'Caso Alierta', otra vez la injusticia al servicio del delincuente

Como ya ocurrió con Alberto Cortina y Alberto Alcocer, alias los Albertos, el ahora presidente de Telefónica, César Alierta, ha salido de rositas de un delito de uso de información privilegiada con el que ganó 309 millones de pesetas cuando era presidente de Tabacalera porque el delito ha prescrito.

Alierta fue denunciado antes de que pasaran cinco años desde el pelotazo, pero el juez tardó meses en tramitar la denuncia y luego la archivó. Para cuando la Audiencia de Madrid revocó la decisión y se imputó formalmente a Alierta, ya habían pasado los cinco años.

La doctrina del Tribunal Supremo, que es quien debe fijar doctrina según la Constitución, dice que el delito no ha prescrito porque se denunció antes de que pasaran cinco años. Pero esa doctrina fue cambiada de forma anticonstitucional por el Tribunal Constitucional -a ver quién le enmienda la plana- para poder absolver a los Albertos, que se libraron por un día de plazo no sólo de la cárcel, sino también de devolver la pasta. Como en aquel caso, en el de Alierta también se considera probado que cometió el delito. ¡Qué vergüenza!

Dos ricos estafadores, absueltos

El Tribunal Supremo, que había condenado a Alberto Alcocer y Alberto Cortina, alias los Albertos, por estafa de 24 millones de euros a sus ex socios, ha tenido ahora que cambiar su sentencia y absolverlos como consecuencia de una de las mayores injusticias perpetradas por el desprestigiado Tribunal Constitucional. Este tribunal decidió amparar a los dos estafadores y obligar a absolverlos con un novedoso criterio de la interpretación de la prescripición gracias al cual la denuncia contra los dos delincuentes llegó un día tarde y, por tanto, había prescrito. No había dudas sobre sobre los hechos probadísimos, sobre la culpabilidad de los dos pájaros, pero los dejan libres forzando la interpretación de la ley, al tiempo que dejan desamparados a los miles de estafados.

El tribunal que todavía preside María Emilia Casas demuestra así su flexibilidad para interpretar la Constitución a la medida de unos intereses variados, bien sea la prolongación de la estancia de etarras en la cárcel (doctrina Parot), bien evitar la entrada de ricos y poderosos en prisión.

Hace unos años escribí sobre el caso, preguntándome por qué los delincuentes de cuello blanco, como los Albertos o el ex alcalde de Orihuela y ex conseller valenciano Luis Fernando Cartagena, esperan el indulto en la calle en lugar de en la cárcel, como la mayoría. Me llamó un periodista a sueldo de los Albertos para corregirme, porque ellos no esperaban el indulto gubernamental sino la gracia del Constitucional, y también para intentar convencerme de la inocencia de sus jefes. "Hombre, no", le dije, "podrán librarse por una trampa legal, pero la pasta se la llevaron". Pero son inocentes. Ya pueden seguir dándose abrazos con el Rey.