Cohecho periodístico

Algunos afamados periodistas que alzan la voz y señalan a Baltasar Garzón por archivar una querella contra Emilio Botín después de haber pedido y recibido financiación del Banco Santander para unos cursos por los que cobró (por lo cual está acusado de presunto cohecho y prevaricación) llevan años dedicándose a lo mismo que ahora critican, a cobrar por hablar bien de alguien, o a hablar bien de quien les paga, tanto monta. No cometen delito porque no son jueces, pero prostituyen su pretendida imparcialidad.

Son tertulianos y columnistas de primera línea en Madrid que desde hace años se pasean por los platós de Canal 9 (supongo que también por otras teles autonómicas), con todos los gastos pagados, para participar en tertulias de madrugada que casi nadie ve y que les pagan (pagamos) a un pastón el minuto. A los más lameculos hasta les ponen programas. La fórmula es efectiva y mucho más barata que comprar voluntades con publicidad institucional. Se compra al periodista, no al medio. Así consiguió Zaplana tener tan buena prensa en Madrid, y por el mismo camino iba Camps hasta que se le cruzaron los trajes. Seguro que algunos tertulianos son honestos y algunas loas al presidente valenciano son sinceras, pero cuando las leas o escuches, antes de tragártelas, entérate de si el autor colabora en Canal 9.

A mí también me parece censurable -no sé si condenable, ya lo dirá el Tribunal Supremo- que Garzón no se abstuviera en la causa contra Botín, pero yo puedo criticarlo sin ser un hipócrita.

El Supremo y la prevaricación (a propósito de la condena al juez Ferrín Calamita)

El Tribunal Supremo ha elevado de dos años y tres meses a diez años la pena de inhabilitación al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial, al impedir durante meses que una mujer casada con otra mujer pudiera ejercer su derecho a adoptar un bebé. Lo hizo, como se sabe, por sus convicciones católicas que le hacen rechazar el matrimonio entre homosexuales. Sin conocer el texto de la sentencia, me parece acertada la condena, ya que no hay nada más despreciable en el mundo de los tribunales que un juez prevaricador.

Lo que me llama la atención es la distinta vara de medir del Supremo, que hace nueve meses también modificó la condena de dos años de prisión y siete de inhabilitación impuesta a otro juez por prevaricar, pero en este caso la rebajó a 21 meses de inhabilitación (que el juez, por cierto, acababa de cumplir al dictarse la sentencia) al considerar que no era un delito, sino una simple falta. Como ya conté en este blog, se trata del caso del juez Francisco Javier de Urquía, quien según los hechos que el Supremo consideró probados, pidió dinero a una de las partes de un pleito a cambio de otorgarle un trato de favor, cobró ese dinero y actuó en favor del pagador limitando incluso un derecho fundamental de la parte contraria. Quien aceptó y pagó el soborno fue, por cierto, Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya. Esta casi absolución del Supremo no despertó ni la décima parte de la atención que ha tenido la condena a Ferrín Calamita, quizás porque éste ha sido el primer juez condenado por prevaricar que lo hizo por razones morales y no por la pasta.

Sobre la imputación de Garzón por prevaricación

No tuve tiempo de comentar la semana pasada la causa que se sigue contra Baltasar Garzón por presunta prevaricación al abrir un proceso contra el Franquismo a sabiendas de que no era competente, como acabó reconociendo él mismo. En numerosas entradas en este blog (enlazo aquí tres ejemplos: 1, 2 y 3) fui crítico con Garzón por su extravagancia y su desorbitado afán de protagonismo en este caso, en el que se enfrentó a cara de perro al fiscal Javier Zaragoza, que estuvo mucho más ajustado a Derecho.

Ahora bien, una cosa es criticar la megalomanía del juez-Sol, incluso sancionarle desde el CGPJ por gastar tiempo y recursos en asuntos que no le competen, y otra procesarle por prevaricación, como ha conseguido la asociación ultraderechista Manos Limpias. La prevaricación de un juez, apenas castigada en el Código Penal y menos aún por sus compañeros, como se vio en el caso del juez Urquía, se produce a mi entender cuando el juez dicta una resolución manifiestamente injusta a sabiendas de que perjudica a una de las partes o beneficia a quien no lo merece. Es decir, cuando comete una injusticia por el motivo que sea, normalmente económico o de amistad. En este caso, no hay injusticia porque no hay parte perjudicada ni ha beneficiado a nadie que no lo merezca. Bueno, sí, se perjudicó a sí mismo, pero sin que fuera ésa su intención.

Un abogado denuncia al magistrado amigo de Camps por no abstenerse

El abogado José Luis Mazón, mosca cojonera del poder judicial, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión sobre la causa abierta en relación con el caso Gürtel contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Como es sabido, De la Rúa presidió el tribunal de tres magistrados que archivó el caso, con el voto en contra de uno de ellos.

Mazón, que vive y trabaja en Murcia, es el abogado que recurrió el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del CGPJ por fraude de ley, al haberlo anunciado Zapatero y Rajoy varios meses antes; que consiguió que el Supremo condenara a once miembros del Tribunal Constitucional por rechazar un recurso de amparo sin haberlo leído, o que logró la anulación del nombramiento de dos magistrados del Tribunal Supremo.

Sus denuncias, aunque a veces sean casos perdidos, siempre tienen el trasfondo de una situación vergonzosa desde el punto de vista de la imagen de la justicia. Es vergonzoso que al presidente del tercer poder del Estado lo elijan los dos líderes políticos en una reunión en La Moncloa, y es una falta de respeto que lo anuncien. Es vergonzoso que todo un Tribunal Constitucional archive un recurso de amparo (¿cuántos habrán sido?) sin haberlo leído. Y es vergonzoso que el presidente de un tribunal no se abstenga de juzgar a una persona que dijo de él que habría que buscar una palabra más allá de la amistad para definir la íntima relación que les une.

Los magistrados del Supremo no consideran delito que un juez pida y cobre dinero a uno de los litigantes en un pleito para favorecerle

El juez Francisco Javier de Urquía pidió dinero al cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, "a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales". Fue condenado por un delito de prevaricación a dos años de prisión y siete años de inhabilitación para ejercer como juez.

Ahora, este juez ha sido absuelto de ese delito por el Tribunal Supremo, que ha anulado la anterior condena del TSJ de Andalucía y ha dejado el castigo, por cohecho, en una multa equivalente al dinero que percibió (73.800 euros, con lo que se queda como estaba antes de delinquir) y a una pena de inhabilitación de 21 meses, que se acaban de cumplir desde que fue apartado de sus funciones. Vamos, que podemos encontrárnoslo cualquier día otra vez impartiendo justicia.

Para otorgar tan leve castigo a su colega, los magistrados del Supremo se la han cogido, como suele decirse, con papel de fumar. Porque tras considerar probado que Urquía no sólo aceptó sino que fue él quien pidió el dinero a Roca a cambio del trato de favor, y tras relatar en la sentencia las prisas y los atajos que tomó el juez para favorecer a Roca en un litigio, concluyen que no prevaricó porque rebuscando en no sé qué leyes y jurisprudencias resulta que sus resoluciones arbitrarias para limitar un derecho fundamental al otro litigante podrían hasta ser legales. Y que aunque cometió cohecho, tampoco fue tan grave, por lo que en lugar de delito lo dejan en falta.

Con tales argumentos, si mañana se descubriera que los cinco magistrados del Tribunal Supremo que firman la sentencia han cobrado de Urquía a cambio de rebajar su condena, el castigo para ellos sería similar, una multa y unos cuantos meses de inhabilitación.