El 80% de los españoles que van a votar en las próximas elecciones lo harán a los partidos que apoyan esa reforma de las pensiones que casi todos rechazan.
Si no me fallan los cálculos, al menos un 60% de los votantes españoles tienen lo que se merecen.
Nota: He cambiado al final "españoles" por "votantes españoles" porque no todos votan, como me ha recordado Andreu (@alcossebre) en twitter.
Así comienza el artículo Corrupción: ¡indignaos!, escrito por el eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner y la catedrática de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes y publicado en El Mundo, sobre lo mucho que podrían hacer y no hacen las administraciones contra la corrupción:
Corrupción: ¡indignaos!
Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas.
Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.
Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?
El 23 de febrero de 1981 tenía yo 11 años, edad a la que ya leía el periódico y me interesaba algo la política. A partir de ese día me iba a interesar más. A media tarde llamó a la puerta nuestra vecina Carmen: "Javier, ¿está tu madre?". "No, estoy yo solo con la tía" (en casa éramos siete, mis padres y cinco hermanos, más mi tía, que venía casi todos los días). "Pues dile a tu tía que no salga nadie de casa porque ha habido un golpe de Estado". "¿Un qué?". "Un golpe de Estado. Tú díselo, que ella sabe lo que es".
Me costó transmitir el mensaje porque mi tía Pilar es sorda y, aunque lee muy bien los labios, en la oscuridad del pasillo no acababa de entender el motivo por el que Carmen decía que no debíamos salir de casa. "Un-gol-pe-de-es-ta-do", articulé. El grito y la cara de espanto me confirmaron que sabía lo que era un golpe, ella que vivió la Guerra Civil siendo niña. Corrí detrás de la tía a casa de la vecina, que me explicó, ahora sí, lo que era un golpe de Estado y nos contó lo que había oído por la radio que había ocurrido en el Congreso.
Muy poco después llegó mi padre, que había salido escopetado del trabajo al oír los tiros, no sin antes haber llamado a mi madre, que estaba en clase de inglés en una academia. En menos de una hora estábamos todos en casa, y mi tía en la suya. Me asomé al balcón, debían ser las ocho, y la calle estaba casi vacía. Unos cuantos viandantes corrían hacia sus casas.
La noche de los transistores en Valencia consistió en música militar que interrumpía cada rato el parte de Milans del Bosch. Mi padre hablaba por teléfono con unos y otros. Así nos enteramos de que habían sacado los tanques y que había uno apuntando a la Jefatura Superior de Policía, junto a la que vivían otros tíos míos. A nosotros no nos dejaron salir al balcón. "Papá, ¿y dónde está el Rey?". "¿El Rey?, ja, en Londres". Me explicó su poca fe en el Monarca, que luego tuvo que rectificar al salir el Rey en televisión.
Eso es todo lo que recuerdo de aquella noche. No sé a qué hora me acosté. Sí que al día siguiente no fui al colegio y que estuve siguiendo por televisión el desenlace del golpe fallido, con aquella imagen de Tejero, el malo, fumando a la puerta del Congreso. "¿Por qué no lo cogen ahora?", me preguntaba.
España tiene ahora 8,7 millones de jubilados con una pensión media de 785 euros (una de las más bajas de la UE), miles de ellos en el umbral de la pobreza. Con el tijeretazo que han pactado los grandes partidos, en 2050 habrá 17 millones de jubilados (el 32% de la población) con una pensión media de 915 euros, lo que supone un aumento del 0,4% anual con pérdida segura de poder adquisitivo. Muchos ni siquiera serán -seremos- ‘mileuristas’ dentro de 40 años. ¿Qué efectos tendrá esto sobre la renta per cápita y la riqueza española? ¿Qué efecto sobre el consumo tendrá la diferencia de renta entre 22 millones de trabajadores y 17 millones de jubilados? ¿En qué medida se verá reducida la clase media?
No he visto publicado en los últimos meses ningún estudio al respecto, empeñados como estaban la mayoría de los expertos en convencernos -y a fe que lo han logrado- de que la reforma a la baja de las pensiones era necesaria y que debíamos tragar con ella. El catedrático de Ciencias Políticas y Sociales Vicenç Navarro se ha destacado como uno de los pocos expertos en economía que han cuestionado la afirmación repetida mil veces de que el sistema de pensiones en España era insostenible y para hacerlo sostenible había que bajarlas y alargar la edad de jubilación. Navarro ha publicado numerosos artículos que defienden que cabía -cabe- otro tipo de reforma, por la vía de los ingresos, sin rebajarlas, y ha advertido sobre los peligros del tijeretazo (.PDF). También se ha quejado de la opinión publicada a favor del recorte y de la falta de debate en los medios de comunicación, puesto que, afirma, apenas han dado voz a quienes lo rechazan, cuyas razones han sido ignoradas en lugar de rebatidas (.PDF).
Recomiendo leer las reflexiones de Navarro, entre las que sin embargo tampoco he encontrado respuestas a mis preguntas del primer párrafo.
El sobreseimiento del grueso del caso Fabra por prescripción, decidido por la Audiencia de Castellón, supone un nuevo hito en la carrera del penalista Javier Boix, gran conocedor de la maquinaria judicial y, por tanto, de sus errores. Este catedrático de Penal de la Universitat de València se ha convertido en el rescatador de políticos implicados en casos de corrupción, a los que salva de las garras de la Justicia ahorrándoles la difícil -a veces imposible- tarea de demostrar su inocencia. El atajo de Boix consiste en la búsqueda de errores formales con los que anular el proceso. En el caso Fabra se ha mostrado, además de astuto, calculador: Javier Boix sabía desde hacía meses, puede que años, que a pesar de la investigación y del ruido mediático, faltaba una denuncia formal que iniciara el procedimiento por los delitos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, pero calló y dejó seguir la tramitación -siete años dura ya- dilatándola con todo tipo de recursos y peticiones. Cumplido el plazo legal de la prescripción y con Carlos Fabra a las puertas de la sala de vistas, Boix destapó sus cartas el pasado mes de junio y pidió el sobreseimiento. (puedes leer todo el artículo en mi otro blog)
La huelga general ha sido un fracaso, como se preveía. Algunas personas me han preguntado por qué la secunde (en mi caso el día 28 al trabajar en un periódico) a pesar de que la consideraba tardía y muy mal organizada. He aquí mis razones y mis reflexiones al respecto:
1. Al contrario que los sindicatos, yo sí secundé la huelga para derrocar al Gobierno. Desde el día del mes de mayo que ZP se cayó del caballo y decidió renunciar a sus principios y a sus promesas vengo diciendo que si tuviera un mínimo de vergüenza habría dimitido. Esa fue una de las razones.
2. Me preocupa la desmovilización y el individualismo creciente de los españoles. Los gobernantes nos suben los impuestos, las tasas municipales, nos quitan derechos, nos roban..., y a lo más que llegamos es a protestar en la tertulia del bar. Cuando alguien propone hacer algo siempre obtiene la misma respuesta: "No servirá para nada". Como ha dicho nosequién, la única huelga que no sirve para nada es la que no se hace. Ésta, me temo que no va a servir para mucho, pero siento que ya he hecho algo más para cambiar las cosas que quienes mañana seguirán quejándose del Gobierno en la barra del bar.
3. Es indudable que los sindicatos han quemado un cartucho y se han quemado ellos mismos. Lo segundo me importa más bien poco. El problema va a venir cuando los diputados españoles (QUE TIENEN BLINDADAS SUS PENSIONES MÁXIMAS gracias a un vil reglamento, nunca me cansaré de denunciarlo) nos rebajen las pensiones y/o nos alarguen la vida laboral. Será un motivo más que suficiente para salir a la calle, pero el descrédito de Méndez y Toxo y el hartazgo de los ciudadanos hará que la gente se vuelva a quedar en casa. En Francia han hecho por este motivo dos huelgas generales en septiembre, el 7 y el 23. Los políticos españoles quieren que votemos una vez cada cuatro años y a callar, y lo van consiguiendo.
4. El fondo del asunto. La reforma laboral es incomprensible, puesto que para crear empleo se limita a facilitar y abaratar el despido y crear otra modalidad de contrato fijo (¿cuántos hay ya?) que en los cuatro meses de vigencia no ha tenido ningún éxito. Lo que quieren los empresarios, que son los que crean empleo, es que se abaraten los costes laborales, como vienen clamando en el desierto desde hace tres años. Si les hubiesen hecho caso, no tendríamos tantos parados y las empresas serían más competitivas.
Comentaba en la anterior entrada el despropósito de respuesta del Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano), José Cholbi, a la queja de la Unió de Periodistes Valencians por la censura que sufrió la exposición de fotoperiodismo Fragments d'un any a manos de la Diputación de Valencia que preside Alfonso Rus. He aquí el pasado predemocrático del personaje (de Cholbi), extraído del Diccionario biográfico de políticos valencianos (las negritas son mías): "Se inició en la política en las filas de Falange, siendo oficial instructor y jefe de centuria del Frente de Juventudes. Fue profesor de Educación Física y Formación Cívico-Social en los últimos años del franquismo en el Instituto de Dénia y en algunos colegios privados de Alicante, así como preceptor (1964) y jefe de estudios del Colegio Menor José Antonio de Alicante. Concejal del Ayuntamiento de Dénia y consejero provincial del Movimiento. Fue también Inspector Provincial del Movimiento y desde abril de 1970 hasta agosto de 1972 fue subjefe provincial del Movimiento. Poseía entonces numerosas condecoraciones falangistas. Marchó posteriormente a Madrid, donde ingresó como funcionario —técnico de Radiodifusión— en Televisión Española. A través de Martínez Esteruelas —a quien conoció cuando éste veraneaba en Xàbia— comenzó a colaborar con el Ministerio de Educación y Ciencia, donde en enero de 1974 fue nombrado subdirector general de Formación Profesional e Inspector extraordinario".
Luego se hizo demócrata de toda la vida, como tantos, pero el que tuvo retuvo, que dicen en el fútbol, y algunos tics no parece que se le hayan ido.
La exposición de fotoperiodismo Fragments d’un any 2009 (Fragmentos de un año) ha sido reinaugurada este jueves en la Galería Tomás March, de Valencia (ver mapa), seis días después de haber sido censurada en el Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat (MuVIM) por el diputado de Hacienda y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla, porque no le gustaban algunas imágenes de lo que fue noticia el año pasado.
El acto de reinauguración en una sala repleta de gente hasta la calle ha sido muy emotivo. El protagonista ha sido Román de la Calle, que dimitió el lunes como director del MuVIM en protesta por la censura política y que ha dicho que la libertad de expresión “es como el aire, que sólo se habla de ella cuando está contaminada”. Por su parte, el presidente de la Unió de Periodistes Valencians, organizadora de la muestra, Joaquim Clemente, ha leído un Manifiesto por la libertad de expresión.
En cuanto a las reacciones, sin novedad. La dictatorial actitud del diputado ha sido condenada por todo el mundo civilizado valenciano y español, incluidos algunos dirigentes del PP, y ha sido respaldada por su jefe directo, Alfonso Rus, presidente de la Diputación, por Carlos Fabra y por el Gobierno valenciano. En el PP nacional hay preocupación, no por la libertad de expresión, que se la trae al pairo, sino por si la polémica afecta a la visita de Rajoy a Valencia el domingo.
Foto: los fotógrafos y cámaras (Canal 9 no estaba ni se le esperaba) toman imágenes de Román de la Calle durante su discurso.
El hombre de la foto se llama Máximo Caturla Rubio y, aunque le gustaría ser conseller de Economía en el Gobierno de Francisco Camps, sólo es vicepresidente cuarto de la Diputación de Valencia, responsable del área de Economía y Hacienda. Caturla es el inductor de la censura impuesta a diez fotografías de la muesta Fragments d'un any, según se desprende de la carta de dimisión presentada por el director del MuVIM, Román de la Calle, después de que la Unió de Periodistes Valencians retirase la exposición en señal de protesta por un atentado contra la libertad de expresión que sólo Rita Barberá entre los dirigentes del PP se ha a atrevido a criticar, auque sea levemente. Máximo Caturla acudió el pasado viernes a la inauguración de la exposición, junto al diputado de Cultura, Salvador Enguix, con la actitud del censor que no tiene ni puta idea de lo que es el arte porque su misión no es disfrutar de la muestra o criticarla, sino ejecutar un trabajo que consiste en eliminar lo que pueda molestar al jefe, como los censores del Régimen que tachaban párrafos enteros de los libros que ni entendían, los que confundían en el cine un beso con la pornografía y los que en la pintura tapaban con una hoja de parra el sexo de Eva.
El problema del hasta ahora poderoso Caturla es que fue más allá de lo que al presidente Camps le habría gustado. Ha conseguido que todo el mundo vea y disfrute las magníficas fotos (a la izquierda, la de Vicente Bosch que fue portada de El Mundo) que él quería ocultar, pensando que avergonzarían al presidente, que se había ido a Brasil a olvidar el vapuleo recibido por su declaración de bienes mileurista. Y Camps, a su vuelta, se encontró convertido en censor y con las cinco fotos gürtelianas en todos los periódicos. "Máximo, ¿qué has hecho?, Máximo, la has cagado". "Jefe, pensé que le gustaría, y de paso, me he cargado al De la Calle". Caturla, pobre, aún cree que ha hecho bien y que está más cerca de sustituir a Gerardo Camps en la vicepresidencia económica del Consell, pero ha demostrado que a lo único que puede aspirar con esa manera de actuar es a dirigir Canal 9.
Román de la Calle, por cierto, ha llegado a la conclusión de que iban a cargárselo y que la exposición era sólo la excusa. Así lo expresa en su carta: "¿Dónde puede terminar la censura y comenzar la represalia? Mi suerte ya estaba echada –lo sabía, con meridiana claridad- desde que escuché, -a tu lado, Diputado Enguix, aguantando a pie firme y observándote enmudecer- las intervenciones, en cadena, del Diputado Máximo Caturla. Era la primera vez que venía a las inauguraciones del museo. ¿Azar o cálculo?"
Te supongo al tanto, querido lector, del enésimo atentado contra la libertad de expresión perpetrado por el PP de la Comunitat Valenciana, esta vez con la censura a la tradicional exposición Fragments d'un any, organizada por la Unió de Periodistes Valencians, que resume en 91 fotografías de 38 profesionales publicadas en medios de comunicación lo que fue el año 2009. Pretender que el caso Gürtel no fue parte de la actualidad valenciana el año pasado es del género estúpido, pero así lo entendieron los diputados provinciales Salvador Enguix y Máximo Caturla, quienes con permiso del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ordenaron retirar la fotografías donde aparecían políticos. Diez en total, de las que cinco tenían algo que ver con el caso Gürtel.
Las diez fotos censuradas fueron las ocho de la sección Política de la exposición, una de Sociedad y otra de Cultura. Las puedes ver todas aquí. Sin embargo, no sé si por descuido o por orgullo, los censores se dejaron una foto de Deportes protagonizada por Camps y Rita Barberá, junto al piloto Fernando Alonso. Fue la polémica foto del Ferrari, obra de Carles Francesc, publicada en El País el 15 de noviembre y sobre la que ya escribí en su día.
Como todo el mundo excepto los obtusos censores podía imaginar, la exposición de Fragments d'un any más corta de la historia -menos de 12 horas abierta al público en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM)- ha sido la más vista con diferencia gracias a internet y a la torpeza de quienes nos gobiernan. Además, será repuesta en otra sala de Valencia y luego viajará probablemente a otras ciudades donde se han ofrecido a mostrarla. El líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha pedido la dimisión de Alfonso Rus. Lo que no entiendo es cómo no la ha pedido Camps.
Por si no la has visto, aquí te dejo en versión digital el periódico que la Unió de Periodistes editó con las 91 fotografías.
Una de las perversiones más habituales del periodismo perruno consiste en informar sobre lo que alguien dice de algo, desinformando en la mayoría de los casos, en lugar de contar los hechos. Lo sufrimos mucho en la información política, en la que dos contendientes cruzan acusaciones sobre un hecho concreto y comprobable, como puede ser determinado gasto, y los periodistas se limitan a recoger lo que dicen uno y otro, sin cumplir con su obligación, que es decirle a los lectores o la audiencia cuál es la realidad y quién miente.
Lo hemos visto hoy en el Telediario-1 de TVE, cuando han sacado a varios diputados defendiéndose de las críticas por haber estado 45 días de vacaciones en diciembre y enero y, sobre todo, por haberse arreglado las pensiones con unas condiciones mucho más ventajosas que el resto de los españoles, sin contar con que nos las van a rebajar. Lamento que la web de RTVE no haya colgado el vídeo -le habrá parecido indecente- en el que un diputado comparaba el coste de sus sueldos y pensiones con los 94 millones de euros que costó el fichaje de Cristiano Ronaldo, "y nadie lo cuestionó", ha dicho el jeta, mientras otro negaba directamente que sus señorías tengan derecho al 100 % de la pensión máxima con 11 años trabajados.
Los compañeros de TVE no han hecho el esfuerzo de comprobar que la sinecura de los diputados es real, se conforman con el contraste de pareceres. El autor de este blog lleva más de un año denunciando las vacaciones de enero -proponiendo que se cambie la Constitución en este punto, porque lo metieron en la Constitución, los muy caraduras- y señalando otras prebendas de los representantes del pueblo, como las pensiones (véase el post ¿Sabías que nuestros diputados tienen muy poca vergüenza?), además de haberlo puesto de relieve hace poco en el blog Naranjazos.
Por ello, no me extenderé y me limitaré a recordar a los lectores y a los periodistas que vayan a escribir sobre el asunto que en el siguiente enlace podéis comprobar por vosotros mismos las condiciones de las pensiones de los diputados (.pdf).
Francisco Camps ha visitado hoy las obras de la línea 2 del metro de Valencia. Corregidme si me equivoco, pero, ¿no es ésta la primera vez que el presidente de los valencianos se digna a bajar al metro desde que ocurrió el accidente en la línea 1 que causó 43 muertos el 3 de julio de 2006?
Lo que es seguro es que la prolongación de la línea 5 en abril de 2007 no tuvo agallas de inaugurarla él, pese a la importancia de la inversión, y lo hizo el entonces conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón (q.e.p.d), junto con Rita Barberá.
Se llama Pedro Hernández Rodríguez, es profesor de filosofía retirado y ya estaba en el consejo de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia cuando en 1988 se fusionó con la de Torrent y dio origen a la Caja del Mediterráneo (CAM). Fue consejero de la entidad alicantina hasta 1998 y de 2000 a 2004, y después entró en la comisión de control hasta 2006. Menos a personal, ha representado a todos los grupos, Generalitat, impositores, entidad fundadora –la Diputación– y ayuntamientos, y aunque se le vincula al PSOE y vive en Alicante, su última designación vino de un ayuntamiento del PP y castellonense (Burriana).
Hernández, que desde 2006 preside la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana-UCE, será elegido este jueves consejero de Bancaja por el cupo de impositores –ocupará uno de los dos puestos reservados a personas de reconocido prestigio– y puede ser la clave de una cierta relajación en la tensión que viven el PP y el PSOE con motivo, entre otros, de la renovación de los órganos de las cajas.
Los populares han arrebatado a los socialistas un asiento y la vicepresidencia cuarta, que quieren para el prestigioso abogado Juan Martín Queralt. Con ello, los consejeros designados por el PP ocuparían la presidencia y tres vicepresidencias: la primera –Antonio Tirado-, la segunda, donde situará al también abogado José María Mas Millet, y la cuarta. Además, la tercera parece reservada a la Asociación de Impositores, vinculada al PP, y sólo la quinta sería para un socialista, el ex diputado José Camarasa.
José Luis Olivas desea un segundo mandato tan pacífico como el primero, en el que negoció una segunda vicepresidencia para el PSOE –a costa de la UCE– a cambio de su apoyo. Sin embargo, el PP no cede un milímetro mientras los socialistas no aflojen con el caso Gürtel, y es ahí donde Hernández, cual Borgia entre familias italianas, entraría como persona de consenso, recuperando esa vicepresidencia para la UCE, prosocialista pero que no es el PSOE. Quedan cuatro días y mucho por negociar, incluida la comisión de control.
No está lejos el día, al paso que vamos, en que el Gobierno ceda las competencias sobre costas a una comunidad autónoma y ésta decida explotar playas de lujo en régimen de concesión a 30 euros la entrada, acotar espacios para residentes o alquilar espacios de pesca.
Parece una locura, pero quién nos iba a decir hace sólo cinco años que recién estrenado 2010 íbamos a estar discutiendo sobre la posibilidad de otorgar a una comunidad el derecho perpetuo a disponer de 6.000 hectómetros cúbicos anuales de agua. Ya se le dio a Aragón, pero como en el Ebro hay agua de sobra, sólo La Rioja planteó la inconstitucionalidad evidente de tal medida. Ahora es Castilla-La Mancha la que, vía reforma del Estatuto, amenaza con dejar secas a sus comunidades vecinas en una zona donde, por desgracia, no hay agua suficiente.
Como se sabe, o debería saberse, el agua en España es un recurso unitario subordinado al interés general cuya planificación corresponde al Estado. Es de todos los españoles, como las playas y los mares que las bañan. El Estado tiene unas confederaciones hidrográficas –Castilla-La Mancha pertenece a siete– donde cada año, en función del agua disponible y de las demandas, incluidas las necesidades ecológicas, se decide el reparto. Y los trasvases. Allí se sientan los usuarios y los gobiernos autonómicos, y allí sí que existen reservas para necesidades específicas. La ciudad de Albacete, por ejemplo, tiene concedido un metro cúbico por segundo del Júcar para abastecimiento urbano.
El Gobierno es muy libre de dar 6.000 hectómetros cúbicos a una región este año, el que viene y el otro, si los hay, pero blindar una cantidad de agua es tan absurdo como blindar las transferencias que recibirá una comunidad de los Presupuestos –¿les suena?– sin saber cuánto se recaudará. Quizás Zapatero piense que con blindajes económicos o hídricos se quita el problema de negociar cada año, pero lo que hace es restar poder al Gobierno. En Valencia ya hay voces que piden las competencias sobre playas porque el Estado limita los chiringuitos. Todo se andará.
La ministra Cristina Garmendia dejó buen sabor de boca entre los empresarios que la invitaron a comer en Valencia el pasado jueves, a pesar de que no resolvió su principal queja, sobre las no ayudas a la Red de Institutos Tecnológicos (Redit). Fue el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, el encargado de cantarle las cuarenta con tres preguntas sobre los recortes anunciados para 2010, la "baja ejecución presupuestaria" de este año y, la más esperada, la razón por la que ha dejado a nuestros institutos sin un euro de subvención.
Garmendia improvisó la respuesta a las dos primeras, de alcance nacional y que ya debe haber contestado más de una vez, y se extendió en el tema de los institutos con numerosos datos que traía preparados. Por ejemplo, que estos 14 centros tecnológicos son los que más subvenciones han recibido desde 2004, el 23 por ciento del total nacional, y que gracias a la "calidad" que atesoran van a seguir recibiendo ayudas, pero con un nuevo sistema. A partir de 2010, tendrán que competir en las convocatorias con el resto de España y habrá dinero para los proyectos de mayor calidad. He consultado a una persona que conoce los institutos y le parece bien la novedad, porque "evitará la funcionarización" de algunos centros –"cotos reservados" los llamó la ministra– acostumbrados a recibir dinero hagan lo que hagan. Porque no todo es oro en la reluciente red valenciana.
Para lo que Garmendia no tuvo argumentos convincentes es para explicar por qué al margen del nuevo sistema se han presupuestado 60 millones para los centros tecnológicos de Cataluña, País Vasco y Extremadura, casualmente gobernadas por el PSOE. Su pobre excusa fue que así lo decidió el Parlamento. ¿Acaso no lo comparte?
Al presidente de Redit, Damián Frontera, se lo habían explicado cuando fue a Madrid hace días a quejarse, cargado de argumentos, y quien le atendió en el Ministerio le espetó: "No te esfuerces, Damián, que esto es política y no hay nada que hacer". Y se acabó la discusión.
No compartí en su día las críticas a Francisco Camps y Rita Barberá cuando pasearon en un Ferrari al presidente de la escudería italiana y a los pilotos Alonso y Massa, y le robaron la foto de portada a Mariano Rajoy, que a la misma hora pronunciaba el discurso de clausura del congreso del PP en Barcelona. Es obvio que el sitio de ambos gobernantes estaba en la promoción de Valencia antes que en un mitin de partido, y criticar que se subieran a un Ferrari con la crisis que nos azota fue tan demagógico como censurar el consumo de gambas mientras mueren niños de hambre en África.
La Generalitat ha filtrado ahora que Valencia aspira a albergar un parque temático de Ferrari como el que se construye en Abu Dhabi, mientras se da por hecho que la ciudad albergará en enero la primera presentación conjunta de todas las escuderías del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. "Esto es una consecuencia directa del famoso domingo con Ferrari en Cheste", ha dicho Rita. La estrategia de grandes eventos como trampolín para la ciudad se está desarrollando con notable éxito, pese a las críticas al PP valenciano, que lo llevaba en su programa electoral y que no escatima esfuerzos ni presupuesto.
Anuncian, por cierto, que el nuevo evento de la Fórmula 1 no costará un euro a las arcas públicas, aunque ahí su credibilidad está por los suelos. Basta recordar que el Gran Premio de Valencia también nos iba a salir gratis y le estamos pagando a Ecclestone 18 millones de euros anuales que debería abonar la empresa Valmor Sport, además de casi 100 millones en obras.
En este sentido, se agradecería un poco de transparencia. El Gobierno valenciano volvió a negar el pasado viernes a la oposición parlamentaria el derecho a fiscalizar los contratos que firma la Generalitat, uno de ellos, el de Valmor Sport. Durante años, rehusó entregar en las Cortes los contratos con Orange Market, hasta que estalló el caso Gürtel y nos enteramos de que los ocultaba porque había algo que ocultar. ¿Hay ahora alguna cláusula de la que avergonzarse?
El 30 de junio de 1982, las Cortes Generales aprobaron por amplísima mayoría la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), pactada por los dos grandes partidos de entonces, UCD y PSOE. Los gobiernos catalán y vasco, CiU y el PNV presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad por entender que algunos artículos no se ajustaban a la Carta Magna. Catorce meses después, en agosto de 1983, el Tribunal Constitucional anuló 14 de los 38 artículos porque invadían competencias de las comunidades autónomas. Todos acataron la sentencia porque una de las funciones del Tribunal Constitucional es impedir que una ley, por mucho respaldo que tenga, vulnere la Constitución.
El 10 de mayo de 2006, las Cortes Generales aprobaron por mayoría absoluta, con el voto en contra del PP y la abstención de ERC, el nuevo Estatut de Catalunya, refrendado por los catalanes el 18 de junio en un referéndum. El PP, el Gobierno de Aragón, el de Baleares y el Defensor del Pueblo presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad por entender que algunos artículos no se ajustaban a la Carta Magna. Casi dos años y medio después, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. Cuando lo haga, todo el mundo acatará la sentencia, faltaría más, y de nuevo será la hora de la política, esperemos que de la alta política, de la que estamos huérfanos desde hace tiempo.
Varios asaltos después de caer sobre la lona por primera vez, El Curita seguía en pie ante el asombro del público. Nadie daba un duro por él y su entrenador había pensado varias veces en tirar la toalla, pero ahí estaba, recibiendo una detrás de otra, ora una imputación, ora una querella, una conversación o una sesión de control. Porque hasta las preguntas le dolían. El Curita estaba grogui. Desorientado, sólo acertaba a lanzar puñetazos al aire, mentiras, respuestas sin sentido, burlas a destiempo, camionetas, cunetas, desplantes al público... Su patetismo daba pena hasta a sus rivales, mientras sus seguidores, avergonzados, rogaban que llegara cuanto antes el golpe definitivo que pusiera fin a tanto sufrimiento. "Paco, déjalo", le decían algunos. Pero El Curita, sordo, soñaba que era Rocky Balboa y que la música estaba a punto de cambiar. Sentado en su esquina, se veía a bordo de un Ferrari con el público puesto en pie aplaudiendo su victoria. Deliraba. Sonó el gong y comenzó un nuevo asalto...
Ningún asistente al famoso Comité Ejecutivo Regional (CER) del PP valenciano confirma, y muchos directamente lo niegan, que Ricardo Costa fuese destituido en esa reunión, en contra de lo que Mariano Rajoy sostiene porque así se lo dijo Francisco Camps. Según los asistentes, lejos de ejecutar las órdenes de Rajoy, Camps llegó a un acuerdo con Costa y luego pidió a todos que sonrieran y aplaudieran para que los periodistas que allí esperábamos viéramos que el PP es un partido unido. Como se puede ver en la foto que envió el PP regional, Ricardo Costa (a la izquierda) no llora, como lloró al día siguiente, sino que sonríe y aplaude con todos por el acuerdo alcanzado. Con todos excepto con González Pons (a la derecha), enviado por segunda vez -la primera fracasó, el 9 de octubre- por Rajoy para hacer cumplir sus órdenes. No se le ve muy contento.
Toda España sabe que Rajoy ha mentido, pero esta foto lo deja más en evidencia. En su rueda de prensa del otro día eché de menos una pregunta: ¿Le contaron González Pons y Trillo la misma versión de lo ocurrido en el CER que Camps? Y a los dos enviados que están desaparecidos desde entonces: ¿Ustedes que estaban allí, confirman que el CER destituyó a Ricardo Costa?
Ahora dice Rajoy que es mentira que estén buscando un sucesor para Camps, y espera que le creamos.
PS: El verbo cesar continúa siendo intransitivo. Es penoso ver cómo gran cantidad de periodistas han hablado/escrito estos días de que Camps cesa a Costa. Está tan generalizado, que la solución va a ser que la RAE lo acepte.
Si el juez del caso Gürtel sabe leer mínimamente entre líneas, debería incorporar al sumario el comunicado que esta mañana ha leído el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que deja bien clarito quién era el responsable, político y probablemente penal, de la presunta trama de corrupción que afecta al partido en Valencia: Francisco Camps. Transcribo algunas frases del comunicado con mis apostillas en cursiva y mis negritas, por si alguien no lo coge:
.... Vídeos de toda la comparecencia
"Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos hayan sido difíciles desde el punto de vista personal. Siempre he antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración". Las directrices para el 'número dos' del PP valenciano sólo podían venir de arriba, del 'número uno'.
"Tampoco resultaría procedente, como algún medio de comunicación ha apuntado, que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir como propias presuntas responsabilidades de terceros, responsabilidades que, en cualquier caso, no me consta que existan".
"Mis funciones como secretario general están establecidas en el artículo 28 de los estatutos del partido. Desempeño este cargo desde junio de 2007, anteriormente mis funciones eran las de vicesecretario general, cargo que ocupé desde noviembre de 2004" (...) "Nunca he tenido la responsabilidad de coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana y nunca he tenido la responsabilidad de organizarlas, pero me enorgullezco de haber colaborado en las grandes movilizaciones que han supuesto alguno de los actos políticos más importantes de España, como ha reconocido la propia dirección nacional del partido". Esto va por Vicente Rambla, que coordinó la última campaña, aunque el responsable último es, de nuevo, el de arriba.
"Con relación a la empresa Orange Market, quiero destacar que la decisión de trabajar con ella es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido. Yo nunca tomé esa decisión". La decisión la tomó el amiguito del alma de 'El Bigotes', Francisco Camps, como revela Correa en una de las conversaciones intervenidas por la Policía.
"Además, nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con ninguna empresa, ni, en concreto, con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción, y si se hubiera materializado lo habríamos cumplido como siempre". Esto va por Rajoy, que dijo que él había dado la orden de dejar de contratar con el entramado de Correa.
"También quiero dejar constancia que como secretario general, todas las personas que han trabajado conmigo lo han hecho en la defensa de los principios y valores que defiende el Partido Popular y lo han hecho de forma leal y con absoluta corrección. Si alguno hubiera cometido alguna irregularidad, no puedo asumir su responsabilidad personal, pero sí asumiría plenamente la responsabilidad política de sus actuaciones". Mensaje a Camps: Si alguno de los que han trabajado contigo ha cometido alguna irregularidad, por ejemplo yo, el responsable político eres tú.
"Creo que las conversaciones aparecidas en medios de comunicación y que afectan a mi persona pueden haber sido en algún caso desafortunadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que fueron realizadas hace más de 9 meses, que yo desconocía la vinculación de esas personas con cualquier trama, que fueron privadas, que no tiene transcendencia y relevancia judicial, y desde luego hoy, teniendo la información que tengo, nunca las habría mantenido. En cualquier caso, quiero aprovechar esta ocasión para pedir públicamente disculpas a todos los militantes de mi partido. Debo reconocer que cuando he leído esas conversaciones escritas en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente.También pido como secretario general, que cualquier conversación que haya tenido cualquier dirigente del PPCV con esas personas se interprete de la misma forma y se tenga en cuenta que se produjo en mi contexto y unas circunstancias radicalmente diferentes". El único dirigente, además de Costa, que sale en las grabaciones hablando con 'El Bigotes' de qué "bonito" es "lo nuestro" es Camps, que ni ha dado explicaciones ni se ha avergonzado ni ha pedido disculpas a sus militantes.
"Como secretario regional no tengo ninguna responsabilidad en la adjudicación de contratos públicos. Esas responsabilidades no me competen. Tampoco he desarrollado ninguna gestión ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana a favor de cualquier empresa. Por supuesto ninguna en beneficio de las sociedades de la trama Gürtel". La responsabilidad en estas adjudicaciones es de la Generalitat que preside Francisco Camps.
"Quiero destacar también que he pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello. Nadie me los ha regalado y por unanimidad el TSJCV acordó archivar el proceso penal". Costa parafrasea aquí a Camps cuando dijo "yo me pago mis trajes", pero el juez instructor consideró que Camps no decía la verdad, aunque el TSJ no lo consideró delito. Costa también destaca que su proceso se aprobó por unanimidad, cosa que no ocurrió en el caso de Camps.
Fin. No sé quién ha asesorado a Costa para elaborar este comunicado (prometo dejar constancia si me entero), pero después de escucharlo o leerlo Camps no se ha atrevido esta tarde a ejecutar la destitución de Costa, como prometió el viernes a Rajoy. Ricardo Costa ha unido su futuro al de Camps y éste ha aceptado, probablemente porque no le quedaba otra opción.
De pequeño quería ser periodista y árbitro. Lo segundo no lo conseguí, pero siempre me atrajo la idea de impartir justicia. Además de Periodismo, estudié cuatro cursos de Derecho, pero mis obligaciones profesionales y familiares me llevaron a dejarlo. Desde 1992 escribo en prensa.
esdejusticia@gmail.com
Así comienza el artículo Corrupción: ¡indignaos!, escrito por el eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner y la catedrática de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes y publicado en El Mundo, sobre lo mucho que podrían hacer y no hacen las administraciones contra la corrupción:
El 23 de febrero de 1981 tenía yo 11 años, edad a la que ya leía el periódico y me interesaba algo la política. A partir de ese día me iba a interesar más. A media tarde llamó a la puerta nuestra vecina Carmen: "Javier, ¿está tu madre?". "No, estoy yo solo con la tía" (en casa éramos siete, mis padres y cinco hermanos, más mi tía, que venía casi todos los días). "Pues dile a tu tía que no salga nadie de casa porque ha habido un golpe de Estado". "¿Un qué?". "Un golpe de Estado. Tú díselo, que ella sabe lo que es". 
El sobreseimiento del grueso del caso Fabra por prescripción, decidido por la Audiencia de Castellón, supone un nuevo hito en la carrera del penalista Javier Boix, gran conocedor de la maquinaria judicial y, por tanto, de sus errores. Este catedrático de Penal de la Universitat de València se ha convertido en el rescatador de políticos implicados en casos de corrupción, a los que salva de las garras de la Justicia ahorrándoles la difícil -a veces imposible- tarea de demostrar su inocencia. El atajo de Boix consiste en la búsqueda de errores formales con los que anular el proceso. En el caso Fabra se ha mostrado, además de astuto, calculador: Javier Boix sabía desde hacía meses, puede que años, que a pesar de la investigación y del ruido mediático, faltaba una denuncia formal que iniciara el procedimiento por los delitos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, pero calló y dejó seguir la tramitación -siete años dura ya- dilatándola con todo tipo de recursos y peticiones. Cumplido el plazo legal de la prescripción y con Carlos Fabra a las puertas de la sala de vistas, Boix destapó sus cartas el pasado mes de junio y pidió el sobreseimiento. (puedes leer todo el artículo en mi otro blog)
La huelga general ha sido un fracaso, como se preveía. Algunas personas me han preguntado por qué la secunde (en mi caso el día 28 al trabajar en un periódico) a pesar de que la consideraba tardía y muy mal organizada. He aquí mis razones y mis reflexiones al respecto:
La exposición de fotoperiodismo Fragments d’un any 2009 (Fragmentos de un año) ha sido reinaugurada este jueves en la Galería Tomás March, de Valencia (ver mapa), seis días después de haber sido censurada en el Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat (MuVIM) por el diputado de Hacienda y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla, porque no le gustaban algunas imágenes de lo que fue noticia el año pasado.
El hombre de la foto se llama Máximo Caturla Rubio y, aunque le gustaría ser conseller de Economía en el Gobierno de Francisco Camps, sólo es vicepresidente cuarto de la Diputación de Valencia, responsable del área de Economía y Hacienda. Caturla es el inductor de la censura impuesta a diez fotografías de la muesta Fragments d'un any, según se desprende de la carta de dimisión presentada por el director del MuVIM, Román de la Calle, después de que la Unió de Periodistes Valencians retirase la exposición en señal de protesta por un atentado contra la libertad de expresión que sólo Rita Barberá entre los dirigentes del PP se ha a atrevido a criticar, auque sea levemente.
Te supongo al tanto, querido lector, del enésimo atentado contra la libertad de expresión perpetrado por el PP de la Comunitat Valenciana, esta vez con la censura a la tradicional exposición Fragments d'un any, organizada por la Unió de Periodistes Valencians, que resume en 91 fotografías de 38 profesionales publicadas en medios de comunicación lo que fue el año 2009. Pretender que el caso Gürtel no fue parte de la actualidad valenciana el año pasado es del género estúpido, pero así lo entendieron los diputados provinciales Salvador Enguix y Máximo Caturla, quienes con permiso del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ordenaron retirar la fotografías donde aparecían políticos. Diez en total, de las que cinco tenían algo que ver con el caso Gürtel.
la información política, en la que dos contendientes cruzan acusaciones sobre un hecho concreto y comprobable, como puede ser determinado gasto, y los periodistas se limitan a recoger lo que dicen uno y otro, sin cumplir con su obligación, que es decirle a los lectores o la audiencia cuál es la realidad y quién miente.
Francisco Camps ha visitado hoy las obras de la línea 2 del metro de Valencia. Corregidme si me equivoco, pero, ¿no es ésta la primera vez que el presidente de los valencianos se digna a bajar al metro desde que ocurrió el accidente en la línea 1 que causó 43 muertos el 3 de julio de 2006?
No compartí en su día las críticas a Francisco Camps y Rita Barberá cuando pasearon en un Ferrari al presidente de la escudería italiana y a los pilotos Alonso y Massa, y le robaron la foto de portada a Mariano Rajoy, que a la misma hora pronunciaba el discurso de clausura del congreso del PP en Barcelona. Es obvio que el sitio de ambos gobernantes estaba en la promoción de Valencia antes que en un mitin de partido, y criticar que se subieran a un Ferrari con la crisis que nos azota fue tan demagógico como censurar el consumo de gambas mientras mueren niños de hambre en África.
Ningún asistente al famoso Comité Ejecutivo Regional (CER) del PP valenciano confirma, y muchos directamente lo niegan, que Ricardo Costa fuese destituido en esa reunión, en contra de lo que Mariano Rajoy sostiene porque así se lo dijo Francisco Camps. Según los asistentes, lejos de ejecutar las órdenes de Rajoy, Camps llegó a un acuerdo con Costa y luego pidió a todos que sonrieran y aplaudieran para que los periodistas que allí esperábamos viéramos que el PP es un partido unido. Como se puede ver en la foto que envió el PP regional, Ricardo Costa (a la izquierda) no llora, como lloró al día siguiente, sino que sonríe y aplaude con todos por el acuerdo alcanzado. Con todos excepto con González Pons (a la derecha), enviado por segunda vez -la primera fracasó, el 9 de octubre- por Rajoy para hacer cumplir sus órdenes. No se le ve muy contento.
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