Tabacalera, un pelotazo que siempre olió muy mal

El Ayuntamiento de Valencia decidió hace algunos años adquirir la antigua fábrica de Tabacalera y decidió hacerlo mediante una permuta del inmueble, recién adquirido por un empresario local, con un edificio municipal situado en uno de los mejores puntos de Valencia, en la plaza de América, frente al jardín del Turia. El asunto olió mal desde el principio y fue apestando a medida que conocíamos detalles de la operación. Sobre todo, porque se renunció a subastar el valioso inmueble municipal, con lo que se habría obtenido dinero suficiente para comprar tres tabacaleras.

El PSPV-PSOE, con su portavoz municipal, Carmen Alborch, a la cabeza, ha denunciado ahora ante la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento que preside Rita Barberá por un presunto delito de prevaricación. Es interesante leer la denuncia, que enlazo aquí (.pdf), porque relata cómo fueron sucediendo los hechos y cómo el empresario acabó teniendo un beneficio de 100 millones de euros, según cálculos documentados de los denunciantes. Por si no tienes tiempo o no te apetece, he aquí una enumeración de los hechos:

1999: Altadis traslada la producción y cierra la fábrica de Tabacalera. (en la foto, la fábrica antes de los derribos)

2001: El Ayuntamiento, por unanimidad, decide intentar adquirir el edificio, que éste mantenga su protección y que no tenga en ningún caso un uso residencial, sino administrativo.

2002: El Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura deciden otorgar al edificio de Tabacalera la máxima protección prevista en la Ley de Patrimonio Histórico Español, la de Bien de Interés Cultural (BIC).

2002: Seis días después del acuerdo para declararlo BIC, la empresa Inmobiliaria Guadalmedina (IGSA), del Grupo Ballester, compra a Altadis el 49% del edificio por 7,9 millones de euros. La Generalitat paraliza el expediente de declaración de BIC. Cinco meses después, IGSA solicita la permuta de la parte central del edificio y el derribo de las naves laterales y traseras para construir viviendas.

2005: la alcaldesa, Rita Barberá, firma el acuerdo de PERMUTA en los términos solicitados por IGSA y se compromete a rebajar la protección del edificio, derribar parte del mismo, permitir a IGSA construir viviendas en los solares resultantes y permutar la parte central de la antigua fábrica por el edificio municipal de la plaza de América. (en la segunda foto, figuración de cómo quedará el edificio con los bloques residenciales detrás)

• En la permuta, para valorar el edificio del Ayuntamiento se utiliza un informe municipal, sin tasación independiente, que fija el precio en 4.173 euros por metro cuadrado. (en la tercera foto, el inmueble municipal que ya está siendo derribado)
  
• Pocos meses después, la Generalitat subasta un edificio situado a 70 metros de distancia pero en segunda línea respecto al jardín del Turia, el de los antiguos juzgados. Alcanza un precio de 7.134 euros por metro cuadrado.

2006: la Generalitat y el Ayuntamiento descatalogan el edificio, recalifican el inmueble y autorizan el derribo de las naves traseras y laterales. Unas semanas después, IGSA adquiere el 51% restante a Altadis por 52 millones de euros.

2007: La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Cultura se pronuncian contra el derribo. Las naves se derriban.

El hedor que desprende la operación urbanística de marras intentan aventarlo con la imagen de lo bonito que ha quedado el nuevo edificio municipal en Tabacalera (45 millones de euros ha costado la reforma). Le toca hablar a la Justicia. Delito o no, para éste que paga sus impuestos en Valencia es una vergüenza.

La Fiscalía de Sevilla ignora la exhibición de menores en internet

La Fiscalía de Sevilla ha pedido que Telecinco y las productoras Cuarzo y Mandarina indemnicen con 100.000 euros a la menor, de 14 años, novia de Miguel Carcaño, presunto asesino de Marta del Castillo, tras considerar que incurrieron en una "intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y propia imagen de la menor", según leo en elmundo.es. También pide que Telecinco y Cuarzo, por los mismos motivos, sean condenadas a indemnizar de forma solidaria en 30.000 euros a la menor amiga de Marta del Castillo que también salió en televisión.

Según la Fiscalía,"basta que una información o cualquier utilización de la imagen o nombre del menor sea contraria a sus intereses para que estemos ante una intromisión ilegítima en su esfera de protección, aunque la misma haya sido consentida por sus representantes legales o por el propio menor". Y añade que "en este caso la información difundida por el medio televisivo demandado ha sido sin duda perjudicial para las menores".

La demanda parte de la propia Fiscalía, que abrió diligencias de oficio tras salir las menores en los programas de Telecinco Rojo y Negro, emitido la noche del 15 al 16 de febrero, y en El programa de Ana Rosa del 16 de febrero. Según la fiscal, "si se descartan los elementos espectaculares o morbosos, no hay nada que justifique la presencia de la menor R. o la menor A. en un plató, o el uso de sus imágenes de forma completa y sin usar método alguno que impida su directa identificación con personas imputadas por gravísimos hechos, simplemente por el hecho de ser más o menos cercanos al principal inculpado en el crimen".

Sin entrar en el fondo del asunto, hay que destacar que la fiscal de Sevilla no debe de considerar que internet es un medio de comunicación, puesto que ignora (en uno u otro sentido del término), que la niña de 14 años presentada como "novia del asesino confeso" también fue exhibida explicando su relación con el sujeto en los principales medios de comunicación digitales españoles, el día 15 de febrero por la tarde, gracias a un vídeo de la agencia Atlas, como denuncié en este blog ese mismo día. Que yo recuerde, estaba en las portadas digitales de El Mundo (primera imagen de este post, sin la cara tapada, rescatada de su hemeroteca), Público, Abc y El País, que reprodujo el vídeo dos días después en un reportaje sobre la polémica desatada (la segunda imagen de este post, también sin la cara tapada). Los usuarios únicos de todos estos medios deben de superar los 30 millones de internautas.

Prisión para los agresores de médicos o profesores sólo de centros públicos

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado a todos los fiscales de España que pidan penas de prisión para los mayores de edad que cometan agresiones a profesores o médicos de centros públicos. La instrucción de Conde-Pumpido excluye expresamente las agresiones producidas en centros privados o concertados porque "no ostentan la condición de funcionarios públicos a efectos penales", según publica hoy Levante.

Colectivos de médicos y de profesores llevaban tiempo solicitando este cambio y algunos fiscales y jueces ya lo habían asumido. La Fiscalía del TSJ de Cataluña fue la primera que ordenó a sus fiscales perseguir estas agresiones como delito, hace un mes, y la Fiscalía de la Audiencia de Alicante asumió íntegramente la instrucción.

Hasta ahora, las agresiones sólo se calificaban como delito de lesiones cuando producían lesiones de gravedad a las víctimas. El fiscal general afirma que a partir de ahora ya no hace falta que se produzcan lesiones, ya que el delito se consuma con el ataque al profesional sanitario o docente, incluso si el agresor no logra su objetivo de golpear materialmente a la víctima.

Más castigo penal por tener pornografía infantil

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha propuesto varias reformas del Código Penal, entre las que destaco y comento estas dos:

1. Pornografía infantil. Se solicita el agravamiento de las penas en los casos de tenencia de pornografía infantil para consumo propio, ya que se ha constatado que quien comienza como mero consumidor a menudo se convierte en productor o distribuidor de este material.
Este disparate jurídico será muy aplaudido, dado el asco que nos produce este tipo de delincuentes, pero, ¡ojo!, lo que Pumpido propone es que se castigue más a todos los voyeurs de porno infantil porque "a menudo" acaban siendo productores o distribuidores. Por la misma regla de tres, habrá que endurecer las penas para los camellos (posibles futuros traficantes), ladronzuelos (posibles futuros atracadores) y acosadores sexuales (posibles futuros violadores). Todos son futuros grandes delincuentes mientras no se demuestre, con el tiempo, lo contrario.

2. Violencia machista. Se propone que se incluyan los "casos en los que un hombre desea tener una relación sentimental con una mujer y ésta no lo acepta", dado que al no existir relación sentimental previa no se puede aplicar al agresor las penas previstas en el Código Penal para los casos de violencia de género.
Otra metida de pata del legislador, que se dejó fuera este evidente caso de violencia machista.

Fiscales contra jueces

Pumpido reclama un cambio legal para que la instrucción pase del juez al fiscal. El fiscal general del Estado reclama para su gremio lo más complicado y duro de un proceso. ¿Una crítica indirecta a los errores de algunos jueces instructores? ¿Se avecina una lucha de poder por las competencias en la instrucción?