El Supremo y la prevaricación (a propósito de la condena al juez Ferrín Calamita)

El Tribunal Supremo ha elevado de dos años y tres meses a diez años la pena de inhabilitación al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial, al impedir durante meses que una mujer casada con otra mujer pudiera ejercer su derecho a adoptar un bebé. Lo hizo, como se sabe, por sus convicciones católicas que le hacen rechazar el matrimonio entre homosexuales. Sin conocer el texto de la sentencia, me parece acertada la condena, ya que no hay nada más despreciable en el mundo de los tribunales que un juez prevaricador.

Lo que me llama la atención es la distinta vara de medir del Supremo, que hace nueve meses también modificó la condena de dos años de prisión y siete de inhabilitación impuesta a otro juez por prevaricar, pero en este caso la rebajó a 21 meses de inhabilitación (que el juez, por cierto, acababa de cumplir al dictarse la sentencia) al considerar que no era un delito, sino una simple falta. Como ya conté en este blog, se trata del caso del juez Francisco Javier de Urquía, quien según los hechos que el Supremo consideró probados, pidió dinero a una de las partes de un pleito a cambio de otorgarle un trato de favor, cobró ese dinero y actuó en favor del pagador limitando incluso un derecho fundamental de la parte contraria. Quien aceptó y pagó el soborno fue, por cierto, Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya. Esta casi absolución del Supremo no despertó ni la décima parte de la atención que ha tenido la condena a Ferrín Calamita, quizás porque éste ha sido el primer juez condenado por prevaricar que lo hizo por razones morales y no por la pasta.

La corrupción y "lo que interesa a los valencianos"

El presidente del Gobierno valenciano abrirá mañana en la tribuna de las Corts el debate anual de política general, al que llega arrasando en las encuestas y con artillería proporcionada por el propio Zapatero con la subida de impuestos que acaba de perpetrar. Francisco Camps hablará de economía, anunciará un plan de austeridad y puede que incluso una bajada de impuestos, en otro intento baldío de que el debate se centre en la crisis porque, dice, “es lo que interesa a los valencianos”. Como si a los valencianos y al resto de españoles que estarán pendientes de sus palabras no les interesase si el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente a través de Orange Market, como sostiene un informe policial filtrado oportunamente a la prensa días antes de este debate.

Porque una cosa es que muchos votantes no tengan en cuenta los escándalos de presunta corrupción, como ocurre con Carlos Fabra, referente moral del PP valenciano según dijo el propio Camps, y otra que esos votantes, los valencianos en general y hasta Mariano Rajoy no merezcan una explicación.

No le falta razón en que el caso Gürtel deslucirá el debate sobre los problemas económicos, pero si no le gusta, que hubiese dado explicaciones antes –hoy aún hay tiempo– en lugar de mandar a Ricardo Costa a decir que miremos al dedo policial en lugar de a la Luna.

Camps tendrá enfrente al portavoz socialista, Ángel Luna, excelente orador que con precisión y sin alterarse acostumbra a sacar de sus casillas a Camps y a todo el Grupo Popular. Así que el duelo promete, con el morbo añadido de escuchar a Costa como portavoz popular.

Al margen del debate político, está por ver el recorrido del informe policial. Si vuelve al TSJ por denuncia del PSOE o de la Fiscalía –lo tenían, por cierto, desde el 31 de julio–, es posible que al frente del tribunal ya no esté De la Rúa, amigo de Camps. Uno de los candidatos a sucederle, aunque con menos bazas que otros, es Luis Manglano, el instructor del caso Naseiro. Se cerraría así un círculo, como en Benidorm, 18 años después.

Un abogado denuncia al magistrado amigo de Camps por no abstenerse

El abogado José Luis Mazón, mosca cojonera del poder judicial, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión sobre la causa abierta en relación con el caso Gürtel contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Como es sabido, De la Rúa presidió el tribunal de tres magistrados que archivó el caso, con el voto en contra de uno de ellos.

Mazón, que vive y trabaja en Murcia, es el abogado que recurrió el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del CGPJ por fraude de ley, al haberlo anunciado Zapatero y Rajoy varios meses antes; que consiguió que el Supremo condenara a once miembros del Tribunal Constitucional por rechazar un recurso de amparo sin haberlo leído, o que logró la anulación del nombramiento de dos magistrados del Tribunal Supremo.

Sus denuncias, aunque a veces sean casos perdidos, siempre tienen el trasfondo de una situación vergonzosa desde el punto de vista de la imagen de la justicia. Es vergonzoso que al presidente del tercer poder del Estado lo elijan los dos líderes políticos en una reunión en La Moncloa, y es una falta de respeto que lo anuncien. Es vergonzoso que todo un Tribunal Constitucional archive un recurso de amparo (¿cuántos habrán sido?) sin haberlo leído. Y es vergonzoso que el presidente de un tribunal no se abstenga de juzgar a una persona que dijo de él que habría que buscar una palabra más allá de la amistad para definir la íntima relación que les une.

Los magistrados del Supremo no consideran delito que un juez pida y cobre dinero a uno de los litigantes en un pleito para favorecerle

El juez Francisco Javier de Urquía pidió dinero al cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, "a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales". Fue condenado por un delito de prevaricación a dos años de prisión y siete años de inhabilitación para ejercer como juez.

Ahora, este juez ha sido absuelto de ese delito por el Tribunal Supremo, que ha anulado la anterior condena del TSJ de Andalucía y ha dejado el castigo, por cohecho, en una multa equivalente al dinero que percibió (73.800 euros, con lo que se queda como estaba antes de delinquir) y a una pena de inhabilitación de 21 meses, que se acaban de cumplir desde que fue apartado de sus funciones. Vamos, que podemos encontrárnoslo cualquier día otra vez impartiendo justicia.

Para otorgar tan leve castigo a su colega, los magistrados del Supremo se la han cogido, como suele decirse, con papel de fumar. Porque tras considerar probado que Urquía no sólo aceptó sino que fue él quien pidió el dinero a Roca a cambio del trato de favor, y tras relatar en la sentencia las prisas y los atajos que tomó el juez para favorecer a Roca en un litigio, concluyen que no prevaricó porque rebuscando en no sé qué leyes y jurisprudencias resulta que sus resoluciones arbitrarias para limitar un derecho fundamental al otro litigante podrían hasta ser legales. Y que aunque cometió cohecho, tampoco fue tan grave, por lo que en lugar de delito lo dejan en falta.

Con tales argumentos, si mañana se descubriera que los cinco magistrados del Tribunal Supremo que firman la sentencia han cobrado de Urquía a cambio de rebajar su condena, el castigo para ellos sería similar, una multa y unos cuantos meses de inhabilitación.

Martín Pallín: "Las víctimas no pueden pretender dirigir la política criminal"

Interesante entrevista de Mariló Hidalgo a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, en RevistaFusion.com. Transcribo algunas respuestas (las negritas son mías):

- Cambios necesarios en la Justicia: "En algunos sitios se ha puesto en marcha lo que llamamos la 'justicia de mediación para pequeños conflictos', que está dando un buen resultado. Aunque la ley no lo diga todavía, se está prescindiendo del papel y llegando a acuerdos previos. Se ha avanzado más en la conformidad aunque eso también me preocupa porque casi siempre lleva aparejado una especie de coacción del que se conforma -sabe que si no llega a un acuerdo, se puede sentar en el banquillo-. Luego están los grandes problemas que no se pueden seguir abordando con las herramientas del siglo XIX. Me refiero a temas de crimen organizado en todos los aspectos, no sólo terrorismo sino bandas organizadas de diversa índole: narcotráfico, tráfico de vehículos de lujo, fraudes como los de EE UU que en otra medida también ocurren en nuestro país y no se persiguen... Parece que aquí todo se centra en el terrorismo y por ejemplo, personas que han creado una situación (con este tipo de delitos económicos) que ha provocado angustia social, depresiones, ruinas, enfermedades, e incluso suicidios entre la población, resulta que son considerados como 'ejecutivos equivocados'".

- Medios de comunicación: "A veces en editoriales se intenta decir al Supremo o a cualquier otro tribunal cuál es el sentido de la sentencia que tiene que poner -más o menos- con una velada amenaza de que si no va por ese camino, va a ser objeto de una campaña pública. Los medios de comunicación en la mayoría de los casos toman partido a priori dando por sentado que los hechos son tal cual se presentan. No son neutrales y muchas veces hasta colaboran con los implicados y desprestigian a aquel que tiene que juzgar. Se hacen juicios paralelos con tanta ligereza que le puedo asegurar que en cualquier país democrático de nuestro entorno les resultaría llamativo y escandaloso. Con todo esto el ciudadano termina con la sensación de que la justicia en este país es un caos y no funciona".

- Petición de cadena perpetua: "Cada persona tiene que poner por encima su razón, pensar que vive en una sociedad democrática y que la política criminal la tienen que hacer los políticos asesorados por los expertos. La última palabra la tienen los políticos. Las víctimas -que me merecen muchísimo respeto particularmente en el caso Mariluz-, no pueden pretender dirigir la política criminal de este país. Un país no puede moverse a base de impulsos emocionales, eso es una temeridad".

- Política penal: "Se está criminalizando con penas de cárcel -cuando hay otros recursos- y se la considera como un remedio purificador, lo que nos hace volver la vista a estadios del pasado superados. Pederastas o gente que consume vídeos de niños en internet, que son usuarios con una determinada patología sexual o inclinación sexual desviada, van a parar a la cárcel. Los malos tratos en el seno de la familia -lo que algunos denominan violencia machista-, que serían un buen caldo de cultivo para ensayar mediaciones, terapias, etc., pues también terminan en la cárcel. Si ahora en materia de tráfico la gente también termina en la cárcel y la inmigración se convierte en otro foco, por el simple hecho de la ilegalidad, todo junto hará que aumente el número de presos. Hace falta poner en marcha tratamientos alternativos como ha comentado recientemente la Directora General de Prisiones. Si sigue la situación actual esto va a estallar por algún sitio. Empieza a ser insostenible".

Un titular engañoso y perjudicial para la justicia

Léanse estos dos titulares de un mismo hecho real:
"Condenan a un año de cárcel a un mendigo por robar una barra de pan".
"Condenan a un año de cárcel a un mendigo por un robo con violencia".

Ambos responden a la realidad. Sin embargo, el primero parece noticia aunque es engañoso y el segundo es correcto pero no es noticia. Por eso, la mayoría de los periódicos han elegido el primero a sabiendas de que la condena es por la acción violenta, no por el objeto robado. Y sin pararse a pensar en qué lugar dejan al autor de la sentencia. De hecho, el juez de Barcelona lo advirtió en el fallo previendo lo que se le venía encima: "el delito no viene determinado por el resultado ni por el objeto sustraído, sino por el empleo de la violencia o no". Es decir, que no le condena por el botín, sino porque empleó "un medio violento e intimidatorio".

¿Pero qué se creía este juez, que nos iba a dejar sin noticia? Eso es que no conoce la prensa española, que por falta de espacio omite detalles que deslucirían la noticia, como que el juez ha aplicado la menor pena posible, atendiendo a la levedad de la agresión, o que la condena no implica el ingreso en prisión a no ser que el mendigo vuelva a ser condenado por emplear la violencia.

PS: Hablando de la prensa, con tanta petición de ceses en la política española, produce sonrojo ver como todos los políticos y casi todos los periodistas emplean el verbo cesar como transitivo, cuando es intransitivo. Zapatero no podía "cesar a Bermejo", por mucho que se empeñase Rajoy, porque los ministros cesan, no se les cesa. ¿Qué tal destituir?

Acuerdo del CGPJ que niega a los jueces el derecho de huelga

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido por unanimidad dar por no anunciada la huelga de jueces prevista para el 18 de febrero al entender que esta convocatoria no tiene cobertura legal. Puesto que considera no anunciada la huelga, tampoco establece servicios mínimos.

Ya dije aquí que a mí sí me parece que los jueces tienen derecho a la huelga (otra cosa es que sea acertada su convocatoria), opinión que mantengo. Aquí están los argumentos del CGPJ para considerar ilegal la huelga.

Una jueza tarda casi dos meses en localizar a tres alcaldes

¿Esto es falta de medios o de ganas? Los tres ayuntamientos están a unos 15 kilómetros de Valencia, en uno de cuyos juzgados se investiga un caso de presunta corrupción. Según publica Levante, la jueza dispuso el 21 de noviembre que se les tomara declaración y cuatro días después, que se pidiera información a los ayuntamientos sobre la identidad y domicilio de los alcaldes en la fecha del presunto delito. Ninguno ha recibido aún la citación. Según uno de estos alcaldes, que es abogado, habría sido suficiente con citarle en el ayuntamiento, ya que ostenta un cargo público.

Sobre el derecho a la huelga de los jueces y magistrados

El ministro Fernández Bermejo nunca califica de ilegal la posible huelga de los jueces, que tilda de "injustificable", "incomprensible" o de "traición" a los ciudadanos, aunque personalmente piensa que no tienen derecho a hacerla. Otros juristas también dudan de si los jueces tienen derecho a la huelga y hablan de "vacío legal" al respecto. A mí me parece que no hay tal vacío legal aunque no existan referencias explícitas en la Constitución y la ley, que dicen esto al respecto:

Artículo 28.2 de la Constitución (incluido en la sección 'De los derechos fundamentales y las libertades públicas'): "Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".

La ley de huelga prevista en este artículo no se ha promulgado en 30 años y por tanto es un derecho no regulado. Las limitaciones de derechos fundamentales sólo pueden establecerse en leyes orgánicas, en el caso de los jueces, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Es el artículo 395 de esta ley el que establece estas limitaciones: "No podrán los jueces o magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos o tener empleo al servicio de los mismos, y les estará prohibido:
1.Dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tengan carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o para las que hubieran sido convocados o autorizados a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.
2.Tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal. Esto no obstante, ejercerán las funciones y cumplimentarán los deberes inherentes a sus cargos".

Por tanto, los jueces, cuando actúen como tales, tienen limitados derechos fundamentales como el de sindicación, reunión (no judicial) y manifestación, pero no el de huelga que la Constitución otorga a todos los trabajadores. Otra cosa es que esta huelga no sea deseable o que nos parezca injustificable e incomprensible. Como la de los pilotos de Iberia, sin ir más lejos.

Jueces decanos de toda España se reúnen para preparar la huelga

Al menos 15 jueces decanos de toda España se reunieron ayer en Madrid para preparar el paro encubierto del día 21 de enero (encubierto por la celebración de juntas generales simultáneas en todo el país, que paralizará de hecho la actividad en los juzgados), según publica hoy El País. En esas juntas se debatirá la convocatoria de una huelga formal el día 18 de febrero, sobre cuya legalidad hay un debate abierto desde hace semanas.

Según el orden del día de dichas juntas, que publica El País, se reivindican más jueces, más medios materiales, competencia exclusiva en los señalamientos, delimitación de las funciones de jueces y secretarios y algo que nunca falta cuando se convoca una huelga: "que se cumpla la Ley de Retribuciones".

La división de poderes, según José Blanco

El número 2 del PSOE, José Blanco, ha hablado del caso del juez Tirado en una entrevista resumida en la web del partido y ha lanzado las siguientes perlas, que dan idea de su concepción de la división de poderes (las negritas y los comentarios entre paréntesis son míos):

-"El CGPJ es un órgano político, así está concebido, de gobierno de los jueces". "Si hubiese sabido que algunos de los miembros del CGPJ, que han sido elegidos por el Parlamento, iban a tener el comportamiento que tuvieron, me hubiera replanteado mi voto".
(El vicesecretario general del PSOE cree que el Consejo General del Poder Judicial no sólo lo eligen él y el resto de los diputados con su voto, sino que sus miembros deben estar a las órdenes de los partidos que los votan, como sin duda ha ocurrido hasta ahora).

-La resolución del CGPJ "no es una resolución judicial. No están emitiendo una sentencia". "Aquí nadie es inmune a la aplicación de la ley y los jueces tampoco lo pueden ser".
(Por la primera frase parecería que Blanco cree que las resoluciones del CGPJ, puesto que no son sentencias, no deben tomarse atendiendo a la estricta aplicación de la ley, como tienen la manía de hacer los jueces, sin duda por 'deformación profesional', sino a criterios políticos. Pero en la segunda frase exige que se aplique la ley, a la manera que lo piden quienes pierden un pleito y lo consideran una injusticia).

-"No puedo compartir una decisión que se ha adoptado por parte del CGPJ".
(Es decir, que el hecho de que la resolución de un órgano colegiado como es el CGPJ se tome por mayoría y no por unanimidad es motivo suficiente para no poder compartirla. Pues habrá que no compartir, sin leerlas, las leyes que aprueba el Congreso, porque casi todas las aprueba 'parte' del Congreso. Tampoco hubo unanimidad, por cierto, en el rechazo del CGPJ al recurso del juez Tirado, que pedía que le dejasen sin sanción).

-"Nadie puede ser impune a actuaciones que pueden derivar en hechos como los que hemos conocido".
(Impune significa "que queda sin castigo" (RAE), pero para José Blanco, una sanción de 1.500 euros o cualquier otra inferior a los tres años de suspensión que deseó públicamente la vicepresidenta del Gobierno para Tirado es salir "impune").

-"Recuerdo todas las declaraciones que hizo su líder, Mariano Rajoy, previamente sobre la necesidad de que hubiera una resolución ejemplar y, en este sentido, echo de menos un pronunciamiento claro del PP".
(Por último, Blanco cree que Mariano Rajoy ha dejado al PSOE solo en la ofensiva conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo para doblegar en la plaza pública al Judicial. Y tiene razón).

No hay jueces para los juzgados de refuerzo del 'caso Fabra'

Más de tres meses después de la creación de dos juzgados de refuerzo en Nules (Castellón) para permitir que los dos juzgados actuales agilizasen el llamado caso Fabra (varias causas por cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento, y fraude fiscal), todavía no han podido ponerse en marcha, primero por la falta de funcionarios y ahora que ya los tiene, por falta de jueces y secretarios judiciales.

Cinco años llevan estos dos juzgados investigando a Carlos Fabra, que ha tenido ocasión en este lustro de revalidar su cargo de presidente de la Diputación de Castellón.

Así fue el debate en el CGPJ de la sanción al juez Tirado, según 'El País'

El País ha publicado este sábado, sin firma porque sus trabajadores están en huelga, un interesante reportaje de como se debatió y decidió en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la polémica sanción al juez Rafael Tirado, al que vuelve a llamar errónea y tendenciosamente juez del caso Mari Luz. También publica una recopilación de las sanciones que acarreaban suspensión (la que el fiscal pedía para Tirado) que ha impuesto el CGPJ a jueces en los últimos años, lo que nos sirve para calibrar la vara de medir del máximo órgano del Poder Judicial.

Lo que no se dice del juez Tirado y el 'caso Mari Luz'

Tras la confimación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la para muchos escasa sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por no encarcelar durante dos años al que luego asesinó presuntamente a la niña Mari Luz Cortés, expongo aquí unas cuantas reflexiones que el ministro Fernández Bermejo y quienes le secundan en su linchamiento público del juez pasan por alto (algunas ya las hice en anteriores post sobre el caso):

-El juez Tirado no es "el juez del caso Mari Luz", que se tramita en otro juzgado, sino el del caso Santiago del Valle y su condena ejecutada con retraso por abusos sexuales a su propia hija.

-Si el juez Tirado hubiese ejecutado en 2005 la condena de dos años contra Del Valle por abusos a su hija, éste habría estado en libertad en el momento del asesinato de Mari Luz. Se habrían evitado, eso sí, sendos abusos sexuales a niñas en Gijón y Sevilla por los que también fue condenado, aunque no entró en prisión porque los juzgados no tenían (y creo que siguen sin tener) un sistema de intercambio de información. El "retraso injustificado" de Tirado no es, por tanto, causa ni circunstancia sine qua non en el crimen. Y no era el único retraso. A finales de 2007 había 270.000 casos penales sin ejecutar en los juzgados españoles.

-El padre de Mari Luz, Juan José Cortés, es parte en este asunto y lógicamente pide la mayor sanción posible. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de enjuiciar la polémica decisión del CGPJ, que Cortés ha calificado de "vergüenza nacional". También el juez Tirado, la otra parte, considera injusta la sanción.

-La Fiscalía, que ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo, no solicitó la ejecución de la pena contra Del Valle pese a que su Estatuto Orgánico fija como una de sus funciones (artículo 3.9) "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social". Tampoco la Junta de Andalucía, que fue parte acusadora contra Del Valle, se preocupó de que fuera a la cárcel.

-El ministro Fernández Bermejo ha anunciado, a golpe de resolución, que "el Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse". Se refiere a hechos como la sanción a Tirado. Nada ha dicho de leyes y sobre todo inversiones para evitar que puedan volver a repetirse hechos como el asesinato de Mari Luz.

De momento, hay dos sancionados por el caso, el juez Rafael Tirado con los citados 1.500 euros y la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, con dos años de suspensión de empleo y sueldo.

Mantienen la sanción al juez Tirado

Acabo de oír por la radio que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantiene la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado, el que no ordenó el ingreso en prisión del que luego asesinó presuntamente a la niña Mari Luz Cortés. A la espera de los argumentos del CGPJ y de las reacciones políticas, recuerdo lo escrito en este blog sobre el caso Mari Luz.

La magistrada Sanahuja y las "denuncias falsas" de violencia de género

"Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado".

Así termina María Sanahuja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, un artículo en El País titulado "Las denuncias falsas" (el título es engañoso, porque ésta es sólo una parte del artículo) en el que opina sobre la efectividad (casi nula, a su juicio) de las medidas puestas en marcha en los últimos cinco años para evitar la violencia de género. María Sanahuja ha sido muy criticada en los últimos años desde que denunció públicamente que muchas denuncias por violencia de género eran falsas. Tesis que ha mantenido y que reitera en este artículo.

Tensión en el CGPJ por la reelección de un amigo de Fabra como presidente de la Audiencia de Castellón

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están enfrentados, progresistas contra conservadores, PSOE contra PP, qué raro, a propósito de la posible reelección de un amigo íntimo de Carlos Fabra como presidente de la Audiencia de Castellón. Lo cuenta El País con detalles de cómo Carlos Domínguez, que así se llama el magistrado, ha intervenido en la causa contra el presidente de la Diputación de Castellón y no precisamente para agilizar su tramitación, que lleva cinco años a paso de tortuga.

Testimonios de jueces quemados (a propósito de la huelga)

"Hay que tomar medidas drásticas". "Hay que enseñar los dientes". "Si la hacemos [la huelga] 100 jueces, seremos sacrificados, pero si la secundamos más de 1.000, los titulares [en la prensa] serán que los jueces hemos ejercitado nuestro derecho de huelga, Por tanto, ánimo, ¡ADELANTE Y PODEMOS!". Son mensajes de jueces de toda España en una intranet del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados hoy por El País.

El diario recuerda que los jueces han desafiado al CGPJ y al ministro Bermejo con una huelga prevista para el 18 de febrero, que no todos consideran legal, como ya conté en este blog. Los jueces se han movilizado a través de una plataforma denominada Movimiento 8 de octubre. Reitero que 2009 no va a ser el año de la crisis económica, sino de la crisis judicial en España.

¿Tienen los jueces derecho a la huelga?

¿Tienen los jueces derecho a la huelga? El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo dice que no y el ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, explica hoy en un artículo en El País por qué en su opinión los jueces no tienen ese derecho. Básicamente, porque son un poder del Estado, dice, y no pueden apelar a su condición de funcionarios cuando les apetezca hacer una huelga.

La cuestión que no aborda Rodríguez Ibarra es si cada juez individualmente forma parte de ese poder del Estado o ese poder es sólo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dicho de otra forma, el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, pero su elección no depende de éstos, sino de los partidos políticos. Voy a seguir recogiendo opiniones, porque la cuestión es interesante y podría acabar en el Tribunal Constitucional, donde los magistrados tendrían que decidir sobre su propio derecho a la huelga.

La crisis judicial que se avecina

Los jueces han empezado su huelga de celo encubierta para reivindicar más medios humanos y materiales. La medida va a provocar un atasco tal en los juzgados del siglo XIX que padecemos que mucho me temo que 2009 va a ser el año de la crisis judicial más que de la económica. Hace falta algunos cambios procedimentales y mucho dinero para arreglarlo y los presupuestos estatal y autonómicos para el año que viene no invitan al optimismo.