¿Otra cesión de Zapatero que debilita al Gobierno?

(Columna publicada en El Economista el 4-1-10)

No está lejos el día, al paso que vamos, en que el Gobierno ceda las competencias sobre costas a una comunidad autónoma y ésta decida explotar playas de lujo en régimen de concesión a 30 euros la entrada, acotar espacios para residentes o alquilar espacios de pesca.

Parece una locura, pero quién nos iba a decir hace sólo cinco años que recién estrenado 2010 íbamos a estar discutiendo sobre la posibilidad de otorgar a una comunidad el derecho perpetuo a disponer de 6.000 hectómetros cúbicos anuales de agua. Ya se le dio a Aragón, pero como en el Ebro hay agua de sobra, sólo La Rioja planteó la inconstitucionalidad evidente de tal medida. Ahora es Castilla-La Mancha la que, vía reforma del Estatuto, amenaza con dejar secas a sus comunidades vecinas en una zona donde, por desgracia, no hay agua suficiente.

Como se sabe, o debería saberse, el agua en España es un recurso unitario subordinado al interés general cuya planificación corresponde al Estado. Es de todos los españoles, como las playas y los mares que las bañan. El Estado tiene unas confederaciones hidrográficas –Castilla-La Mancha pertenece a siete– donde cada año, en función del agua disponible y de las demandas, incluidas las necesidades ecológicas, se decide el reparto. Y los trasvases. Allí se sientan los usuarios y los gobiernos autonómicos, y allí sí que existen reservas para necesidades específicas. La ciudad de Albacete, por ejemplo, tiene concedido un metro cúbico por segundo del Júcar para abastecimiento urbano.

El Gobierno es muy libre de dar 6.000 hectómetros cúbicos a una región este año, el que viene y el otro, si los hay, pero blindar una cantidad de agua es tan absurdo como blindar las transferencias que recibirá una comunidad de los Presupuestos –¿les suena?– sin saber cuánto se recaudará. Quizás Zapatero piense que con blindajes económicos o hídricos se quita el problema de negociar cada año, pero lo que hace es restar poder al Gobierno. En Valencia ya hay voces que piden las competencias sobre playas porque el Estado limita los chiringuitos. Todo se andará.

"Damián, no te esfuerces, que esto es política"

(Columna publicada en El Economista el 21-12-09)

La ministra Cristina Garmendia dejó buen sabor de boca entre los empresarios que la invitaron a comer en Valencia el pasado jueves, a pesar de que no resolvió su principal queja, sobre las no ayudas a la Red de Institutos Tecnológicos (Redit). Fue el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, el encargado de cantarle las cuarenta con tres preguntas sobre los recortes anunciados para 2010, la "baja ejecución presupuestaria" de este año y, la más esperada, la razón por la que ha dejado a nuestros institutos sin un euro de subvención.

Garmendia improvisó la respuesta a las dos primeras, de alcance nacional y que ya debe haber contestado más de una vez, y se extendió en el tema de los institutos con numerosos datos que traía preparados. Por ejemplo, que estos 14 centros tecnológicos son los que más subvenciones han recibido desde 2004, el 23 por ciento del total nacional, y que gracias a la "calidad" que atesoran van a seguir recibiendo ayudas, pero con un nuevo sistema. A partir de 2010, tendrán que competir en las convocatorias con el resto de España y habrá dinero para los proyectos de mayor calidad. He consultado a una persona que conoce los institutos y le parece bien la novedad, porque "evitará la funcionarización" de algunos centros –"cotos reservados" los llamó la ministra– acostumbrados a recibir dinero hagan lo que hagan. Porque no todo es oro en la reluciente red valenciana.

Para lo que Garmendia no tuvo argumentos convincentes es para explicar por qué al margen del nuevo sistema se han presupuestado 60 millones para los centros tecnológicos de Cataluña, País Vasco y Extremadura, casualmente gobernadas por el PSOE. Su pobre excusa fue que así lo decidió el Parlamento. ¿Acaso no lo comparte?

Al presidente de Redit, Damián Frontera, se lo habían explicado cuando fue a Madrid hace días a quejarse, cargado de argumentos, y quien le atendió en el Ministerio le espetó: "No te esfuerces, Damián, que esto es política y no hay nada que hacer". Y se acabó la discusión.

La influencia cero de los valencianos en Madrid

(Columna publicada en El Economista el 20-7-2009)

Ha sido tan burda la estrategia del Gobierno para premiar a unas comunidades en detrimento de otras con la nueva financiación que no malgastaré espacio en recordarla ni en demostrar con una sencilla regla de tres que la Comunidad Valenciana, supuesta beneficiaria por su aumento de población, seguirá estando a la cola en financiación per cápita, precisamente porque el aumento de los recursos es muy inferior al incremento de la población. Blanco y en tetra-brik.

Sí cabe destacar que se ha vuelto a demostrar el nulo peso de los políticos valencianos en Madrid, donde una vez más han sido "ninguneados" –en palabras del conseller Gerardo Camps– por el Gobierno. Esta influencia cero es algo histórico, da igual que manden unos que otros y que en la Moncloa estén los nuestros o los de enfrente. Baste recordar como al socialista Joan Lerma le transfirió Felipe González una Sanidad ultradeficitaria que aún padecemos o cómo Zaplana pactó con Aznar un sistema de financiación, el vigente, que nos ha dejado a la cola.

Ni siquiera la machacona reivindicación valenciana de que se compense el gasto sanitario y farmacéutico que originan los turistas, unos 200 millones de euros anuales, se ha tenido en cuenta.

Dice Gerardo Camps que el Consell fue "leal" al aceptar 1.200 millones, y que luego se sintió agraviado cuando el Ministerio echó el resto con Cataluña, Andalucía y Baleares, dejando a los demás con lo prometido. Entones pataleó Camps, pero ya era tarde. Un ministro católico le habría contestado parafraseando la parábola de los obreros de la viña: "¿No te prometí 1.200?, pues toma lo que es tuyo y vete, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos". Elena Salgado, simplemente, lo ninguneó.

Los actores secundarios de Zapatero y Rajoy

"Respecto al rol de las fotos en la comunicación política, los fanáticos de lo real olvidan que los ciudadanos ya sólo prestamos atención a las imágenes. Saturados y escépticos ante el bombardeo informativo propiciado por las nuevas tecnologías, no podemos prestar nuestro escaso tiempo de atención a titulares o declaraciones políticas...". Recupero el texto de Antonio Núñez López al que hice referencia en un post el 22 de abril para recomendar a mi admirado Juan Antonio Blay, nuevo jefe de prensa del PSOE, que preste atención a la comunicación no verbal de los diputados socialistas en el Congreso.

Cualquiera que siga las sesiones semanales de control al Gobierno habrá observado que el portavoz socialista, José Antonio Alonso, sentado detrás de José Luis Rodríguez Zapatero, parece querer robarle protagonismo con un repertorio de muecas que van desde la evasión al hastío, pasando por la indiferencia hacia lo que su jefe está diciendo. Con el tiempo, el hartazgo y los gestos grotescos se han ido trasladando a sus compañeros de escaño, incluida la vicepresidenta De la Vega, de manera que el decorado de las intervenciones de Zapatero acaba siendo más propio de un cuadro de Picasso que de la bancada de un partido político.

Enfrente, la puesta en escena del Grupo Popular denota una preparación del espectáculo en el que los actores del encuadre ejecutan a la perfección su papel de arropar al líder casi sin moverse. La media sonrisa de Ana Mato, el cuerpo hacia delante de Esteban González Pons, la mirada fija de todos en Zapatero mientras Mariano Rajoy le increpa y Soraya Sáenz de Santamaría acompaña sus palabras con gestos. Ahí hay un equipo.

Las fotos que traigo aquí son dos momentos que no pueden recoger todos los matices, pero podéis verlo mucho más claro en el vídeo de la última sesión de control que publica elpais.com.

Zapatero, Garoña y los impuestos

José Luis Rodríguez Zapatero se resiste a incumplir su promesa electoral de cerrar las centrales nucleares, ahora que tiene que decidir sobre la central de Garoña (Burgos), que tiene un informe favorable a su continuidad del Consejo de Seguridad Nuclear y cuyo cierre costará dinero en plena crisis. "Les puedo asegurar que voy a cumplir el programa electoral tanto en este tema como en todos aquellos en que, salvo circunstancias mayores, no puedan ser cumplidos", dijo el otro día en el Senado.

El presidente no parece, sin embargo, tan preocupado por incumplir otra promesa electoral, ratificada en el discurso de investidura el 8 de abril de 2008: "No subiremos los impuestos ni recortaremos prestaciones sociales pese a la desaceleración", fueron sus palabras textuales. Hoy ha subido los impuestos sobre los carburantes y el tabaco, pocos meses después de eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, que pagaban el millón de españoles más ricos, y pocos días después de pedir el voto y la confianza de los españoles. Que no se la dieron, por algo será.

Receta contra la crisis

Antes de que el presidente del Gobierno o alguno de sus 77 asesores alumbre otra genialidad para acabar con la crisis, les dejó aquí filantrópica y gratuitamente tres medidas que ayudarían bastante:

1. Que las Administraciones paguen lo que deben a sus proveedores. Se acusa a la banca de no renovar pólizas ni dar (vender) descuento comercial, pero gran parte de ese descuento viene por facturas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas que pagan hasta con 900 días de retraso. Es decir, que prestas un servicio o vendes algo a la Administración que te cuesta un dinero y lo cobras casi tres años después. El resultado es que la deuda real de las Administraciones públicas es muy superior a la que dice el Banco de España, porque se están financiando con los proveedores. Para esto haría falta que el Estado transfiriera otros 8.000 millones de euros (y no habría suficiente) a las comunidades y ayuntamientos. Más déficit, sí, pero a cambio de aliviar la situación financiera de miles de empresas y, de paso, aliviar la presión sobre los bancos. Y no es una ayuda, es darles lo que se les debe.

2. Reducir las cotizaciones sociales temporalmente. Digamos, dos años. Los costes de la Seguridad Social (si eres asalariado, suma un 33% a tu sueldo bruto para saber cuánto paga tu empresa por ti) son el principal escollo no ya para crear empleo, sino para que no se destruya más. Se debería establecer una reducción más grande para las empresas que no despidan ni hayan despedido a trabajadores en el último año, mientras mantengan esa política. Estos descuentos temporales ya existen para las que contratan. Pasada la crisis, se subiría paulatinamente. ¿De qué sirve mantener las cotizaciones altas si ello va a llevar a más paro y más subsidio por desempleo? ¿No es mejor que más personas sigan cotizando, auque sea menos? El mensaje sería: "Si usted no despide, paga menos". El obstáculo ahí es el probable déficit de la Seguridad Social, pero para eso está el Estado, para cubrirlo.

3. Cambiar de ministro de Economía. Esto ya lo escribí. No tengo nada contra Pedro Solbes, pero necesitamos a un profesional del sector privado que sea el rostro de la confianza que Zapatero intenta transmitir. Como Obama en EE UU.

El necesario cambio de Gobierno

Me pregunto a qué espera José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar su Gobierno. Dice el presidente con mucha razón que hacen falta ilusión y confianza en el futuro para salir adelante, pero es difícil mantener la confianza cuando quien pilota la gestión de la crisis es un vicepresidente políticamente quemado.

En cualquier equipo humano llega un momento en el que las mentes más lúcidas se bloquean, se agotan, a veces se acomodan, y son incapaces de alumbrar una idea. Pedro Solbes, persona de reconocida capacidad intelectual, transmite ese agotamiento y casi nadie confía ya en sus parches.

Dijo Zapatero en Tengo una pregunta para usted que él no era como un entrenador de fútbol que hay que cambiar cuando las cosas se tuercen, porque a un entrenador lo designan a dedo y a él lo hemos votado los españoles. A él sí, pero al ministro de Economía no lo hemos puesto los españoles. Ni a Magdalena Álvarez ni a Bermejo, otros dos con la cartera en llamas.

Zapatero se pringa en el 'caso Mari Luz'

El presidente del Gobierno no ha podido resistir la tentación de la demagogia y ha opinado hoy contra la polémica sanción de 1.500 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Rafael Tirado. El jefe del Poder Ejecutivo, Rodríguez Zapatero, "discrepa abiertamente" de la multa, por escasa, como la vicepresidenta De la Vega (la que siempre respeta en nombre del Gobierno las resoluciones judiciales salvo cuando no le gustan) y el ministro Fernández Bermejo. ¡Viva la separación de poderes!

Al Gobierno no le basta con haber nombrado a la mayoría de los miembros del CGPJ y haber anunciado el nombre del presidente del órgano antes de que se constituyera, sin guardar las formas ni la cortesía, sino que exige además que actúe a su dictado. El problema es que Zapatero le ha prometido al padre de Mari Luz, Juan José Cortés, que habrá una sanción ejemplar para el cabeza de turco, olvidando que la sanción depende del Poder Judicial.

Para Zapatero es más fácil agarrarse a un caso concreto y prometer la "reforma del régimen disciplinario de los jueces" que hablar de la vergonzosa situación de la administración de Justicia en España, cuantificar las escasas inversiones que recibe y prometer reformas que contribuyan a evitar otros escándalos.

Por ejemplo, que cientos de políticos corruptos campen a sus anchas por España, se presenten a sucesivas elecciones pese a estar procesados, cuenten con la protección de sus partidos y sólo acaben en prisión en contadas y muy graves ocasiones. Y que cuando acaban en prisión salgan antes de lo que les toca con permiso del Gobierno. Para eso no se anuncian reformas.