Sobre el Estatut de Catalunya y el Tribunal Constitucional

El 30 de junio de 1982, las Cortes Generales aprobaron por amplísima mayoría la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), pactada por los dos grandes partidos de entonces, UCD y PSOE. Los gobiernos catalán y vasco, CiU y el PNV presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad por entender que algunos artículos no se ajustaban a la Carta Magna. Catorce meses después, en agosto de 1983, el Tribunal Constitucional anuló 14 de los 38 artículos porque invadían competencias de las comunidades autónomas. Todos acataron la sentencia porque una de las funciones del Tribunal Constitucional es impedir que una ley, por mucho respaldo que tenga, vulnere la Constitución.

El 10 de mayo de 2006, las Cortes Generales aprobaron por mayoría absoluta, con el voto en contra del PP y la abstención de ERC, el nuevo Estatut de Catalunya, refrendado por los catalanes el 18 de junio en un referéndum. El PP, el Gobierno de Aragón, el de Baleares y el Defensor del Pueblo presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad por entender que algunos artículos no se ajustaban a la Carta Magna. Casi dos años y medio después, el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado. Cuando lo haga, todo el mundo acatará la sentencia, faltaría más, y de nuevo será la hora de la política, esperemos que de la alta política, de la que estamos huérfanos desde hace tiempo.