la "baja ejecución presupuestaria" de este año y, la más esperada, la razón por la que ha dejado a nuestros institutos sin un euro de subvención.
Garmendia improvisó la respuesta a las dos primeras, de alcance nacional y que ya debe haber contestado más de una vez, y se extendió en el tema de los institutos con numerosos datos que traía preparados. Por ejemplo, que estos 14 centros tecnológicos son los que más subvenciones han recibido desde 2004, el 23 por ciento del total nacional, y que gracias a la "calidad" que atesoran van a seguir recibiendo ayudas, pero con un nuevo sistema. A partir de 2010, tendrán que competir en las convocatorias con el resto de España y habrá dinero para los proyectos de mayor calidad. He consultado a una persona que conoce los institutos y le parece bien la novedad, porque "evitará la funcionarización" de algunos centros –"cotos reservados" los llamó la ministra– acostumbrados a recibir dinero hagan lo que hagan. Porque no todo es oro en la reluciente red valenciana.
Para lo que Garmendia no tuvo argumentos convincentes es para explicar por qué al margen del nuevo sistema se han presupuestado 60 millones para los centros tecnológicos de Cataluña, País Vasco y Extremadura, casualmente gobernadas por el PSOE. Su pobre excusa fue que así lo decidió el Parlamento. ¿Acaso no lo comparte?
Al presidente de Redit, Damián Frontera, se lo habían explicado cuando fue a Madrid hace días a quejarse, cargado de argumentos, y quien le atendió en el Ministerio le espetó: "No te esfuerces, Damián, que esto es política y no hay nada que hacer". Y se acabó la discusión.
La ministra Cristina Garmendia dejó buen sabor de boca entre los empresarios que la invitaron a comer en Valencia el pasado jueves, a pesar de que no resolvió su principal queja, sobre las no ayudas a la Red de Institutos Tecnológicos (Redit). Fue el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, el encargado de cantarle las cuarenta con tres preguntas sobre los recortes anunciados para 2010, la "baja ejecución presupuestaria" de este año y, la más esperada, la razón por la que ha dejado a nuestros institutos sin un euro de subvención.
Garmendia improvisó la respuesta a las dos primeras, de alcance nacional y que ya debe haber contestado más de una vez, y se extendió en el tema de los institutos con numerosos datos que traía preparados. Por ejemplo, que estos 14 centros tecnológicos son los que más subvenciones han recibido desde 2004, el 23 por ciento del total nacional, y que gracias a la "calidad" que atesoran van a seguir recibiendo ayudas, pero con un nuevo sistema. A partir de 2010, tendrán que competir en las convocatorias con el resto de España y habrá dinero para los proyectos de mayor calidad. He consultado a una persona que conoce los institutos y le parece bien la novedad, porque "evitará la funcionarización" de algunos centros –"cotos reservados" los llamó la ministra– acostumbrados a recibir dinero hagan lo que hagan. Porque no todo es oro en la reluciente red valenciana.
Para lo que Garmendia no tuvo argumentos convincentes es para explicar por qué al margen del nuevo sistema se han presupuestado 60 millones para los centros tecnológicos de Cataluña, País Vasco y Extremadura, casualmente gobernadas por el PSOE. Su pobre excusa fue que así lo decidió el Parlamento. ¿Acaso no lo comparte?
Al presidente de Redit, Damián Frontera, se lo habían explicado cuando fue a Madrid hace días a quejarse, cargado de argumentos, y quien le atendió en el Ministerio le espetó: "No te esfuerces, Damián, que esto es política y no hay nada que hacer". Y se acabó la discusión.
lunes, 14 de diciembre de 2009
El paseo en 'Ferrari' que casi nadie entendió
(Columna publicada en El Economista el 14-12-09)
No compartí en su día las críticas a Francisco Camps y Rita Barberá cuando pasearon en un Ferrari al presidente de la escudería italiana y a los pilotos Alonso y Massa, y le robaron la foto de portada a Mariano Rajoy, que a la misma hora pronunciaba el discurso de clausura del congreso del PP en Barcelona. Es obvio que el sitio de ambos gobernantes estaba en la promoción de Valencia antes que en un mitin de partido, y criticar que se subieran a un Ferrari con la crisis que nos azota fue tan demagógico como censurar el consumo de gambas mientras mueren niños de hambre en África.
La Generalitat ha filtrado ahora que Valencia aspira a albergar un parque temático de Ferrari como el que se construye en Abu Dhabi, mientras se da por hecho que la ciudad albergará en enero la primera presentación conjunta de todas las escuderías del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. "Esto es una consecuencia directa del famoso domingo con Ferrari en Cheste", ha dicho Rita. La estrategia de grandes eventos como trampolín para la ciudad se está desarrollando con notable éxito, pese a las críticas al PP valenciano, que lo llevaba en su programa electoral y que no escatima esfuerzos ni presupuesto.
Anuncian, por cierto, que el nuevo evento de la Fórmula 1 no costará un euro a las arcas públicas, aunque ahí su credibilidad está por los suelos. Basta recordar que el Gran Premio de Valencia también nos iba a salir gratis y le estamos pagando a Ecclestone 18 millones de euros anuales que debería abonar la empresa Valmor Sport, además de casi 100 millones en obras.
En este sentido, se agradecería un poco de transparencia. El Gobierno valenciano volvió a negar el pasado viernes a la oposición parlamentaria el derecho a fiscalizar los contratos que firma la Generalitat, uno de ellos, el de Valmor Sport. Durante años, rehusó entregar en las Cortes los contratos con Orange Market, hasta que estalló el caso Gürtel y nos enteramos de que los ocultaba porque había algo que ocultar. ¿Hay ahora alguna cláusula de la que avergonzarse?
No compartí en su día las críticas a Francisco Camps y Rita Barberá cuando pasearon en un Ferrari al presidente de la escudería italiana y a los pilotos Alonso y Massa, y le robaron la foto de portada a Mariano Rajoy, que a la misma hora pronunciaba el discurso de clausura del congreso del PP en Barcelona. Es obvio que el sitio de ambos gobernantes estaba en la promoción de Valencia antes que en un mitin de partido, y criticar que se subieran a un Ferrari con la crisis que nos azota fue tan demagógico como censurar el consumo de gambas mientras mueren niños de hambre en África.La Generalitat ha filtrado ahora que Valencia aspira a albergar un parque temático de Ferrari como el que se construye en Abu Dhabi, mientras se da por hecho que la ciudad albergará en enero la primera presentación conjunta de todas las escuderías del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. "Esto es una consecuencia directa del famoso domingo con Ferrari en Cheste", ha dicho Rita. La estrategia de grandes eventos como trampolín para la ciudad se está desarrollando con notable éxito, pese a las críticas al PP valenciano, que lo llevaba en su programa electoral y que no escatima esfuerzos ni presupuesto.
Anuncian, por cierto, que el nuevo evento de la Fórmula 1 no costará un euro a las arcas públicas, aunque ahí su credibilidad está por los suelos. Basta recordar que el Gran Premio de Valencia también nos iba a salir gratis y le estamos pagando a Ecclestone 18 millones de euros anuales que debería abonar la empresa Valmor Sport, además de casi 100 millones en obras.
En este sentido, se agradecería un poco de transparencia. El Gobierno valenciano volvió a negar el pasado viernes a la oposición parlamentaria el derecho a fiscalizar los contratos que firma la Generalitat, uno de ellos, el de Valmor Sport. Durante años, rehusó entregar en las Cortes los contratos con Orange Market, hasta que estalló el caso Gürtel y nos enteramos de que los ocultaba porque había algo que ocultar. ¿Hay ahora alguna cláusula de la que avergonzarse?
jueves, 3 de diciembre de 2009
Mis soluciones al problema de las descargas
Hay que agradecer a los promotores del manifiesto En defensa de los derechos fundamentales de en internet y a todos los internautas que lo han respaldado que no hayamos tenido que esperar a una sentencia del Tribunal Constitucional, vete a saber cuándo, para tumbar esta nueva ley de la patada en la puerta digital iluminada por el Gobierno de Zapatero. Es tan inconstitucional, que sorprende que la ministra todavía la defendiera esta mañana.
Dicho lo cual, mi posición en el debate sobre los derechos de autor sigue llena de dudas. Soy de los que jamás ha comprado ni visto una película del top manta y no empecé a bajarme canciones y películas de internet hasta que se puso en marcha el canon digital. Legal que es uno. Veo demasiada alegría, a veces burla no exenta de revanchismo por la despótica actuación de la SGAE, a la hora de negar a los autores cualquier derecho sobre sus creaciones. Uno puede estar dos años currándose un disco y a los cinco minutos de salir al mercado ya es de todos y gratis. No tengo la solución, pero alguna de las alternativas que se proponen dan un poco de miedo, como la de la publicidad. Ya lo hemos visto en películas con el product placement, y temo que acabemos escuchando canciones con publicidad encubierta, que se llamarán Yo no soy tonto o incluirán eslóganes.
No tengo la solución, pero pongo aquí mi granito de arena en forma de propuestas:
1ª) Suprimir el canon digital de manera inmediata (rebajaría la animadversión que ha provocado hacia las pretensiones de los artistas).
2ª) Potenciar las webs de descargas autorizadas a muy bajo precio pero con calidad garantizada (en la creación de estas páginas estaría justificada una subvención del Gobierno).
3ª) Sustituir la venta de CD de fábrica en las tiendas por CD a la carta en esas mismas tiendas, que los grabarían en el momento. El coste sería el del CD virgen (sin canon, claro) más las canciones elegidas a muy bajo precio y, opcional, la impresión de la imagen en el disco, que se podría elegir entre varias disponibles. Supondría cargarse la industria del disco, sí, pero es que su estado comatoso es irreversible.
4ª) Sustituir las amenazantes campañas de publicidad contra la piratería por otras para explicar todo esto, y pedir la colaboración de los internautas para que los usuarios vayan por lo legal, aunque les cueste un euro. La ministra ya se habrá dado cuenta de que si los internautas nos ponemos, podemos ser mucho más efectivos que la mayor de las campañas publicitarias, y gratis.
Modestamente.
Dicho lo cual, mi posición en el debate sobre los derechos de autor sigue llena de dudas. Soy de los que jamás ha comprado ni visto una película del top manta y no empecé a bajarme canciones y películas de internet hasta que se puso en marcha el canon digital. Legal que es uno. Veo demasiada alegría, a veces burla no exenta de revanchismo por la despótica actuación de la SGAE, a la hora de negar a los autores cualquier derecho sobre sus creaciones. Uno puede estar dos años currándose un disco y a los cinco minutos de salir al mercado ya es de todos y gratis. No tengo la solución, pero alguna de las alternativas que se proponen dan un poco de miedo, como la de la publicidad. Ya lo hemos visto en películas con el product placement, y temo que acabemos escuchando canciones con publicidad encubierta, que se llamarán Yo no soy tonto o incluirán eslóganes.
No tengo la solución, pero pongo aquí mi granito de arena en forma de propuestas:
1ª) Suprimir el canon digital de manera inmediata (rebajaría la animadversión que ha provocado hacia las pretensiones de los artistas).
2ª) Potenciar las webs de descargas autorizadas a muy bajo precio pero con calidad garantizada (en la creación de estas páginas estaría justificada una subvención del Gobierno).
3ª) Sustituir la venta de CD de fábrica en las tiendas por CD a la carta en esas mismas tiendas, que los grabarían en el momento. El coste sería el del CD virgen (sin canon, claro) más las canciones elegidas a muy bajo precio y, opcional, la impresión de la imagen en el disco, que se podría elegir entre varias disponibles. Supondría cargarse la industria del disco, sí, pero es que su estado comatoso es irreversible.
4ª) Sustituir las amenazantes campañas de publicidad contra la piratería por otras para explicar todo esto, y pedir la colaboración de los internautas para que los usuarios vayan por lo legal, aunque les cueste un euro. La ministra ya se habrá dado cuenta de que si los internautas nos ponemos, podemos ser mucho más efectivos que la mayor de las campañas publicitarias, y gratis.
Modestamente.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
8.500 usuarios únicos en un periódico cerrado hace seis meses
A punto de cumplirse seis meses desde que tuve que dejar de actualizar el periódico violenciadegenero.info, compruebo que en el mes de noviembre tuvo 8.506 usuarios únicos y 16.135 páginas vistas. Más de un periódico digital se daría con un canto en los dientes con estas cifras. Hace un par de meses me llegó una oferta para comprar el periódico, pero más bien l0 querían regalad0. Ahora me planteo venderlo, por si conocéis a alguien que pueda estar interesado.
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