La noticia del día es una sentencia, y no la veo en portada

La noticia de este miércoles no era el debate de siempre en el Congreso ni la tercera detención de etarras en una semana ni el capítulo nosecuántos del caso Faisán, noticias todas ellas que llenan junto a la foto del Rey con Barack Obama las portadas del jueves (El País, El Mundo y Público) que he podido consultar pasada la medianoche. La noticia del día, que no merece ni un sumario en ninguna de estas tres cabeceras, era la sentencia del Tribunal Supremo que anula 13 cláusulas abusivas que los bancos imponen a los clientes. Afecta prácticamente a todos los españoles mayores de edad.

Entre las claúsulas anuladas están las que descargaban en los propietarios de tarjetas o libretas los perjuicios derivados de su robo o uso fraudulento, en el caso en que esas circunstancias no fueran comunicadas a las entidades financieras. Precisamente sobre ese tema escribí hace poco una entrada, Uso fraudulento de la VISA, con permiso del banco, aunque como contaba en ella, yo sí avisé inmediatamente al banco, que tuvo que devolverme el dinero no sin antes hacerme presentar una denuncia y una reclamación.

Uso fraudulento de la VISA, con permiso del banco

Había oído hablar de delincuentes que se dedican a vender tarjetas de crédito robadas a empresas de transporte para que las utilicen en las autopistas, donde no piden el DNI ni la firma. Lo que no sospechaba es que tales prácticas contaran con la anuencia de las concesionarias de autopistas y de los propios bancos.

El otro día conté, en una entrada titulada España, país de chorizos, cómo perdí la billetera y la recuperé al día siguiente, a falta del dinero y dos tarjetas de crédito que habían sido bloqueadas una hora después del extravío. Pues bien, el bloqueo de las tarjetas y su sustitución por otras nuevas se produjo el 4 de enero y ahora me encuentro con cinco cargos en mi cuenta (53,05 euros en total) porque alguien pagó con una de ellas en varias autopistas los días 23 y 26 de enero.

Llamo al banco y me dicen lo que ya sé, que las concesionarias de autopistas no comprueban la autenticidad de la tarjeta, sino que registran su número y luego pasan el cargo al banco. Ya, pero, ¿por qué el banco acepta cargos sobre una VISA que fue bloqueada hace 20 días? ¿Hasta cuándo los va a aceptar? ¿Por qué ahora tengo que ir a poner una denuncia por el uso fraudulento como única solución para que me devuelvan el dinero, según me dice el banco? Muy sencillo, porque tanto las concesionarias como los bancos han hecho cuentas y han decidido que introducir los cambios informáticos necesarios para evitar que ocurra esto sale más caro que las pérdidas que les ocasiona el actual sistema de hace tres décadas. En sus cálculos no entran las molestias que causan a los clientes. ¡Que se jodan!

Actualizado 4-2-10: El banco me ha devuelto el dinero hoy, al día siguiente de presentar la reclamación.

Un histórico de la CAM en la corte de José Luis Olivas

(Columna publicada en El Economista el 11-1-10)

Se llama Pedro Hernández Rodríguez, es profesor de filosofía retirado y ya estaba en el consejo de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia cuando en 1988 se fusionó con la de Torrent y dio origen a la Caja del Mediterráneo (CAM). Fue consejero de la entidad alicantina hasta 1998 y de 2000 a 2004, y después entró en la comisión de control hasta 2006. Menos a personal, ha representado a todos los grupos, Generalitat, impositores, entidad fundadora –la Diputación– y ayuntamientos, y aunque se le vincula al PSOE y vive en Alicante, su última designación vino de un ayuntamiento del PP y castellonense (Burriana).

Hernández, que desde 2006 preside la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana-UCE, será elegido este jueves consejero de Bancaja por el cupo de impositores –ocupará uno de los dos puestos reservados a personas de reconocido prestigio– y puede ser la clave de una cierta relajación en la tensión que viven el PP y el PSOE con motivo, entre otros, de la renovación de los órganos de las cajas.

Los populares han arrebatado a los socialistas un asiento y la vicepresidencia cuarta, que quieren para el prestigioso abogado Juan Martín Queralt. Con ello, los consejeros designados por el PP ocuparían la presidencia y tres vicepresidencias: la primera –Antonio Tirado-, la segunda, donde situará al también abogado José María Mas Millet, y la cuarta. Además, la tercera parece reservada a la Asociación de Impositores, vinculada al PP, y sólo la quinta sería para un socialista, el ex diputado José Camarasa.

José Luis Olivas desea un segundo mandato tan pacífico como el primero, en el que negoció una segunda vicepresidencia para el PSOE –a costa de la UCE– a cambio de su apoyo. Sin embargo, el PP no cede un milímetro mientras los socialistas no aflojen con el caso Gürtel, y es ahí donde Hernández, cual Borgia entre familias italianas, entraría como persona de consenso, recuperando esa vicepresidencia para la UCE, prosocialista pero que no es el PSOE. Quedan cuatro días y mucho por negociar, incluida la comisión de control.

Gerardo Camps cogió su fusil... y se disparó en el pie

(Columna publicada en El Economista el 23-11-09)

Un descuido al colocar al revés un folio con información secreta, que fue fotografiado con un teleobjetivo y publicado en un periódico, motivó el pasado mes de abril la dimisión del jefe de la división antiterrorista de Scotland Yard. Es un ejemplo de la admirable tradición anglosajona de la responsabilidad política. Otro: Una ministra británica dimitió hace años porque unas declaraciones suyas poniendo en duda la salubridad de los huevos afectó a la industria nacional.

Aquí ya puede un responsable político hundir a los productores de aceite, de carne o de pescado, que ni con agua caliente. El último ejemplo, el del vicepresidente económico del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, que el miércoles dijo que la CAM, única caja de ahorros cotizada en bolsa, tendría pérdidas en 2010. La caja amenazó con emprender acciones legales y la reacción del Consell, en lugar de pedir disculpas o acusar a la prensa de haberle malinterpretado, como es habitual en estos casos, fue negar la realidad de las declaraciones confirmadas por quienes las escucharon. Alguien miente, pero eso tampoco es motivo de dimisión en España, como no lo es gestionar mal una caja de ahorros.

Es cierto que la locuacidad de Camps no alteró la evolución de las cuotas participativas de la caja, que cotizan al margen de la realidad, pero sí agotó la paciencia de Roberto López Abad, el director general al que la Generalitat no logra doblegar para que acepte una fusión con Bancaja. Los directores generales siempre han mandado mucho en la CAM, recuérdese a Juan Antonio Gisbert. López Abad se sabe respaldado por empresarios, sindicatos, impositores y hasta parte del PP alicantino. Sin él no hay fusión, y cabrearlo no parece la mejor manera de convencerlo.

El incidente finalizó con unas amables palabras de Francisco Camps hacia la CAM que lo han dejado en una posición aún más débil para forzar la fusión intrarregional. Una fusión, dicho sea de paso, que es un disparate desde el punto de vista económico, aunque esté justificada desde el político.

Así explica Caja Castilla-La Mancha a sus clientes la intervención del Banco de España

Los administradores de Caja Castilla-La Mancha (CCM) colocados por el Banco de España en sustitución del consejo de administración que ha llevado a la entidad casi a la quiebra han enviado una carta a sus clientes (.pdf) que describe la situación de una forma un tanto eufemística.

Así, la crisis y el cambio de ciclo han afectado a la caja, "que ha visto como su actividad se veía condicionada por ambas circunstancias". La absorción de Unicaja era "integración", y como no fructificó, el Banco de España decidió "apoyar a CCM". ¿Quién habló de intervención?

No lleva, por cierto, la fecha, ni encabezamiento alguno (¿Querido cliente?) ni los nombres de los firmantes.

Otra interpretación de la prescripción a favor del delincuente

El juez ha ordenado dejar en libertad a Pepe el del Popular, presunto autor de una apropiación indebida de 36 millones de euros de clientes de ese banco en 1991, al entender que el delito de apropiación indebida por el que se le buscaba ha prescrito. La explicación, según diversos medios, es la siguiente (copiado de Público):

"En un auto notificado ayer a las partes personadas en el caso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander establece que el plazo de prescripción de los delitos que se imputan a Pepe es de diez años, cuando en el auto anterior sostenía que era de 15. La diferencia estriba en el delito de apropiación indebida. En su decisión anterior, el juez manejaba un plazo de prescripción de 15 años porque entendía que procedía aplicar a Pepe la modalidad agravada de este delito, por haber múltiples perjudicados. Sin embargo, a sugerencia del propio Ministerio Fiscal, el juez instructor ha aceptado ahora que no cabe hablar de múltiples perjudicados, sino sólo de uno: el propio Banco Popular".

En otras palabras, que cuando el Banco Popular indemnizó al centenar de clientes presuntamente estafados por su empleado, estaba sin saberlo beneficiando al delincuente al quedarse la entidad como única perjudicada a ojos de la Justicia.

Una Justicia, la española, que puede ser lenta, estar mal dotada y cometer errores, pero que a garantista no le gana nadie. Ya lo demostró el Tribunal Constitucional absolviendo a dos conocidos estafadores (condenados por el Supremo) alegando que el delito había prescrito por un día. Prescripción pro reo para los ladrones de guante blanco, mientras que para los terroristas y asesinos se inventaron la doctrina Parot. Es decir, que los jueces cuando quieren, pueden.

De cómo los bancos y cajas aceleran la compra de pisos y pagan más

La CAM (Caja del Mediterráneo) ha creado la página web Oportunidadescam.es para dar salida a más de 700 inmuebles que se ha quedado en propiedad en los últimos meses. Son los pisos de los clientes morosos, inmobiliarias y particulares, que no pueden hacer frente a las hipotecas. Como la CAM, todas las cajas y bancos están adquiriendo estos inmuebles, que ya se cuentan por miles, muy a su pesar.

Pero además, lo hacen antes de tiempo y más caros que si esperasen a la subasta.

La explicación es la siguiente: Lo normal cuando un cliente deja de pagar la hipoteca es exigirle todo lo que debe, llevar el inmueble a subasta y, si no se adjudica o el precio es bajo, el banco o caja puede quedarse el piso por la mitad del precio de tasación, manteniendo todavía un crédito sobre el cliente del 50%.

Pues no, en la actual coyuntura los bancos prefieren quedarse con el inmueble a la primera a cambio de cancelar el crédito, sin esperar a la subasta. Sobre todo cuando la deudora es una inmobiliaria que ha solicitado concurso de acreedores. ¿Por qué? Pues porque necesitan sanear sus balances y reducir la morosidad, y la forma más fácil es convertir un crédito impagado que tienen que dotar (con cargo a los beneficios) en un activo. Si esperasen a quedarse el piso en la subasta a mitad de precio, ese 50% de deuda que quedaría por pagar sería moroso y si el deudor estuviera en concurso de acreedores probablemente no se cobraría entero. La cuenta de resultados se vería afectada durante más tiempo a cambio de un beneficio nada concreto.

Por ello, en diciembre se produjo una avalancha de compras por parte de bancos y cajas que mejoraron así unas cuentas de 2008 que venían muy tocadas, según comentaba el otro día un juez de lo mercantil.

La consecuencia para el mercado es que esos pisos están ya saliendo a la venta con fuertes rebajas (véanse las gangas en la página de la CAM), lo que va a hundir un poco más los precios de la vivienda en España.