Cuelgo aquí el interesante
informe que el Consell Jurídic Consultiu (consejo jurídico consultivo) de la Comunitat Valenciana ha elaborado (.pdf) a petición del las
Corts sobre los
finiquitos que 25 ex diputados autonómicos pretenden cobrar y que nos pueden costar a los contribuyentes unos 900.000 euros. Destaco los siguientes puntos:
1) El derecho a cobrar los finiquitos fue establecido en la anterior legislatura por la
Mesa de les Corts, es decir, por
cinco personas (presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios), en un Reglamento de Pensiones que sólo se publicó en el
Boletín Oficial de las Corts Valencianes pero que, según el CJC,
tiene rango de ley.
2) Los cinco amiguetes que se otorgaron tales prebendas, a ellos y a sus compañeros, ni siquiera hicieron bien su trabajo, ya que
fotocopiaron el Reglamento de las Cortes Generales sin cambiar ni el número de legislatura ni la alusión a "las Cámaras" (en este caso es "la Cámara").
3) Otro error, éste sí grave, fue el intento, dos meses antes de las elecciones autonómicas, de convertir el pago en
24 mensualidades, como estaba previsto, en un
pago único. Para ello, aprobaron eliminar del Reglamento el inciso
"abono mensual de la indemnización", que no existía redactado como tal, por lo que, según el CJC,
"se desconoce cuál es el tenor literal del artículo en cuestión". Encima de caraduras, burros. No obstante, para que no queden dudas, el CJC se pronuncia sobre la pretensión real de los diputados, que era cobrarlo todo de una vez, y afirma que ello produciría en algunos casos
"un enriquecimiento injusto y un fraude de ley", y que algunos ex diputados tendrían que devolver luego parte del dinero.
4) El
Jefe del Servicio Económico de las Corts, que se ha negado a firmar los pagos, emitió un informe, parte del cual recoge el CJC, en el que consideraba
ilegales los finiquitos aprobados por no estar contemplados en la Ley de Presupuestos. Y añadía, ojo al dato, que las actuaciones encaminadas al pago de estos finiquitos se han efectuado
"por la Secretaria primera de la Cámara sin que los servicios administrativos de la misma hayan participado en la formación del expediente derivado del mismo". Es decir, que
la Secretaria primera (una diputada) es la que ha cocinado los finiquitos para sus ex colegas sin que nadie más haya comprobado que cumplían los requisitos establecidos en el Reglamento.
5) El
Letrado Mayor de las Corts va aún más lejos en otro informe también recogido en parte por el CJC. En él, además de ratificar lo que dice el Jefe del Servicio Económico y recordar que ya
avisó de la ilegalidad de los finiquitos en un informe previo a la aprobación del Reglamento, insinúa que la Secretaria primera
no ha comprobado si los 25 ex diputados sobre los que ha informado favorablemente para que cobren cumplen los requisitos de incompatibilidades. Por ello, afirma, la Secretaria primera
"debería recabar información complementaria" sobre los ex diputados
"o validar la existente bajo su exclusiva responsabilidad".
6) El propio CJC
confirma las sospechas del Letrado Mayor al subrayar los casos flagrantes de
dos ex diputados que no pueden cobrar finiquito por ser incompatible con el nuevo cargo público que ocupan. Uno de ellos es el actual alcalde de Benicàssim,
Francesc Colomer, y el otro, el nuevo Síndic de Greuges,
José Cholbi, coautor del Reglamento, que pidió 114.612 euros (otros hablan de 132.000) por ir voluntariamente dos días al paro antes de ocupar su nuevo sillón. Como ya se les ha concedido aunque no pagado el finiquito, el CJC propone que se anule el acuerdo de la Mesa que les dio el visto bueno.
7) Cholbi y Colomer no serán los únicos, ya que el CJC solicita a las Corts que compruebe si alguno de los otros 23 ex diputados "ostenta
cargo político alguno con retribución salarial", entre los que incluye "al personal eventual o a gerentes, directores, asesores de libre designación, de entidades o empresas públicas". Si es así, que lo será, no pueden cobrar finiquito por incompatibilidad.
8) Este informe del CJC era
innecesario, pero las Corts lo pidieron para tener algo a lo que agarrarse ante la negativa del Letrado Mayor y del Jefe del Servicio Económico a avalar el
saqueo con su firma.
La
cueva de Alí-babá, como se ve, no está tan lejos como parecía en el cuento.
Es sintomático que los proyectos urbanísticos de la ciudad de Valencia, sea la remodelación de una avenida o la construcción un nuevo puente sobre el antiguo cauce del Turia, los presente el concejal de Tráfico y no el concejal de Urbanismo. Y pasan cosas como que el concejal de Tráfico se olvidara en su día de incluir un carril bici en la remodelación de la avenida del Puerto, aunque rectificó a tiempo ante las protestas y bicifestaciones.
