Mi bisabuelo Batiste, en la portada en 'Las Provincias'

El diario Las Provincias ha ilustrado hoy la noticia de la proclamación del Tribunal de las Aguas de Valencia como Patrimonio de la Humanidad con una gran foto en portada de una reunión del tribunal de hace muchos años. La foto va sin firmar y con el siguiente pie de foto: "MIL AÑOS DE TRIBUNAL. Imagen antigua de una sesión del Tribunal de las Aguas de Valencia".

Esa foto la rescató mi padre hace años de un cajón de casa de su abuelo y la subí yo a internet hace unos cuatro años, en concreto al museo de fotos antiguas que creamos en 20minutos.es. Es de 1921 y en ella aparece mi bisabuelo, Bautista Alfonso Montesinos, que en la foto que encontramos y que yo subí a internet está señalado con una flecha, como se puede ver en la foto de abajo. Creo que era síndico de la acequia de Mestalla, uno de cuyos ramales pasaba por delante de mi casa de Marxalenes, en la alquería de Barrinto, pero no estoy seguro. Es lo que tiene que el tribunal no tenga papeles. El abuelo Batiste murió a principios de los años sesenta del siglo XX. Quién le iba a decir que saldría en la portada de Las Provincias casi medio siglo después.

No sé si la foto la han cogido de internet o existe otra copia del original. Si es de internet, a la foto publicada por Las Provincias le han pasado el photoshop y han eliminado la flecha, no sé si ellos o alguna web que también publica la foto mejorada. Aquí os la dejo, como homenaje al abuelo Batiste.

La corrupción y "lo que interesa a los valencianos"

El presidente del Gobierno valenciano abrirá mañana en la tribuna de las Corts el debate anual de política general, al que llega arrasando en las encuestas y con artillería proporcionada por el propio Zapatero con la subida de impuestos que acaba de perpetrar. Francisco Camps hablará de economía, anunciará un plan de austeridad y puede que incluso una bajada de impuestos, en otro intento baldío de que el debate se centre en la crisis porque, dice, “es lo que interesa a los valencianos”. Como si a los valencianos y al resto de españoles que estarán pendientes de sus palabras no les interesase si el Partido Popular valenciano se financió ilegalmente a través de Orange Market, como sostiene un informe policial filtrado oportunamente a la prensa días antes de este debate.

Porque una cosa es que muchos votantes no tengan en cuenta los escándalos de presunta corrupción, como ocurre con Carlos Fabra, referente moral del PP valenciano según dijo el propio Camps, y otra que esos votantes, los valencianos en general y hasta Mariano Rajoy no merezcan una explicación.

No le falta razón en que el caso Gürtel deslucirá el debate sobre los problemas económicos, pero si no le gusta, que hubiese dado explicaciones antes –hoy aún hay tiempo– en lugar de mandar a Ricardo Costa a decir que miremos al dedo policial en lugar de a la Luna.

Camps tendrá enfrente al portavoz socialista, Ángel Luna, excelente orador que con precisión y sin alterarse acostumbra a sacar de sus casillas a Camps y a todo el Grupo Popular. Así que el duelo promete, con el morbo añadido de escuchar a Costa como portavoz popular.

Al margen del debate político, está por ver el recorrido del informe policial. Si vuelve al TSJ por denuncia del PSOE o de la Fiscalía –lo tenían, por cierto, desde el 31 de julio–, es posible que al frente del tribunal ya no esté De la Rúa, amigo de Camps. Uno de los candidatos a sucederle, aunque con menos bazas que otros, es Luis Manglano, el instructor del caso Naseiro. Se cerraría así un círculo, como en Benidorm, 18 años después.

Benidorm, síntoma de una política devaluada

(Columna publicada en El Economista el 21-9-09)

Un miembro del Gobierno de Francisco Camps admitía el otro día en privado que los políticos valencianos están mostrando en los últimos meses una imagen nada edificante para la ciudadanía. Pocos días después, como si quisieran corroborar sus palabras, los 12 concejales socialistas de Benidorm torcían la voluntad de los votantes y se lanzaban a por la Alcaldía con la ayuda de un tránsfuga.

Era la crónica de una venganza anunciada desde antes del verano, cuando el PP quedó en minoría en la capital turística valenciana. Una ciudad que los socialistas, ya entonces controlados por la familia Pajín, perdieron en 1991 por el voto de una tránsfuga, Maruja Sánchez, asesora desde entonces de los sucesivos alcaldes populares y que será despedida en cuanto se consume la traición.

Lo de Benidorm tensa aún más la agria relación entre los dos grandes partidos en la Comunidad. Desde que estalló el caso Gürtel, monotema de los socialistas del que el PP no quiere oír hablar, ambos bandos nos regalan cruces de acusaciones, a veces con insultos como “desvergonzado”, “chulo político” o “barriobajero”. Mucho nivel, como se ve, en una disputa política en la que apenas se habla de paro, falta de crédito a las empresas o soluciones a la crisis.

El mal rollo afecta de lleno a las instituciones, con un bloqueo sin precedentes del PP al nombramiento como senadora de Leire Pajín, que debía serlo desde mayo, problema anterior por tanto a la moción de Benidorm en la que su familia participa activamente. El próximo conflicto institucional llegará con el previsible rodillo popular en la elección de representantes en las cajas de ahorro. Todo esto es poco edificante para la ciudadanía, como reconocía el político.

Tampoco ayuda a la imagen de los diputados autonómicos el hecho de que, pese a sus diferencias, se hayan puesto de acuerdo para otorgarse unos finiquitos de oro en contra del criterio del Letrado Mayor de las Corts, que los consideró ilegales. Ni que hayan despedido por ello al Letrado Mayor.

Ni puto caso a la ministra en lo de lavarse las manos

Gracias a la alarma por la gripe A, en muchos colegios han empezado este año a obligar a los niños a lavarse las manos antes de comer. Conozco más de uno que no enseñaba a los alumnos esta elemental norma de higiene. Lógicamente, tampoco muchos padres que han pasado por esos colegios lo hacen ni se lo enseñan a sus hijos. Y por mucho que se empeñe la ministra Trinidad Jiménez, me temo que el mensaje sigue sin calar.

Hoy he comido en el restaurante del hospital La Fe (en la foto, la entrada), en Valencia, y me he sentado cerca de la puerta, que está junto a los servicios. Siendo generoso, puedo asegurar que nueve de cada diez personas que han entrado han pasado de largo por delante de los servicios y se han dirigido directamente a la cola del autoservicio, donde han metido sus manos entre los montones de cuchillos y tenedores para escoger los suyos (una de cada diez ha entrado antes a los servicios, sin que me sea posible calcular qué porcentaje se ha limitado a orinar o defecar sin lavarse luego las manos). Si vinieran del metro o del autobús, sería una guarrada, pero es más que eso porque la mayoría de ellos viene del hospital.

Urge que la Conselleria de Sanidad ponga carteles bien grandes que inviten a la gente a lavarse las manos, carteles no sólo a la entrada del restaurante, sino en las salidas del hospital. Cuando uno sale de un hospital debe lavarse las manos, aunque no vaya a comer. Y no sólo por la gripe A, se pueden coger cosas peores.

Sobre la imputación de Garzón por prevaricación

No tuve tiempo de comentar la semana pasada la causa que se sigue contra Baltasar Garzón por presunta prevaricación al abrir un proceso contra el Franquismo a sabiendas de que no era competente, como acabó reconociendo él mismo. En numerosas entradas en este blog (enlazo aquí tres ejemplos: 1, 2 y 3) fui crítico con Garzón por su extravagancia y su desorbitado afán de protagonismo en este caso, en el que se enfrentó a cara de perro al fiscal Javier Zaragoza, que estuvo mucho más ajustado a Derecho.

Ahora bien, una cosa es criticar la megalomanía del juez-Sol, incluso sancionarle desde el CGPJ por gastar tiempo y recursos en asuntos que no le competen, y otra procesarle por prevaricación, como ha conseguido la asociación ultraderechista Manos Limpias. La prevaricación de un juez, apenas castigada en el Código Penal y menos aún por sus compañeros, como se vio en el caso del juez Urquía, se produce a mi entender cuando el juez dicta una resolución manifiestamente injusta a sabiendas de que perjudica a una de las partes o beneficia a quien no lo merece. Es decir, cuando comete una injusticia por el motivo que sea, normalmente económico o de amistad. En este caso, no hay injusticia porque no hay parte perjudicada ni ha beneficiado a nadie que no lo merezca. Bueno, sí, se perjudicó a sí mismo, pero sin que fuera ésa su intención.

Negocios seguros, con la garantía de la Generalitat

(Columna publicada en El Economista el 7-9-09)

Me cogió de vacaciones el anuncio de que la Generalitat valenciana pagará a partir de ahora el canon de la carrera de Fórmula 1 en Valencia a Bernie Ecclestone, unos 90 millones de euros en cinco años, pero no me resisto a comentarlo puesto que esa cantidad va a salir de mis impuestos o los de mis hijos.

Es opinable si la Generalitat debe pagar ese canon, que el Gobierno de Francisco Camps justifica por el "efecto multiplicador" del gran premio "en los diversos sectores productivos de la economía valenciana", la creación de empleo y el "impacto mediático", con "más de 600 millones de telespectadores". No es fácil calcular los beneficios de albergar la carrera, y es por tanto opinable si una administración debe pagar algo, mucho o nada por ello, como ocurrió con los 105 millones que pagamos por organizar la Copa América de vela.

Es muy discutible, pero también opinable, que el Ejecutivo valenciano se niegue a revelar cuánto pagará por cada carrera –dice que ha negociado a la baja los 18 millones que pedía Ecclestone–. Alega que existe un pacto de confidencialidad, pero el dinero va a salir de los Presupuestos de la Generalitat, aunque sea a través de una empresa pública, y los presupuestos son por definición públicos. A lo mejor esto hay que explicárselo al magnate de la Fórmula 1, pero sorprende que lo discuta todo un inspector de Hacienda como es el vicepresidente Vicente Rambla.

Y lo que no es opinable ni discutible es el hecho de que Francisco Camps dijo en 2007 que la Fórmula 1 no iba a costar ni un euro a los valencianos porque la organización de las carreras, incluido el canon, correría a cargo de una empresa privada, Valmor Sports, formada por sus amigos Bancaja, Fernando Roig (el de Pamesa) y Aspar. Ahora, la empresa ha dejado de pagar el canon al ver que perdía dinero, y Camps, lejos de enfadarse, se ha hecho cargo del peaje y ha dicho que Valmor Sports seguirá organizando el evento. A dedo, sin concurso. Que me digan dónde hay que apuntarse, porque así también me arriesgo yo a hacer negocios.

Echan al Letrado Mayor por decir que los finiquitos de los diputados son ilegales

Hace unos meses escribí varias entradas sobre la cara dura de nuestros políticos, en especial la de los diputados y ex diputados autonómicos valencianos, que se han adjudicado unos finiquitos estupendos (unos 700.000 euros en total) a costa de los valencianos sin molestarse siquiera en establecerlos por ley. Contaba entonces que el Letrado Mayor de las Corts y el jefe del Servicio Económico de la Cámara habían rechazado esos finiquitos por ilegales, en sendos informes, lo que obligó a la presidenta, Milagrosa Martínez, a pedir un tercer informe a alguien menos escrupuloso, que aceptó la mayoría de las indemnizaciones con muchos matices.

Pues bien, cuatro meses después de aquello, el Letrado Mayor seguía negándose a avalar los finiquitos, así que ha sido destituido por "falta de sintonía" con la presidenta. Es decir, por negarse a prevaricar. La nueva responsable jurídica de la Cámara ya sabe lo que hay y para qué la ponen.

Por qué Movistar es una mierda

Porque con un módem USB 3,5G uno esperaba poder conectarse a internet durante sus vacaciones de agosto, y se ha pasado tres semanas desconectado por falta de cobertura de Movistar. Eso me pasa por confiar en Timofónica, también conocida como Telefónica, la primera empresa española y una de las mayores telefónicas de Europa, de la que ya me di de baja en telefonía móvil entre otras cosas porque no es capaz de dar cobertura en El Perellonet, pedanía de Valencia situada a sólo 20 kilómetros de la capital en la costa, en terreno llano.

Lo único positivo de la cuestión es que he tenido más tiempo para leer, aunque he elegido mal y ningún libro me ha satisfecho. En una próxima entrada comentaré algo de mis lecturas de verano. Por lo demás, las vacaciones han sido excelentes.

Un abogado denuncia al magistrado amigo de Camps por no abstenerse

El abogado José Luis Mazón, mosca cojonera del poder judicial, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión sobre la causa abierta en relación con el caso Gürtel contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Como es sabido, De la Rúa presidió el tribunal de tres magistrados que archivó el caso, con el voto en contra de uno de ellos.

Mazón, que vive y trabaja en Murcia, es el abogado que recurrió el nombramiento de Carlos Dívar como presidente del CGPJ por fraude de ley, al haberlo anunciado Zapatero y Rajoy varios meses antes; que consiguió que el Supremo condenara a once miembros del Tribunal Constitucional por rechazar un recurso de amparo sin haberlo leído, o que logró la anulación del nombramiento de dos magistrados del Tribunal Supremo.

Sus denuncias, aunque a veces sean casos perdidos, siempre tienen el trasfondo de una situación vergonzosa desde el punto de vista de la imagen de la justicia. Es vergonzoso que al presidente del tercer poder del Estado lo elijan los dos líderes políticos en una reunión en La Moncloa, y es una falta de respeto que lo anuncien. Es vergonzoso que todo un Tribunal Constitucional archive un recurso de amparo (¿cuántos habrán sido?) sin haberlo leído. Y es vergonzoso que el presidente de un tribunal no se abstenga de juzgar a una persona que dijo de él que habría que buscar una palabra más allá de la amistad para definir la íntima relación que les une.

El PP inventa la conferencia de prensa sin periodistas

Al PP no le gustan los periodistas. Le gustan los lameculos, los palmeros y encogidos que trabajan en los medios de comunicación. Como tenemos la suerte de que en España hay todavía bastantes periodistas que cumplen con su obligación de preguntar, los estrategas del PP ya no saben qué hacer para quitárselos de encima.

Empezaron no respondiendo a algunas preguntas; después inventaron las ruedas de prensa sin preguntas, también denominadas comparecencias para distinguirlas de las ruedas con preguntas, y la última ocurrencia ha sido la comparecencia sin preguntas y sin periodistas. Ha sido Francisco Camps, quién si no, quien abrió ayer la veda con una conferencia de prensa ante los funcionarios de la Generalitat, que recogieron sus palabras sobre el archivo del caso Gürtel, editaron el vídeo y se lo enviaron a los medios de comunicación. Dirán que para facilitarles la labor. Véase el resultado.



Sin flases, con eco, artificial, poco natural... La declaración la hizo a las 4 de la tarde en el salón gótico del Palau de la Generalitat, donde Camps hace sus comparecencias ante la prensa, aunque cada vez con menos frecuencia. Un buen número de periodistas con sus cámaras uy micrófonos estaban allí desde mediodía, al otro lado de la puerta del Palau, esperando que abriesen para escuchar y con un poco de suerte poder preguntar a Camps. Pero no les abrieron.

Hoy María Dolores de Cospedal ha hecho lo mismo. El PP ha enviado un vídeo con declaraciones suyas sobre nosequé, el contenido es lo de menos. En la última campaña electoral ya hubo quejas porque los partidos grababan, editaban y enviaban ellos las imágenes de los mítines. Hay que hacer algo. Hay que denunciarlo y hay que protestar.

Otrosí digo: ¿Ha destituido el ministro Celestino Corbacho a su director de comunicación, Manuel Fran i Trenchs, que el otro día amenazó a un periodista de TVE con que se iba a enterar de su nombre y no iba a volver por el Ministerio, por hacer una pregunta de lo más pertinente a Corbacho? Porque malo es que no te dejen preguntar, pero lo de este director de comunicación no tiene nombre. ¿A qué espera para destituirlo, a que emplee la violencia física?

Todos pendientes del TSJ en una semana clave para Camps

(Columna publicada en El Economista el 27-7-09)

Quedan cinco días de trabajo para la justicia penal antes de su mes inhábil y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana van a ser de mucho trabajo. Se espera, por un lado, que el magistrado José Flors acabe su tarea al frente del caso Gürtel, previsiblemente y según lo actuado hasta ahora, dictando la apertura de juicio con jurado contra Francisco Camps y compañía. Pero más aún se espera la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, que puede finiquitar la causa de los trajes presuntamente regalados en cualquier momento, con independencia de lo que haga Flors.

Los tres miembros del tribunal son conservadores, uno de ellos –su presidente, Juan Luis de la Rúa– muy amigo de Camps, por lo que el morbo está asegurado. Si archivan el caso porque se recordarán sus afinidades, y si no, porque al presidente valenciano parecerá que no lo salvan ni los suyos. La causa, ocurra lo que ocurra esta semana, coleará en septiembre, ya que todavía caben recursos.

Si Camps se va de vacaciones con fecha de juicio fijada, tendrá un mes para pensar sobre la dimisión, que todos sus acólitos le desaconsejan mientras justifican los regalos a los políticos y piden que se cambie el Código Penal para despenalizarlos. Hunden así su estrategia, ya que él sigue defendiendo que se pagó sus trajes, al contrario que Rita Barberá, que sí admite que El Bigotes le regaló bolsos sin que ni siquiera Garzón se atreva a empapelarla. Cosas de la justicia.

Mientras, en Valencia, muchos nos hacemos cruces ante la magnitud del escándalo "con lo que ha habido y hay por aquí", en palabras de un ex cargo del PP. Porque en la España de la picaresca lo de los trajes es sólo la punta del iceberg, pero no de Francisco Camps, sino de una sociedad donde el chanchullo, el enchufismo y las comisiones –en México lo llaman mordida– son parte de la cultura. Lo cual no exculpa a Camps de su posible cohecho impropio, aunque lo pone en contexto. Él mismo tiene cerca casos peores que no ha querido ver ni atajar. Ése es su mayor pecado.

'Caso Alierta', otra vez la injusticia al servicio del delincuente

Como ya ocurrió con Alberto Cortina y Alberto Alcocer, alias los Albertos, el ahora presidente de Telefónica, César Alierta, ha salido de rositas de un delito de uso de información privilegiada con el que ganó 309 millones de pesetas cuando era presidente de Tabacalera porque el delito ha prescrito.

Alierta fue denunciado antes de que pasaran cinco años desde el pelotazo, pero el juez tardó meses en tramitar la denuncia y luego la archivó. Para cuando la Audiencia de Madrid revocó la decisión y se imputó formalmente a Alierta, ya habían pasado los cinco años.

La doctrina del Tribunal Supremo, que es quien debe fijar doctrina según la Constitución, dice que el delito no ha prescrito porque se denunció antes de que pasaran cinco años. Pero esa doctrina fue cambiada de forma anticonstitucional por el Tribunal Constitucional -a ver quién le enmienda la plana- para poder absolver a los Albertos, que se libraron por un día de plazo no sólo de la cárcel, sino también de devolver la pasta. Como en aquel caso, en el de Alierta también se considera probado que cometió el delito. ¡Qué vergüenza!

La influencia cero de los valencianos en Madrid

(Columna publicada en El Economista el 20-7-2009)

Ha sido tan burda la estrategia del Gobierno para premiar a unas comunidades en detrimento de otras con la nueva financiación que no malgastaré espacio en recordarla ni en demostrar con una sencilla regla de tres que la Comunidad Valenciana, supuesta beneficiaria por su aumento de población, seguirá estando a la cola en financiación per cápita, precisamente porque el aumento de los recursos es muy inferior al incremento de la población. Blanco y en tetra-brik.

Sí cabe destacar que se ha vuelto a demostrar el nulo peso de los políticos valencianos en Madrid, donde una vez más han sido "ninguneados" –en palabras del conseller Gerardo Camps– por el Gobierno. Esta influencia cero es algo histórico, da igual que manden unos que otros y que en la Moncloa estén los nuestros o los de enfrente. Baste recordar como al socialista Joan Lerma le transfirió Felipe González una Sanidad ultradeficitaria que aún padecemos o cómo Zaplana pactó con Aznar un sistema de financiación, el vigente, que nos ha dejado a la cola.

Ni siquiera la machacona reivindicación valenciana de que se compense el gasto sanitario y farmacéutico que originan los turistas, unos 200 millones de euros anuales, se ha tenido en cuenta.

Dice Gerardo Camps que el Consell fue "leal" al aceptar 1.200 millones, y que luego se sintió agraviado cuando el Ministerio echó el resto con Cataluña, Andalucía y Baleares, dejando a los demás con lo prometido. Entones pataleó Camps, pero ya era tarde. Un ministro católico le habría contestado parafraseando la parábola de los obreros de la viña: "¿No te prometí 1.200?, pues toma lo que es tuyo y vete, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos". Elena Salgado, simplemente, lo ninguneó.

La prisión por deudas sigue aplicándose en España

La prisión por deudas, proscrita en nuestro Código Penal y en los tratados internacionales desde hace muchos años, se sigue aplicando en España. Un hombre en paro va a ingresar mañana martes en prisión por no pagar la pensión a su ex mujer e hijos, según publica Levante. No conozco el caso, más allá de lo publicado, ni me pronuncio. Sólo recalco que la prisión por deudas continúa vigente.

¿Será Bancaja el caballero blanco del Valencia CF?

(Columna publicada en El Economista el 13-7-09)

Un caballero blanco en términos bursátiles es un inversor que acude en ayuda de una empresa que está siendo objeto de una OPA hostil. Eso es precisamente lo que le hace falta a los dirigentes del Valencia Club de Fútbol, aunque no cotice en bolsa.

La reciente compra de su 50,3 por ciento la ha realizado una sociedad, Dalport, domiciliada en un paraíso fiscal y de la que se van conociendo datos con cuentagotas. La venta la han hecho grandes accionistas, empezando por el ex presidente Juan Soler, a los que no interesa la ampliación de capital de 92,4 millones de euros que está llevando a cabo el club, ya que si no ponen 46 millones, su mayoría quedaría diluida hasta menos del 5 por ciento.

En frente, Bancaja, que se juega 270 millones y no se cree nada de nada mientras no vea dinero. Porque lo que hay, de momento, son pagarés, bonos de Ford emitidos en Nevada (EE UU) y la promesa de que Dalport viene con 500 millones. Pero nadie ha visto un euro, ni siquiera el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, que quizás porque la empresa es uruguaya decidió sumarse a su causa en contra de Bancaja. Blasco ha dicho que actuó por libre, no de parte de la Generalitat, que calla sobre esta guerra.

La estrategia de la entidad que preside José Luis Olivas y del actual consejo del Valencia es continuar con la ampliación de capital para que si Dalport tiene dinero aporte los 46 millones. Si no lo hace, como sospechan que ocurrirá, podrían cerrar la ampliación antes de septiembre, con lo que el nuevo propietario tendría el 5 por ciento cuando se celebrase la junta que ha pedido para tomar el control. Pero para eso, alguien tiene que poner los 92,4 millones. Los pequeños accionistas se calcula que desembolsarán unos 25. Hace falta un caballero blanco. ¿Será la propia Bancaja?