Gerardo Camps cogió su fusil... y se disparó en el pie

(Columna publicada en El Economista el 23-11-09)

Un descuido al colocar al revés un folio con información secreta, que fue fotografiado con un teleobjetivo y publicado en un periódico, motivó el pasado mes de abril la dimisión del jefe de la división antiterrorista de Scotland Yard. Es un ejemplo de la admirable tradición anglosajona de la responsabilidad política. Otro: Una ministra británica dimitió hace años porque unas declaraciones suyas poniendo en duda la salubridad de los huevos afectó a la industria nacional.

Aquí ya puede un responsable político hundir a los productores de aceite, de carne o de pescado, que ni con agua caliente. El último ejemplo, el del vicepresidente económico del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, que el miércoles dijo que la CAM, única caja de ahorros cotizada en bolsa, tendría pérdidas en 2010. La caja amenazó con emprender acciones legales y la reacción del Consell, en lugar de pedir disculpas o acusar a la prensa de haberle malinterpretado, como es habitual en estos casos, fue negar la realidad de las declaraciones confirmadas por quienes las escucharon. Alguien miente, pero eso tampoco es motivo de dimisión en España, como no lo es gestionar mal una caja de ahorros.

Es cierto que la locuacidad de Camps no alteró la evolución de las cuotas participativas de la caja, que cotizan al margen de la realidad, pero sí agotó la paciencia de Roberto López Abad, el director general al que la Generalitat no logra doblegar para que acepte una fusión con Bancaja. Los directores generales siempre han mandado mucho en la CAM, recuérdese a Juan Antonio Gisbert. López Abad se sabe respaldado por empresarios, sindicatos, impositores y hasta parte del PP alicantino. Sin él no hay fusión, y cabrearlo no parece la mejor manera de convencerlo.

El incidente finalizó con unas amables palabras de Francisco Camps hacia la CAM que lo han dejado en una posición aún más débil para forzar la fusión intrarregional. Una fusión, dicho sea de paso, que es un disparate desde el punto de vista económico, aunque esté justificada desde el político.