Mis palabras de homenaje a Concita de Gregorio, directora de 'L'Unitá'

Este 3 de mayo, día internacional de la libertad de prensa, he tenido el honor de entregar uno de los premios Llibertat d'Expresió que otorga la Unió de Periodistes Valencians. Los galardonados este año han sido la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana, el periodista de tribunales del diario Levante Ramón Ferrando y la directora de L'Unitá, Concita de Gregorio. A mí me ha correspondido presentar y entregar el premio a la periodista italiana (foto), y lo he hecho con las palabras que reproduzco a continuación:

"Desde hace algún tiempo oímos hablar del peligro de ‘berlusconización’ de la vida política española. ‘Berlusconización’, dícese de una forma de hacer política que aprovecha las ventajas de la democracia y de la división de poderes para amenazar la democracia a base de pervertir cada uno de esos poderes. Un poder ejecutivo corrupto, un poder legislativo a merced de los intereses de los corruptos y un poder judicial maniatado por leyes a favor de los corruptos. Todo ello sostenido por ingentes cantidades de dinero de dudosa procedencia y avalado en muchas ocasiones por el llamado cuarto poder, controlado por los mismos, y que, por si esto fuera poco, inocula en la opinión pública italiana unos modales chulescos, cínicos y machistas.

Nos preguntamos cómo es posible que la mayoría de los italianos vote a Berlusconi. Entre otras razones, por el control que ejerce sobre las principales cadenas de televisión públicas y privadas. Su absolutismo sería total si no existiese un grupo de periodistas y de medios de comunicación que desde hace años denuncia sus tropelías. Es a este grupo de profesionales al que la Unió de Periodistes Valencians ha querido otorgar este año uno de sus premios Llibertat d’Expresió. Y lo hace en la persona de Concita de Gregorio, directora del diario L’Unitá, que combate todos los días de forma activa la ‘berlusconización’ de la sociedad italiana, lo que le ha valido, por ejemplo, una millonaria demanda de Berlusconi por sacar a la luz sus vergüenzas.

Concita de Gregorio es directora de L’Unitá desde hace casi tres años. Antes, trabajó 18 años en La Repubblica, otro de los diarios que al Primer Ministro le gustaría cerrar a base de demandas. Es autora de varios libros, el último de los cuales, Un país sin tiempo, es una radiografía del círculo vicioso en el que se encuentra la política italiana. Antes, publicó Malamore, sobre el problema de la violencia de género, alimentado allí por el estereotipo de mujer sumisa y despersonalizada que transmiten las televisiones que controla Berlusconi.

Y es que Concita de Gregorio es, además de periodista, mujer, lo cual no sería digno de mención si no fuera porque las mujeres ocupan el primer puesto entre todo aquello que no respeta el mal llamado ‘Cavaliere’. Ejercer hoy el periodismo libre en Italia se nos antoja difícil. Hacerlo siendo una mujer se nos antoja una heroicidad. La batalla por la dignidad de la mujer que ha emprendido, entre otras, la directora de L’Unitá se asemeja a la que heroínas de la causa feminista libraron en la primera mitad del siglo XX. En algunas cosas, Italia ha retrocedido 60 años. Sin embargo, la respuesta popular al llamamiento de L’Unitá y de su directora hace albergar esperanzas.

Por todo lo dicho, Concita de Gregorio representa para los periodistas valencianos un ejemplo a la hora de enfrentarnos a situaciones que empiezan a parecerse a las de Italia, con corruptos en las instituciones y en las listas electorales o alcaldes que barren en las encuestas después de hacer chistes chabacanos sobre los morritos de una ministra. Este premio debe servir para recordarnos que, frente a los aprendices del ‘berlusconismo’, tenemos una misión y una obligación. Gracias, Concita, por recordarnos cuál es el camino."

De cómo los políticos miran hacia otro lado ante la corrupción

Así comienza el artículo Corrupción: ¡indignaos!, escrito por el eurodiputado de UPyD Francisco Sosa Wagner y la catedrática de Derecho Administrativo Mercedes Fuertes y publicado en El Mundo, sobre lo mucho que podrían hacer y no hacen las administraciones contra la corrupción:

Corrupción: ¡indignaos!

Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas.

Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos.

Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?

Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen... (lee aquí el artículo completo).

El ‘caso Fabra’, otro éxito del abogado Boix

El sobreseimiento del grueso del caso Fabra por prescripción, decidido por la Audiencia de Castellón, supone un nuevo hito en la carrera del penalista Javier Boix, gran conocedor de la maquinaria judicial y, por tanto, de sus errores. Este catedrático de Penal de la Universitat de València se ha convertido en el rescatador de políticos implicados en casos de corrupción, a los que salva de las garras de la Justicia ahorrándoles la difícil -a veces imposible- tarea de demostrar su inocencia. El atajo de Boix consiste en la búsqueda de errores formales con los que anular el proceso. En el caso Fabra se ha mostrado, además de astuto, calculador: Javier Boix sabía desde hacía meses, puede que años, que a pesar de la investigación y del ruido mediático, faltaba una denuncia formal que iniciara el procedimiento por los delitos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, pero calló y dejó seguir la tramitación -siete años dura ya- dilatándola con todo tipo de recursos y peticiones. Cumplido el plazo legal de la prescripción y con Carlos Fabra a las puertas de la sala de vistas, Boix destapó sus cartas el pasado mes de junio y pidió el sobreseimiento. (puedes leer todo el artículo en mi otro blog)

Indiferencia ante el cáncer de la democracia

De la encuesta del CIS hecha pública este 11-10-10 me quedo con un dato muy significativo: sólo el 3,1% de los españoles considera que la corrupción es uno de los tres mayores problemas de España. Y así nos va, que vamos siendo devorados por este verdadero cáncer de la democracia (perdón por el tópico, pero no se me ocurre una metáfora más certera) ante la indiferencia de los ciudadanos, la permisividad de los poderes públicos y la impunidad de los corruptos. La publicación de la encuesta ha coincidido con el último informe judicial sobre el caso Gürtel, sobre un fraude masivo cometido por RTVV aprovechando la visita del Papa Benedicto XVI, quien debió haber parafraseado a Jesucristo gritando aquello de "habéis convertido mi casa (mi visita a Valencia) en una cueva de ladrones". Recientemente escribí en mi otro blog sobre el saqueo de Emarsa, y el otro día una amiga que trabajó para una empresa pública hace tres o cuatro años me dijo que salió de allí espantada de ver cómo los políticos y sus amigos se repartían el dinero.

Los medios de comunicación llevamos años haciendo públicos todos estos desmanes, pero el efecto parece ser el contrario al deseable en una democracia que se precie de serlo. La gente está harta; la gente no tiene conciencia de que nos están robando a todos, de que es nuestro dinero; a la gente le preocupan otros problemas, según la encuesta del CIS, como el paro, la inmigración, la vivienda, la educación o los nacionalismos. Quizás hace falta algo más de presión por parte de los medios, un mensaje claro, del tipo: "te están robando a ti", y una exigencia continua de dimisión o destitución de los corruptos. Hay que hacer algo.

Otro ejemplo (no español) de responsabilidad política

Vuelvo a quitarme el sombrero ante la tradición anglosajona de la responsabilidad política. El secretario-jefe del Tesoro británico, David Laws, cobraba como diputado un extra por el alquiler de su vivienda de Londres, ya que es de fuera, y siguió cobrándolo cuando una ley de 2006 prohibió hacerlo si el beneficiario de ese alquiler era la pareja, de hecho o de derecho, del diputado. Laws dice que lo hizo para no desvelar que la persona con la que vive y a la que paga un alquiler no era su compañero de piso sino su novio, ya que ocultaba su homosexualidad a todo el mundo, incluidos familiares y amigos.

Laws ha dimitido y va a devolver el dinero, y desde el país donde en casos mucho más vergonzosos no dimite ni dios y no devuelve el dinero ni cristo dan ganas de aplaudirle.

Tabacalera, un pelotazo que siempre olió muy mal

El Ayuntamiento de Valencia decidió hace algunos años adquirir la antigua fábrica de Tabacalera y decidió hacerlo mediante una permuta del inmueble, recién adquirido por un empresario local, con un edificio municipal situado en uno de los mejores puntos de Valencia, en la plaza de América, frente al jardín del Turia. El asunto olió mal desde el principio y fue apestando a medida que conocíamos detalles de la operación. Sobre todo, porque se renunció a subastar el valioso inmueble municipal, con lo que se habría obtenido dinero suficiente para comprar tres tabacaleras.

El PSPV-PSOE, con su portavoz municipal, Carmen Alborch, a la cabeza, ha denunciado ahora ante la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento que preside Rita Barberá por un presunto delito de prevaricación. Es interesante leer la denuncia, que enlazo aquí (.pdf), porque relata cómo fueron sucediendo los hechos y cómo el empresario acabó teniendo un beneficio de 100 millones de euros, según cálculos documentados de los denunciantes. Por si no tienes tiempo o no te apetece, he aquí una enumeración de los hechos:

1999: Altadis traslada la producción y cierra la fábrica de Tabacalera. (en la foto, la fábrica antes de los derribos)

2001: El Ayuntamiento, por unanimidad, decide intentar adquirir el edificio, que éste mantenga su protección y que no tenga en ningún caso un uso residencial, sino administrativo.

2002: El Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura deciden otorgar al edificio de Tabacalera la máxima protección prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la de Bien de Interés Cultural (BIC).

2002: Seis días después del acuerdo para declararlo BIC, la empresa Inmobiliaria Guadalmedina (IGSA), del Grupo Ballester, compra a Altadis el 49% del edificio por 7,9 millones de euros. La Generalitat paraliza el expediente de declaración de BIC. Cinco meses después, IGSA solicita la permuta de la parte central del edificio y el derribo de las naves laterales y traseras para construir viviendas.

2005: la alcaldesa, Rita Barberá, firma el acuerdo de PERMUTA en los términos solicitados por IGSA y se compromete a rebajar la protección del edificio, derribar parte del mismo, permitir a IGSA construir viviendas en los solares resultantes y permutar la parte central de la antigua fábrica por el edificio municipal de la plaza de América. (en la segunda foto, figuración de cómo quedará el edificio con los bloques residenciales detrás)

• En la permuta, para valorar el edificio del Ayuntamiento se utiliza un informe municipal, sin tasación independiente, que fija el precio en 4.173 euros por metro cuadrado. (en la tercera foto, el inmueble municipal que ya está siendo derribado)
  
• Pocos meses después, la Generalitat subasta un edificio situado a 70 metros de distancia pero en segunda línea respecto al jardín del Turia, el de los antiguos juzgados. Alcanza un precio de 7.134 euros por metro cuadrado.

2006: la Generalitat y el Ayuntamiento descatalogan el edificio, recalifican el inmueble y autorizan el derribo de las naves traseras y laterales. Unas semanas después, IGSA adquiere el 51% restante a Altadis por 52 millones de euros.

2007: La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Cultura se pronuncian contra el derribo. Las naves se derriban.

El hedor que desprende la operación urbanística de marras intentan aventarlo con la imagen de lo bonito que ha quedado el nuevo edificio municipal en Tabacalera (45 millones de euros ha costado la reforma). Le toca hablar a la Justicia. Delito o no, para éste que paga sus impuestos en Valencia es una vergüenza.

El patético combate de 'El Curita'

Varios asaltos después de caer sobre la lona por primera vez, El Curita seguía en pie ante el asombro del público. Nadie daba un duro por él y su entrenador había pensado varias veces en tirar la toalla, pero ahí estaba, recibiendo una detrás de otra, ora una imputación, ora una querella, una conversación o una sesión de control. Porque hasta las preguntas le dolían. El Curita estaba grogui. Desorientado, sólo acertaba a lanzar puñetazos al aire, mentiras, respuestas sin sentido, burlas a destiempo, camionetas, cunetas, desplantes al público... Su patetismo daba pena hasta a sus rivales, mientras sus seguidores, avergonzados, rogaban que llegara cuanto antes el golpe definitivo que pusiera fin a tanto sufrimiento. "Paco, déjalo", le decían algunos. Pero El Curita, sordo, soñaba que era Rocky Balboa y que la música estaba a punto de cambiar. Sentado en su esquina, se veía a bordo de un Ferrari con el público puesto en pie aplaudiendo su victoria. Deliraba. Sonó el gong y comenzó un nuevo asalto...

Amistades peligrosas y amistades provechosas

(Columna publicada en El Economista el 26-10-09)

En una de las conversaciones intervenidas que constan en el sumario del caso Gürtel, dos integrantes de la presunta trama corrupta hablan por teléfono y uno le dice al otro que "Paco Camps es íntimo amigo, íntimo, pero muy íntimo amigo de [Ignacio] Sánchez Galán" (presidente de Iberdrola, que nada tiene que ver con el caso), hasta el punto de que no le extrañaría que el presidente valenciano acabase en la compañía eléctrica cuando deje la política. Lo cual prueba que amiguitos del alma puede haberlos de muchas clases, desde sinvergüenzas que te arruinan la carrera política hasta líderes empresariales que te ayudan a hacer patria.

Sánchez Galán, obviamente, es de los segundos y su amistad con Camps –no su grado, si es cierto lo que dice el mangante– es conocida y se ha evidenciado en numerosas iniciativas del Ejecutivo valenciano que han contado con el apoyo económico de Iberdrola, como la Copa América de vela. Con todo, la estrecha relación de la compañía con el Gobierno de la región que le proporciona el 30 por ciento de todos sus clientes en España viene de años atrás, al menos de la época de Zaplana e Íñigo de Oriol. Es incluso excesiva, ya que cuando ha habido apagones, cobros indebidos u otros abusos del casi monopolio jamas la Generalitat se ha puesto de parte de los consumidores.

Viene todo esto a cuento de que la amistad entre Camps y Sánchez Galán por lo menos ha sido provechosa para Valencia, adonde Iberdrola Renovables trasladó su sede social el año pasado por el "tesón" del presidente Camps, según explicó Galán. Ahora anuncia que Renovables instalará en la capital valenciana un centro de operaciones con personal cualificado, todo un gesto en un momento en el que otra cotizada, el Grupo Natra, se lleva su sede operativa a Madrid como en su día hicieron compañías como Baviera, Sos o el Grupo Boluda, hartas de las malas comunicaciones entre la capital y la tercera ciudad española, y entre ésta y el resto del mundo. Un problema que el AVE debe solucionar en parte dentro de 14 meses.

La foto que desmiente aún más a Rajoy

Ningún asistente al famoso Comité Ejecutivo Regional (CER) del PP valenciano confirma, y muchos directamente lo niegan, que Ricardo Costa fuese destituido en esa reunión, en contra de lo que Mariano Rajoy sostiene porque así se lo dijo Francisco Camps. Según los asistentes, lejos de ejecutar las órdenes de Rajoy, Camps llegó a un acuerdo con Costa y luego pidió a todos que sonrieran y aplaudieran para que los periodistas que allí esperábamos viéramos que el PP es un partido unido. Como se puede ver en la foto que envió el PP regional, Ricardo Costa (a la izquierda) no llora, como lloró al día siguiente, sino que sonríe y aplaude con todos por el acuerdo alcanzado. Con todos excepto con González Pons (a la derecha), enviado por segunda vez -la primera fracasó, el 9 de octubre- por Rajoy para hacer cumplir sus órdenes. No se le ve muy contento.

Toda España sabe que Rajoy ha mentido, pero esta foto lo deja más en evidencia. En su rueda de prensa del otro día eché de menos una pregunta: ¿Le contaron González Pons y Trillo la misma versión de lo ocurrido en el CER que Camps? Y a los dos enviados que están desaparecidos desde entonces: ¿Ustedes que estaban allí, confirman que el CER destituyó a Ricardo Costa?

Ahora dice Rajoy que es mentira que estén buscando un sucesor para Camps, y espera que le creamos.

PS: El verbo cesar continúa siendo intransitivo. Es penoso ver cómo gran cantidad de periodistas han hablado/escrito estos días de que Camps cesa a Costa. Está tan generalizado, que la solución va a ser que la RAE lo acepte.

Se busca líder para restablecer la confianza

(Columna publicada en El Economista el 19-10-09)

Hay cosas que "quizás no sean punibles penalmente, pero sí éticamente". Es el argumento de María Dolores de Cospedal para justificar la destitución de Ricardo Costa –lo de que salió respondón no cuela porque ya estaba sentenciado–, irreprochable, aunque la número dos del PP se refería sólo a las formas y no al fondo. Es justo lo contrario de lo que dijo un consejero valenciano cuando le preguntaron si le parecía ético haber adjudicado contratos menores a dedo durante años a la empresa de un amigo íntimo: "Lo ético es cumplir la legalidad", afirmó. Y Camps lo consintió, como consintió lo de Carlos Fabra, porque confundir la ética con la legalidad y decir que todo vale mientras la lenta justicia no tome cartas es la estrategia en Valencia. O era, con permiso de Rajoy, hasta que Esperanza Aguirre la puso en evidencia.

Ahora, tras la semana de pasión de Costa todo ha dejado de ser bonito para Camps. Se le ha pinchado el globo de la confianza –Plan Confianza se llama su última campaña propagandística–, imposible de volver a hinchar en política. Rajoy dice que sigue confiando en él y simula que Camps no le mintió al salir de ese memorable Comité Ejecutivo Regional donde también engañó a los casi cien dirigentes presentes. La traición final del drama, con la ejecución de Costa al amanecer, acabó por extender el desengaño a todo Grupo Popular en las Corts. No por Costa, por cuya caída brindó más de uno, sino porque ya nadie se siente a salvo.

El poder de convocatoria del presidente flojea, los empresarios y otros representantes de la sociedad civil se excusan –los periodistas llenan el hueco– o acuden incómodos a sus actos y cada vez menos voces populares siguen la consigna de salir en tromba a defender a su jefe."Allí hay una reserva extraordinaria", dijo Fraga el otro día, dando por hecho el relevo. Un destacado miembro del partido ya lo expresó en privado nada más levantarse el secreto del sumario: "Hay que buscar otro líder". Y en ello están, con Gerardo Camps y Rita Barberá como favoritos.

Fiscalización del contrato que logró la 'trama Gürtel' cuando la visita del Papa

El País publica hoy que "La red Gürtel se embolsó un millón de euros en comisiones por la visita del Papa", gracias a un contrato de 6,46 millones que obtuvo a través de la empresa Teconsa, por parte de RTVV, para la sonorización y montaje de pantallas de vídeo en Valencia durante la visita del Papa Benedicto XVI los días 7 y 8 de julio de 2006. RTVV ha sacado un comunicado que afirma que sus directivos "siempre han cumplido todos los procedimientos legales establecidos en la contratación de servicios".

He mirado el informe de la Sindicatura de Comptes (equivalente autonómico al Tribunal de Cuentas) de 2006 y resulta que fiscalizó dicho contrato. Esto es lo que dice, por si aporta algo de luz:

Alquiler equipamiento pantallas
Contrato formalizado el 10 de mayo de 2006 cuyo objeto es el alquiler del suministro de equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para realizar una cobertura televisiva integral de la visita del Papa a Valencia los días 7, 8 y 9 de julio de 2006, en la programación especial del evento a cargo de RTVV, por un importe de 6.460.000 euros más IVA y con vigencia hasta el 10 de julio de 2006.
El expediente se ha tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad con petición de varias ofertas (siete en total). El pliego de condiciones contempla que los criterios de adjudicación serán no sólo económicos, sino también de fiabilidad y viabilidad técnica y operativa. En el expediente no constan las valoraciones específicas de las colaboraciones que el adjudicatario indica en su oferta para la ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las estipulaciones al respecto previstas en el pliego.

De cómo Costa unió su futuro al de Camps

Si el juez del caso Gürtel sabe leer mínimamente entre líneas, debería incorporar al sumario el comunicado que esta mañana ha leído el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que deja bien clarito quién era el responsable, político y probablemente penal, de la presunta trama de corrupción que afecta al partido en Valencia: Francisco Camps. Transcribo algunas frases del comunicado con mis apostillas en cursiva y mis negritas, por si alguien no lo coge:

....
Vídeos de toda la comparecencia

"Nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, aunque en algunos casos hayan sido difíciles desde el punto de vista personal. Siempre he antepuesto mi compromiso con Francisco Camps y con Mariano Rajoy a cualquier otra consideración". Las directrices para el 'número dos' del PP valenciano sólo podían venir de arriba, del 'número uno'.

"Tampoco resultaría procedente, como algún medio de comunicación ha apuntado, que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir como propias presuntas responsabilidades de terceros, responsabilidades que, en cualquier caso, no me consta que existan".

"Mis funciones como secretario general están establecidas en el artículo 28 de los estatutos del partido. Desempeño este cargo desde junio de 2007, anteriormente mis funciones eran las de vicesecretario general, cargo que ocupé desde noviembre de 2004" (...) "Nunca he tenido la responsabilidad de coordinar las campañas autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana y nunca he tenido la responsabilidad de organizarlas, pero me enorgullezco de haber colaborado en las grandes movilizaciones que han supuesto alguno de los actos políticos más importantes de España, como ha reconocido la propia dirección nacional del partido". Esto va por Vicente Rambla, que coordinó la última campaña, aunque el responsable último es, de nuevo, el de arriba.

"Con relación a la empresa Orange Market, quiero destacar que la decisión de trabajar con ella es anterior a que yo tuviera cualquier tipo de responsabilidad orgánica en el partido. Yo nunca tomé esa decisión". La decisión la tomó el amiguito del alma de 'El Bigotes', Francisco Camps, como revela Correa en una de las conversaciones intervenidas por la Policía.

"Además, nunca la dirección nacional ha pedido al PPCV ni a mí que dejase de trabajar con ninguna empresa, ni, en concreto, con Orange Market. Si la dirección nacional tenía otro criterio, nunca se materializó en una instrucción, y si se hubiera materializado lo habríamos cumplido como siempre". Esto va por Rajoy, que dijo que él había dado la orden de dejar de contratar con el entramado de Correa.

"También quiero dejar constancia que como secretario general, todas las personas que han trabajado conmigo lo han hecho en la defensa de los principios y valores que defiende el Partido Popular y lo han hecho de forma leal y con absoluta corrección. Si alguno hubiera cometido alguna irregularidad, no puedo asumir su responsabilidad personal, pero sí asumiría plenamente la responsabilidad política de sus actuaciones". Mensaje a Camps: Si alguno de los que han trabajado contigo ha cometido alguna irregularidad, por ejemplo yo, el responsable político eres tú.

"Creo que las conversaciones aparecidas en medios de comunicación y que afectan a mi persona pueden haber sido en algún caso desafortunadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que fueron realizadas hace más de 9 meses, que yo desconocía la vinculación de esas personas con cualquier trama, que fueron privadas, que no tiene transcendencia y relevancia judicial, y desde luego hoy, teniendo la información que tengo, nunca las habría mantenido. En cualquier caso, quiero aprovechar esta ocasión para pedir públicamente disculpas a todos los militantes de mi partido. Debo reconocer que cuando he leído esas conversaciones escritas en los medios de comunicación me han avergonzado profundamente.También pido como secretario general, que cualquier conversación que haya tenido cualquier dirigente del PPCV con esas personas se interprete de la misma forma y se tenga en cuenta que se produjo en mi contexto y unas circunstancias radicalmente diferentes". El único dirigente, además de Costa, que sale en las grabaciones hablando con 'El Bigotes' de qué "bonito" es "lo nuestro" es Camps, que ni ha dado explicaciones ni se ha avergonzado ni ha pedido disculpas a sus militantes.

"Como secretario regional no tengo ninguna responsabilidad en la adjudicación de contratos públicos. Esas responsabilidades no me competen. Tampoco he desarrollado ninguna gestión ante las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana a favor de cualquier empresa. Por supuesto ninguna en beneficio de las sociedades de la trama Gürtel". La responsabilidad en estas adjudicaciones es de la Generalitat que preside Francisco Camps.

"Quiero destacar también que he pagado mis trajes y he aportado pruebas de ello. Nadie me los ha regalado y por unanimidad el TSJCV acordó archivar el proceso penal". Costa parafrasea aquí a Camps cuando dijo "yo me pago mis trajes", pero el juez instructor consideró que Camps no decía la verdad, aunque el TSJ no lo consideró delito. Costa también destaca que su proceso se aprobó por unanimidad, cosa que no ocurrió en el caso de Camps.

Fin. No sé quién ha asesorado a Costa para elaborar este comunicado (prometo dejar constancia si me entero), pero después de escucharlo o leerlo Camps no se ha atrevido esta tarde a ejecutar la destitución de Costa, como prometió el viernes a Rajoy. Ricardo Costa ha unido su futuro al de Camps y éste ha aceptado, probablemente porque no le quedaba otra opción.

La corrupción y "lo que interesa a los valencianos"

El presidente del Gobierno valenciano abrirá mañana en la tribuna de las Corts el debate anual de política general, al que llega arrasando en las encuestas y con artillería proporcionada por el propio Zapatero con la subida de impuestos que acaba de perpetrar. Francisco Camps hablará de economía, anunciará un plan de austeridad y puede que incluso una bajada de impuestos, en otro intento baldío de que el debate se centre en la crisis porque, dice, “es lo que interesa a los valencianos”. Como si a los valencianos y al resto de españoles que estarán pendientes de sus palabras no les interesase si el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente a través de Orange Market, como sostiene un informe policial filtrado oportunamente a la prensa días antes de este debate.

Porque una cosa es que muchos votantes no tengan en cuenta los escándalos de presunta corrupción, como ocurre con Carlos Fabra, referente moral del PP valenciano según dijo el propio Camps, y otra que esos votantes, los valencianos en general y hasta Mariano Rajoy no merezcan una explicación.

No le falta razón en que el caso Gürtel deslucirá el debate sobre los problemas económicos, pero si no le gusta, que hubiese dado explicaciones antes –hoy aún hay tiempo– en lugar de mandar a Ricardo Costa a decir que miremos al dedo policial en lugar de a la Luna.

Camps tendrá enfrente al portavoz socialista, Ángel Luna, excelente orador que con precisión y sin alterarse acostumbra a sacar de sus casillas a Camps y a todo el Grupo Popular. Así que el duelo promete, con el morbo añadido de escuchar a Costa como portavoz popular.

Al margen del debate político, está por ver el recorrido del informe policial. Si vuelve al TSJ por denuncia del PSOE o de la Fiscalía –lo tenían, por cierto, desde el 31 de julio–, es posible que al frente del tribunal ya no esté De la Rúa, amigo de Camps. Uno de los candidatos a sucederle, aunque con menos bazas que otros, es Luis Manglano, el instructor del caso Naseiro. Se cerraría así un círculo, como en Benidorm, 18 años después.

Benidorm, síntoma de una política devaluada

(Columna publicada en El Economista el 21-9-09)

Un miembro del Gobierno de Francisco Camps admitía el otro día en privado que los políticos valencianos están mostrando en los últimos meses una imagen nada edificante para la ciudadanía. Pocos días después, como si quisieran corroborar sus palabras, los 12 concejales socialistas de Benidorm torcían la voluntad de los votantes y se lanzaban a por la Alcaldía con la ayuda de un tránsfuga.

Era la crónica de una venganza anunciada desde antes del verano, cuando el PP quedó en minoría en la capital turística valenciana. Una ciudad que los socialistas, ya entonces controlados por la familia Pajín, perdieron en 1991 por el voto de una tránsfuga, Maruja Sánchez, asesora desde entonces de los sucesivos alcaldes populares y que será despedida en cuanto se consume la traición.

Lo de Benidorm tensa aún más la agria relación entre los dos grandes partidos en la Comunidad. Desde que estalló el caso Gürtel, monotema de los socialistas del que el PP no quiere oír hablar, ambos bandos nos regalan cruces de acusaciones, a veces con insultos como “desvergonzado”, “chulo político” o “barriobajero”. Mucho nivel, como se ve, en una disputa política en la que apenas se habla de paro, falta de crédito a las empresas o soluciones a la crisis.

El mal rollo afecta de lleno a las instituciones, con un bloqueo sin precedentes del PP al nombramiento como senadora de Leire Pajín, que debía serlo desde mayo, problema anterior por tanto a la moción de Benidorm en la que su familia participa activamente. El próximo conflicto institucional llegará con el previsible rodillo popular en la elección de representantes en las cajas de ahorro. Todo esto es poco edificante para la ciudadanía, como reconocía el político.

Tampoco ayuda a la imagen de los diputados autonómicos el hecho de que, pese a sus diferencias, se hayan puesto de acuerdo para otorgarse unos finiquitos de oro en contra del criterio del Letrado Mayor de las Corts, que los consideró ilegales. Ni que hayan despedido por ello al Letrado Mayor.

Echan al Letrado Mayor por decir que los finiquitos de los diputados son ilegales

Hace unos meses escribí varias entradas sobre la cara dura de nuestros políticos, en especial la de los diputados y ex diputados autonómicos valencianos, que se han adjudicado unos finiquitos estupendos (unos 700.000 euros en total) a costa de los valencianos sin molestarse siquiera en establecerlos por ley. Contaba entonces que el Letrado Mayor de las Corts y el jefe del Servicio Económico de la Cámara habían rechazado esos finiquitos por ilegales, en sendos informes, lo que obligó a la presidenta, Milagrosa Martínez, a pedir un tercer informe a alguien menos escrupuloso, que aceptó la mayoría de las indemnizaciones con muchos matices.

Pues bien, cuatro meses después de aquello, el Letrado Mayor seguía negándose a avalar los finiquitos, así que ha sido destituido por "falta de sintonía" con la presidenta. Es decir, por negarse a prevaricar. La nueva responsable jurídica de la Cámara ya sabe lo que hay y para qué la ponen.

El PP inventa la conferencia de prensa sin periodistas

Al PP no le gustan los periodistas. Le gustan los lameculos, los palmeros y encogidos que trabajan en los medios de comunicación. Como tenemos la suerte de que en España hay todavía bastantes periodistas que cumplen con su obligación de preguntar, los estrategas del PP ya no saben qué hacer para quitárselos de encima.

Empezaron no respondiendo a algunas preguntas; después inventaron las ruedas de prensa sin preguntas, también denominadas comparecencias para distinguirlas de las ruedas con preguntas, y la última ocurrencia ha sido la comparecencia sin preguntas y sin periodistas. Ha sido Francisco Camps, quién si no, quien abrió ayer la veda con una conferencia de prensa ante los funcionarios de la Generalitat, que recogieron sus palabras sobre el archivo del caso Gürtel, editaron el vídeo y se lo enviaron a los medios de comunicación. Dirán que para facilitarles la labor. Véase el resultado.



Sin flases, con eco, artificial, poco natural... La declaración la hizo a las 4 de la tarde en el salón gótico del Palau de la Generalitat, donde Camps hace sus comparecencias ante la prensa, aunque cada vez con menos frecuencia. Un buen número de periodistas con sus cámaras uy micrófonos estaban allí desde mediodía, al otro lado de la puerta del Palau, esperando que abriesen para escuchar y con un poco de suerte poder preguntar a Camps. Pero no les abrieron.

Hoy María Dolores de Cospedal ha hecho lo mismo. El PP ha enviado un vídeo con declaraciones suyas sobre nosequé, el contenido es lo de menos. En la última campaña electoral ya hubo quejas porque los partidos grababan, editaban y enviaban ellos las imágenes de los mítines. Hay que hacer algo. Hay que denunciarlo y hay que protestar.

Otrosí digo: ¿Ha destituido el ministro Celestino Corbacho a su director de comunicación, Manuel Fran i Trenchs, que el otro día amenazó a un periodista de TVE con que se iba a enterar de su nombre y no iba a volver por el Ministerio, por hacer una pregunta de lo más pertinente a Corbacho? Porque malo es que no te dejen preguntar, pero lo de este director de comunicación no tiene nombre. ¿A qué espera para destituirlo, a que emplee la violencia física?

Todos pendientes del TSJ en una semana clave para Camps

(Columna publicada en El Economista el 27-7-09)

Quedan cinco días de trabajo para la justicia penal antes de su mes inhábil y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana van a ser de mucho trabajo. Se espera, por un lado, que el magistrado José Flors acabe su tarea al frente del caso Gürtel, previsiblemente y según lo actuado hasta ahora, dictando la apertura de juicio con jurado contra Francisco Camps y compañía. Pero más aún se espera la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, que puede finiquitar la causa de los trajes presuntamente regalados en cualquier momento, con independencia de lo que haga Flors.

Los tres miembros del tribunal son conservadores, uno de ellos –su presidente, Juan Luis de la Rúa– muy amigo de Camps, por lo que el morbo está asegurado. Si archivan el caso porque se recordarán sus afinidades, y si no, porque al presidente valenciano parecerá que no lo salvan ni los suyos. La causa, ocurra lo que ocurra esta semana, coleará en septiembre, ya que todavía caben recursos.

Si Camps se va de vacaciones con fecha de juicio fijada, tendrá un mes para pensar sobre la dimisión, que todos sus acólitos le desaconsejan mientras justifican los regalos a los políticos y piden que se cambie el Código Penal para despenalizarlos. Hunden así su estrategia, ya que él sigue defendiendo que se pagó sus trajes, al contrario que Rita Barberá, que sí admite que El Bigotes le regaló bolsos sin que ni siquiera Garzón se atreva a empapelarla. Cosas de la justicia.

Mientras, en Valencia, muchos nos hacemos cruces ante la magnitud del escándalo "con lo que ha habido y hay por aquí", en palabras de un ex cargo del PP. Porque en la España de la picaresca lo de los trajes es sólo la punta del iceberg, pero no de Francisco Camps, sino de una sociedad donde el chanchullo, el enchufismo y las comisiones –en México lo llaman mordida– son parte de la cultura. Lo cual no exculpa a Camps de su posible cohecho impropio, aunque lo pone en contexto. Él mismo tiene cerca casos peores que no ha querido ver ni atajar. Ése es su mayor pecado.

El imborrable recuerdo de Jesús Salazar en las Fallas

(Columna en El Economista que publiqué sin foto el 22-6-09)

La noche del pasado 6 de febrero, Patricia Esteban llegó en un coche de caballos a su cena (a base de productos Sos) de exaltación como fallera mayor de Convento Jerusalén, la falla más chic de Valencia, la de los ricos y poderosos. Su esposo, Jesús Salazar, la esperaba vestido de torrentí junto a 120 invitados que se había traído de toda España, entre ellos, el mantenedor del acto Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE; presidentes y consejeros de bancos y cajas; el jefe de la Casa Real, Alberto Aza; empresarios, ejecutivos, amigos todos... A la entrada del acto, stands llenos de paquetes de arroz, botellas de aceite y otros productos del grupo entonces presidido por Salazar revelaban cuán desubicado estaba el empresario. El regalo a los asistentes también llevaba la marca Sos. Los falleros de toda la vida, lo más granado y mirado de la sociedad local, no salían de su asombro: “Éste ha venido aquí a hacer publicidad”.

Y tanto. Como que Salazar se había comprometido con la falla a invertir 50.000 euros en publicidad y no estaba dispuesto a que los usos falleros le impidieran amortizarlos, aunque después no pagara. A partir de ahí, el desencuentro fue constante, con una fallera mayor que no aparecía o que lo hacía junto a una secretaria personal que daba órdenes por ella. Lo nunca visto.

No debe de ser fácil para alguien de fuera entender la idiosincrasia falleril y mucho menos la de Convento, donde ser fallera mayor cuesta 40.000 euros. A ese precio y con los brotes secos, la comisión no encontraba a ningún empresario que quisiera lucirse con su hija o esposa, así que se lo ofrecieron a Salazar, que el año pasado había estado allí invitado por un cliente.

Además de los 90.000 euros de publicidad y donativo, reinar en Convento puede salir por otros 30.000 en comidas, regalos, trajes y aderezos. En plenas fiestas, Jesús Salazar ya vislumbraba su hundimiento y dejó de pagar. Al acabar desaparecieron –ella aún es fallera mayor pero ya no la esperan– y al cabo de un mes estalló el escándalo. Dicen que Sos pagó entonces algunas facturas pendientes.

¿Problemas en Castellón? Vete a ver a Carlos Fabra

(Columna que publiqué el 1 de junio de 2009 en El Economista)

Los responsables de la firma textil Marie Claire evitaron la semana pasada el concurso de acreedores por la vía más directa que tiene una empresa –o un particular– para solucionar sus problemas en Castellón: visitar al presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Según relató el propio Fabra, oídos los graves problemas de liquidez de la compañía, él mismo levantó el teléfono y llamó al conseller de Economía, Gerardo Camps. A las pocas horas, Marie Claire recibía un aval de dos millones de euros al 50 por ciento entre la Generalitat y la Diputación.

¿Que podía haber marcado el número del presidente de Bancaja o la CAM o de algún director territorial de los grandes bancos? Pues sí, y de paso haberles dicho que hagan el favor con el resto de empresas financieramente asfixiadas. Pero Fabra prefirió escenificar, una vez más, esa generosidad con sus administrados que le da el poder casi absoluto en la provincia. “Mi trabajo pasa por resolver los problemas que preocupan a la gente”, justificó, para a continuación prometer “idénticas acciones para otros casos similares”. En Castellón, no se me amontonen. Es una lástima que Sáez Merino (Lois), estuviera en Valencia y tuviera que ser liquidada en parecidas circunstancias.

En rueda de prensa, el gerente de la empresa de pantis agradecía la “decisiva intervención de Carlos Fabra en la historia reciente de Marie Claire” –en 2005 ya intermedió para conseguir que refinanciara su deuda–, y reforzaba la imagen de conseguidor que el dirigente del PP se ha labrado a lo largo de los años. Allí lo sabe cualquiera: si tienes un problema, acude a Fabra.

Es cierto que un empresario denunció que el político cobraba comisiones a cambio de esos favores y que Hacienda y el juez investigan ingresos anónimos millonarios que supuestamente recibió en decenas de cuentas bancarias. Ya hablará la Justicia, pero para la mayoría de los castellonenses Fabra es un bienhechor, inocente aunque se demostrara lo contrario. A fin de cuentas, qué empresa no pagaría ahora mismo una comisión por conseguir un aval como el de Marie Claire.

Construir dos edificios donde iba un cámping no es delito, es un asunto administrativo

La Audiencia de Castellón ha estimado que no existe delito alguno en la construcción de dos edificios con más de 400 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a un cámping en Oropesa del Mar, según ha publicado El País. Estaban acusados de prevaricación el alcalde, tres concejales y el arquitecto municipal.

Según esta información, la aprobación de este proyecto contaba con tres informes desfavorables y uno, el del arquitecto imputado, favorable. El tribunal afirma que "sólo puede ser castigado como autor de un delito de prevaricación la autoridad o funcionario que conozca con clara seguridad la ilegalidad de la resolución", y que en este caso los informes desfavorables no eran vinculantes. La Audiencia concluye que es un asunto administrativo, ya que "el derecho penal solamente se ocupará de la sanción a los ataques más graves a la legalidad".

En resumen, el alcalde y los concejales tenían indicios (tres informes) de que construir dos edificios en un lugar reservado para un cámping es ilegal, pero no cometieron delito al no conocer "con clara seguridad" la ilegalidad de su resolución, puesto que se fiaron del informe favorable del arquitecto municipal, acusado también de prevaricación.

No entiendo cómo hay tanto alcalde, concejal e incluso arquitecto pringado en los tribunales por delitos urbanísticos, con lo fácil que es cometer un error en lugar de un delito. Sólo hay que seguir estos pasos: el arquitecto redacta el informe favorable, el alcalde y los concejales firman la ilegalidad y el tribunal la bendice.