El Supremo y la prevaricación (a propósito de la condena al juez Ferrín Calamita)

El Tribunal Supremo ha elevado de dos años y tres meses a diez años la pena de inhabilitación al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita por un delito de prevaricación judicial, al impedir durante meses que una mujer casada con otra mujer pudiera ejercer su derecho a adoptar un bebé. Lo hizo, como se sabe, por sus convicciones católicas que le hacen rechazar el matrimonio entre homosexuales. Sin conocer el texto de la sentencia, me parece acertada la condena, ya que no hay nada más despreciable en el mundo de los tribunales que un juez prevaricador.

Lo que me llama la atención es la distinta vara de medir del Supremo, que hace nueve meses también modificó la condena de dos años de prisión y siete de inhabilitación impuesta a otro juez por prevaricar, pero en este caso la rebajó a 21 meses de inhabilitación (que el juez, por cierto, acababa de cumplir al dictarse la sentencia) al considerar que no era un delito, sino una simple falta. Como ya conté en este blog, se trata del caso del juez Francisco Javier de Urquía, quien según los hechos que el Supremo consideró probados, pidió dinero a una de las partes de un pleito a cambio de otorgarle un trato de favor, cobró ese dinero y actuó en favor del pagador limitando incluso un derecho fundamental de la parte contraria. Quien aceptó y pagó el soborno fue, por cierto, Juan Antonio Roca, presunto cerebro del caso Malaya. Esta casi absolución del Supremo no despertó ni la décima parte de la atención que ha tenido la condena a Ferrín Calamita, quizás porque éste ha sido el primer juez condenado por prevaricar que lo hizo por razones morales y no por la pasta.